Tras casi dos años de trámite en el parlamento se aprobó la Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública. Es un avance pasar de 345 operadores públicos a 70, y genera una visión territorial más potente con beneficios que derivan de trabajar con escalas de funcionamiento mayor, facilitan las «economías de escala», aunque esa no es la razón de fondo del tema.
Tecnócratas y parlamentarios, pareciera, no entendieron el problema que se buscaba solucionar, desalcaldizar y luego desmunicipalizar la educación pública.
El traspaso de los servicios educativos a los municipios en el año 1981 es una parte importante del problema, pero lo central es la excesiva concentración de poder en la figura del Alcalde, lo que se llama: la «alcaldización de la educación pública» sumado a la feble estructura organizativa del municipio. No es un tema solo de rendimientos escolares altos o bajos, sino de organización de la educación y de construcción de un proyecto de educación pública país, lo que pareciera no se entendió debidamente, al tenor del texto aprobado.
No se cambia sustantivamente el sistema de financiamiento es inadecuado, no se cambió. Es bueno saber que este proceder (asistencia diaria del estudiante al centro escolar) no se aplica en ninguna parte del mundo, debido a que distorsiona el sentido de la educación. Esto es, sus supuestos no se condicen con la naturaleza, sentido y forma cómo debiese operar la educación pública.
Entre los avances del proyecto está la protección de los profesores de las deudas previsionales y salariales de algunos municipios. Ellas trasuntan el poder del sostenedor público para no cumplir con estas obligaciones, sumado al poder de contratación y despido de esa autoridad, la que no posee el contrapeso por los Concejales.
Es interesante que muchos de estos avances sean vitoreados por especialistas que no han trabajado en el sistema escolar y por el contrario, aquellos más prudentes en su elogios son los que vienen de ese ámbito.
El proyecto posee al menos cuatro nudos que relativizan los avances.
Primero, se extiende la posibilidad -hasta el 2030- para que los municipios se incorporen a esta iniciativa. Hay 12 años de plazo, tres períodos de gobierno nacional. La razón, podría ser que el modelo del 1980 – como deberían acordarse muchos parlamentarios de derecha que entonces eran funcionarios de la dictadura – implicó traspasar súbitamente el 70% de los establecimientos escolares sin ningún tipo de apoyo. Por cierto, no es un ejemplo a seguir, pero ¿no es excesivo el plazo de 12 años? Entendiendo que estarán operando por más de una década al menos dos sistemas públicos: la NEP y el municipal ¿Es razonable en un país OCDE funcionar para el mismo fin con dos sistemas? No generará oportunidades diferentes para los estudiantes provistas por el mismo Estado ¿No será discriminatorio?
Segundo, el 2021 un comité de expertos evaluará los primeros 11 servicios locales. Podría ocurrir que el proceso no continuara, lo que deja en entredicho a los que ya estarían en NEP, como también podrían recomendar extender el plazo más allá del 2030, lo que implicaría el réquiem de la NEP. Un lector avezado se preguntaría: quiénes conformarán esta comisión, su representatividad, sus atribuciones, criterios con los que trabajará. Más aún, pensando que a la derecha lo público es un factor menor y por ello se esperaría que no le prestasen mayor atención pues contradice su proyecto político. Una educación pública de calidad es mala noticia para los sostenedores privados que lucran.
Tercero, como no se cambia el modelo de financiamiento de los establecimientos escolares, que son el gran componente del sistema, no evita la competencia por financiamiento, solo que se traslada de escala y será un tema de las grandes conurbaciones. No cambia el racional competitivo inmanente a la captación actual de recursos. En los hechos el discurso de la educación pública pro colaboración choca con este proceder, y los recursos financieros, como está demostrado, en esta disputa ganan la batalla.
Finalmente, el proyecto reduce la educación pública a una reorganización de la institucionalidad intermedia y escolar de los municipios que -básicamente- obtienen magros resultados, sumándose algunos criterios de financiamiento al equipo técnico- administrativo de la NEP local. No hay espacio para instalar un ideario de educación pública como proyecto político integral país, que requiere de una estructura innovadora para generar un marco de oportunidades, asociadas a un sistema de financiamiento consistente con medios y fines.
Tecnócratas y parlamentarios, pareciera, no entendieron el problema que se buscaba solucionar, desalcaldizar y luego desmunicipalizar la educación pública.
Comentarios
10 de octubre
La educación pública debe ser prioritaria para el Estado. No mas racionalizaciones y minucias: el Estado debe tomar en sus manos la reorganización de una educación pública de calidad y que absorba a un número mayoritario de estudiantes.
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