Fue a principios de febrero de 2012 que cobró forma, en el punto quinto del petitorio del Movimiento Social por Aysén, la histórica demanda por una universidad regional. Tan histórica que en una investigación de hace dos décadas me correspondió entrevistar a actores que venían desde años ya trabajando con tal objetivo.
La rebelde exigencia popular no era sencilla. No apuntaba a una universidad cualquiera sino a una de carácter “público, de alta calidad y formación académica nacida de los intereses y necesidades de los ayseninos”. Idea profundizada en la propuesta que se enviara al Presidente Piñera el 24 de ese mes, planteando la necesidad de “potenciarse carreras que sean afines a las vocaciones de Aysén y que sean atractivas para los estudiantes de otras regiones, como se da en el caso de ecoturismo, la acuicultura, producción natural, etc”.¿Se refieren a que la institución, con sus edificios, carreras y alumnos no corre peligro? ¿O hablan de un proyecto de universidad gratuita, que reconozca las particularidades de los jóvenes de Aysén para propender a su ingreso a esta y en la cual la comunidad regional tenga algún grado de incidencia en la toma de decisiones?
El recuerdo no es intrascendente. Nos lleva al origen de la decisión de la candidata Bachelet. Una visita al pasado para aclarar que la Universidad de Aysén no es un regalo del gobierno ni del Estado. Se reconoce la voluntad política, pero no una paternidad que permita digitar desde Santiago todo lo que a ella atañe.
Es bajo este escenario que llama la atención escuchar ciertas voces, tanto en el Consejo Regional de Aysén como en el Consejo Social de la propia naciente institución, apropiándose del proceso. Es dable celebrar que todos nos subamos al carro de una aspiración tan sentida, pero también lo es recordar que varios de quienes hoy la usan como bandera de lucha fueron opositores al Movimiento Social por Aysén, particularmente la ex Alianza por Chile y el PRI regional en pleno, varios conspicuos demócrata-cristianos, la Multigremial y la corporación Aysén por Aysén, que cada cierto tiempo concurría hasta la intendencia para ponerse del lado de la autoridad y en contra de la ciudadanía.
Para los movilizados no servía cualquier universidad, así como hoy tampoco sirve cualquier proyecto. Algo necesario de aclarar cuando el gobierno, tras destituir a Roxana Pey, ha dicho que “el proyecto no está en riesgo”. ¿Se refieren a que la institución, con sus edificios, carreras y alumnos no corre peligro? ¿O hablan de un proyecto de universidad gratuita, que reconozca las particularidades de los jóvenes de Aysén para propender a su ingreso a ésta y en la cual la comunidad regional tenga algún grado de incidencia en la toma de decisiones?
Así como para llegar desde Coyhaique a La Junta no sirve tomar un bus rumbo a Cochrane, para cumplir la visión original no sirve cualquier orientación. Algo dicho en múltiples ocasiones, previo incluso a la designación de la rectora en septiembre de 2015. Aysén requiere una institución cuyo gobierno universitario sea inclusivo, no atrincherado solo entre directivos, estudiantes y académicos. La sociedad civil y productiva regional, las uniones comunales, los sindicatos, deben ser parte. El Consejo Social ya existente es un avance, pero no hay claridad en que este o una instancia homologable tendrá cabida en los nuevos estatutos. El seremi de Educación Patricio Bórquez comprometió una respuesta aclaratoria. Aún la esperamos.
Aysén cuenta con notables ventajas comparativas en términos ecosistémicos; por tanto, aspectos como sustentabilidad, cuidado ambiental, desarrollo económico local, ERNC deben ser parte de su impronta. Una universidad del futuro, no del ayer obsoleto. Y, por último, el paradigma general. Una formación exitista, de mirada extractivista y escasa conciencia intergeneracional y social debe evitarse. Propender al profundo sentido de lo público nos permitirá construir una universidad pública de verdad. Estos son nuestros motivos fundados, aquellos que “fundan” esta aspiración.
De ahí que la declaración del Core, aludiendo principalmente a aspectos administrativos y de infraestructura -aunque atendible-, se queda a medio camino. Algo que se entiende de quienes fueron opositores a la demanda mas no de los que, se supone, la secundan. Una alianza entre la Nueva Mayoría -con excepción del consejero PS Nelson Maldonado- y Chile Vamos, para aliarse al centralismo y en contra de lo que Aysén exigió.
Vox populi es que Pey no se alineó con la postura política del gobierno en torno a la Reforma Educacional e impulsó criterios distintos para la Universidad de Aysén. Particularmente respecto de la “gradualidad y avance de la gratuidad universitaria” planteada hoy por el Ejecutivo y de la posibilidad de implementar un sistema de admisión que potencie el ingreso de los jóvenes ayseninos a sus aulas, bajo la consigna de que tal “no se condice con los parámetros de exigencia que deben asegurar las universidades estatales» -gobierno dixit-.
Tales son los argumentos del vicepresidente para destituir a la rectora. Y en esto es preciso aclarar que, según la ley, la Presidenta Michelle Bachelet puede removerla solo previo a la publicación de los estatutos, y siempre y cuando lo haga por “motivos fundados”. Si los argumentos del gobierno entran o no en esta figura será algo que deberá dilucidar la Contraloría, donde actualmente se encuentra el decreto para toma de razón.
Una decisión difícil, considerando que la alineación o no con la voluntad política es una interpretación alejada del derecho administrativo. Más aún cuando, en términos estrictos, su eventual negligencia solo podría vincularse con temas relacionados con el mandato de la ley a sus funciones: lograr la publicación de los estatutos y echar a andar la universidad. Y en ello, hay espacio aún para la interpretación.
Pero más allá de este debate jurídico administrativo, los motivos fundados que muchos esperamos que permanezcan son otros. Los que de verdad cuentan. Los que Aysén viene planteando desde hace bastante tiempo y que ningún gobierno puede sentirse con el derecho a desvirtuar.
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