Se ha aprobado en general en el Senado, un proyecto de ley que prohíbe tanto las “tareas para la casa” como aumentar de horas de trabajo escolar en procesos de aprendizaje en aquellos establecimientos que reciben subvención estatal. El argumento es que ellas muestran una preocupación solo por el logro académico y una competencia entre las escuelas por obtener mejores puntajes en el Simce, en desmedro de la formación integral de los alumnos.
La necesidad de una discusión técnico pedagógica sobre el tema es evidente. Así lo ha entendido acertadamente el Ministerio de Educación, dando orientaciones técnicas para su análisis y evaluación a nivel intramural, que es donde corresponde hacerlo.Una norma tal, no se hace cargo de los 100.000 menores de 17 años que no van ni van a ir a la escuela ni de aquellos que están en riesgo de abandono.
Pero además, hay poderosas razones para pedir a los legisladores que no persistan en la iniciativa. La primera es la irrelevancia del tema en sí, en relación a otros realmente dramáticos en lo social, educativo y humano. Por ejemplo, la prohibición de aumentar las horas por sobre las establecidas en los planes de estudio, se opone a los programas de reforzamiento educativo, financiados con una subvención especial, y ejecutados en horas agregadas a las regulares. Esto es muy grave, porque esa iniciativa está destinada a reducir el riesgo de abandono escolar de estudiantes provenientes de familias y sectores de mayor riesgo y vulnerabilidad en Chile. Una norma tal, no se hace cargo de los 100.000 menores de 17 años que no van ni van a ir a la escuela ni de aquellos que están en riesgo de abandono. Este es en verdad el tema crítico que merece preocupación de todas las instancias del Estado.
La segunda razón radica en las dificultades para aplicar la norma, por sus definiciones confusas e insuficientes. Así, ¿Se podrá incluir la lectura domiciliaria como recurso de recurso de aprendizaje? ¿Se podrá pedir que junto a su familia los estudiantes reflexionen sobre temas como la sexualidad y la afectividad, para luego trabajarlos intramuralmente? ¿Podrá pedirse a los padres participar en actividades de aprendizaje convenientes de realizar en un ambiente familiar y afectivo y en las que no es posible acogerlos en la sala de clases para trabajar con sus hijos? Esto, sin perjuicio de la complejidad que implicará su implementación, aplicación y fiscalización, ya destacadas por la Ministra de Educación.
La tercera es más profunda aún: resulta extraño aludir al argumento de la competitividad como justificación, desde que es el Estado quién la provoca y mantiene, a través de un mercado creado artificialmente por el subsidio a la demanda. Y un mercado es, por definición, competitivo. Más todavía, el Estado ha incentivado, a través de un señalizador de pretendida calidad educativa -el SIMSE- esas conductas competitivas impropias. Dado esto, lo que podrá resultar valioso en esta discusión es que permita avanzar hacia medidas que terminen, de una vez por todas, con el cuasi mercado educativo que el sistema de subvenciones estatales ha creado. No intentar regularlo con más leyes e instituciones burocráticas.
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