En medio del actual escenario político de descrédito y deslegitimación de las instituciones políticas (parlamento, gobierno, partidos tradicionales), es que se encuentran en curso una serie de reformas propuestas por el actual gobierno de Michelle Bachelet y su coalición, Nueva Mayoría. Este gobierno y su conglomerado de nueva ni de mayoría tiene, pues las principales reformas que impulsa (laboral, educacional y constitucional) no son garantía de cambios. No son nada nuevo sino la reedición de la vieja política de los consensos con la derecha (ahora Chile Vamos) y solo profundizan el modelo neoliberal, haciéndole algunos ajustes.
En el caso de la reforma educacional –al menos de lo que han decidido mostrar- no prioriza ni pone la centralidad en la educación pública, ya que, tanto en la pasada reforma en educación escolar y ahora en los anuncios en educación superior se distribuirán recursos igualmente para instituciones privadas como públicas, además sin terminar definitivamente con el lucro. Es en este sentido entonces que muchas de las propuestas son insuficientes y en cierto caso contraproducente.Las y los profesores somos fundamentales en el procesos de enseñanza-aprendizaje, por ende para el sistema educativo, y si, no se nos garantizan condiciones de trabajo dignas es imposible que la educación sea de excelencia.
Sí, queremos reformas, pero en función de las mayorías. Se ha acusado al movimiento estudiantil y a la Confech en particular de no ser partidario de las reformas, lo que se omite es que nuestra crítica es a las actuales reformas. Necesitamos reformas profundas, estructurales, qué duda cabe, pero estas deben ser garantías de cambios reales y no el típico gatopardismo de la Concertación.
Las reformas que Chile necesita tienen que tener dos características principales: en primer lugar ser construidas con la ciudadanía y con el movimiento social, no a sus espaldas. En segundo lugar, deben ser –en el caso específico de la educación- reformas que pongan el centro en fortalecer la educación pública, financiando directamente a los colegios e instituciones de educación superior. En el caso de las instituciones educativas de carácter privado, el Estado solo debería financiar a aquellas que se ajusten a un marco regulatorio mínimo (en materias de acceso, “calidad”, que no lucren, democratización, orientación del conocimiento, etc.), que sea base de un nuevo sistema nacional de educación.
La voz de los profesores y trabajadores de la educación. Entendemos como parte del movimiento estudiantil que los cambios que necesitamos no serán de un día para otro, pero buscamos reformas que marque puntos de no retorno con el modelo neoliberal instalado en dictadura, hacia otras formas de componer nuestra sociedad.
En el caso del proyecto de desmunicipalización solo profundiza el desmantelamiento de las facultades del Estado, dejando al ministerio de Educación como mero “guía”, pero otorgando la administración a unos servicios locales de carácter “mixto”, es decir, ni públicos ni privados.
Con este proyecto y su antesala, la ley de carrera profesional docente es que se allana camino a una reforma que, además de no poner énfasis en la educación pública, deja en una situación de mayor precariedad al profesorado, evidenciando aún más su carácter mercantilizador e infructuoso.
Los países de la OCDE (que tanto le gusta citar a los políticos tradicionales) aseguran a sus profesores condiciones de trabajo dignas, porque comprenden lo básico, y es que las y los profesores somos fundamentales en el procesos de enseñanza-aprendizaje, por ende para el sistema educativo, y si, no se nos garantizan condiciones de trabajo dignas es imposible que la educación sea de excelencia.
La sociedad chilena reclama cambios profundos, reales y no reformas neoliberales disfrazadas de progresismo y democracia.
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