Que la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile celebre que aumentó el puntaje de corte para el ingreso a la carrera el 2011 se parece la vuelta olímpica de un equipo de fútbol cargando un trofeo al ganar la final del campeonato. Esta disputa entre casas de estudio tradicionales poco se parece a la pelea de los estudiantes que hicieron una fila desde la noche anterior para poder obtener como trofeo un cupo en algunas universidades privadas. Curioso sistema de admisión a la universidad. Incluso los rectores de las universidades que se disputan el trofeo de la selección por mérito (entiéndase puntaje PSU y notas de enseñanza media) calificaron de “indigno” el sistema de admisión de algunas universidades privadas, haciendo referencia a los cupos por orden de llegada. Ellos resaltaron la transparencia del proceso que lleva a cabo el Consejo de Rectores y criticaron el sistema mercantil que guía los procesos de selección de las universidades privadas, aunque reconocen que hay privadas de ‘buena calidad’.
Por otro lado, el Ministerio de Educación lanzó un inédito sistema de información para los postulantes a la educación superior, uno que entrega muchísimos datos respecto a antecedentes académicos y financieros de las instituciones (incluyendo acreditación), composición de acuerdo a procedencia escolar, proyecciones de ingreso por carrera, e incluso empleabilidad de carreras asociadas a ciertas universidades. Por su lado, Mario Waissbluth, el avenido experto y consultor en materias educativas gracias al masivo lobby del Movimiento Educación 2020, ha criticado al gobierno por su ‘pésima labor’ informativa respecto a educación superior, indicando que lo que falta es decir los años de acreditación de las universidades y lo que concierne a la acreditación de las carreras. Waissbluth desliza nuevamente una crítica al sistema mercantil de la educación superior, no sin antes señalar que las noticias son más malas que buenas respecto a los resultados en la PSU.
Y todo esto es un escándalo para los meritócratas de la clase hegemónica. La meritocracia para entrar a la universidad amenaza con ser cambiada. Ya no es estudiar mucho en el colegio, ni tampoco es sacar un buen puntaje en la prueba de selección. Ahora es levantarse lo más temprano posible, o acampar en la zona de matrículas, para poder alcanzar un puesto, cual Viernes Negro en el país del norte.
Respecto al mismo tema, una de las más interesantes opiniones, por lo que revela y por su autor, es la publicada el domingo en el Mercurio por José Joaquín Brunner. En ella, Brunner se cuelga de los eventos del proceso de admisión de este año para decir tres cosas que definirían los problemas de una crisis del sistema de educación superior: 1. Que falta conducción, 2. Que el sistema está fragmentado en intereses particulares (los de las casas de estudio), y 3. Los instrumentos para orientar conducir y coordinar el sistema están fallando. Concluye con la visión de que debe haber un esfuerzo conjunto entre instituciones y gobierno para trabajar por el bien común, para salir de la crisis de conducción.
Lo que dice Brunner no es un hecho aislado. Es una posición que se ha venido gestando desde hace tiempo entre los círculos del neoliberalismo Chileno. Es una forma de comprobar esa falacia de que el mercado puede regular por si mismo, usando la jerga neoliberal, los bienes de consumo abstracto y tan centralmente importantes para la actividad productiva como lo son las carreras de educación superior. Los gobiernos Concertacionistas, en particular el de Ricardo Lagos, no dudaron en mostrar con orgullo las estadísticas que mostraban a tantos y tantas hijos e hijas de pobladores que hoy accedían a la educación superior, las primeras generaciones entre los suyos. No lo hacían gratis, por cierto. Lo hacían y lo hacen a costa de llenar los bolsillos de los banqueros, que vieron en este negocio, las deudas de educación, uno de los buenos negocios del último tiempo. El negocio lo ampara el aval del Estado, gracias a la ley promovida por Lagos para que tantos estudiantes pudieran estudiar en las universidades, algunas de las cuáles hoy ofrecen cupos por orden de llegada. La necesidad de dirección que señala Brunner puede ser ligada a lo que vino a partir del escándalo de los cargos en la administración pública, aparentemente llenados por operadores políticos definidos por los partidos gobernantes. Fue el argumento ante el cual cayeron los meritocráticos, inventando el sistema de Alta Dirección Pública, mecanismo con el cuál no se pretendía otra cosa que normar la ‘calidad’ del funcionario público con criterios tecnocráticos, a la vez que evitar el funcionamiento de los partidos como bolsas de trabajo para sus militantes. Pero quizá el dispositivo jurídico-tecnocrático más influyente hasta ahora ha sido el que dio origen a la Comisión Nacional de Acreditación, que hoy permite la estampa de certificados de calidad a las instituciones de educación superior, y que justamente son usadas para atraer ‘consumidores’ de educación. Lo que dice Brunner apunta justamente a ese tipo de mecanismos de determinación de conducción: la calidad que no puede ser normada por el consumo, sino que debe ser normada por el Estado o sus actores más ‘capacitados’.
Pero, ¿quién define la calidad y con qué objetivos y mecanismos? Gramsci señalaba que el sistema democrático-burocrático ha originado un crecimiento masivo de funciones públicas que no se justifican a la luz de las necesidades sociales de producción, pero si se justifican por las necesidades políticas de la clase dominante. ¿Cuál sería entonces la necesidad política detrás de la definición de calidad? Dado el carácter de nuestro sistema educacional, altamente mercantilizado y segmentado, con un discurso meritocrático hegemónico y formas culturales que valoran el consumo como forma de acceso social, la necesidad política sería mantener el estatus de las instituciones tradicionales, necesariamente elitistas. Ahí es donde se mezclan las tres historias que inician este post: la celebración de la excelencia medida por la PSU, la condena a las formas mercantiles de la educación y al mismo tiempo la alabanza a la racionalizad en la heurística del consumo educativo, y por último la necesidad de conducción del sistema, de coordinación de sus actores relevantes (léase, tradicionales). Pero el objetivo va aún más allá: se trata de mantener la estructura social del poder desde la iniciativa de sus intelectuales: la tecnocracia neoliberal.
Lo que es evidente, nuevamente, como trampa de la democracia, es que queda una masa abandonada de la discusión pero sometida necesariamente a ella. Los estudiantes que hicieron fila para matricularse probablemente creen en el discurso que tanto le han impuesto desde el ala liberal y conservadora también: que ellos son los culpables de su derrota y fracaso, y que sus méritos (medidos como éxito educacional) son los que permiten que cambien sus vidas. Ellos no tuvieron necesariamente el gran abanico de opciones que se les abren a quienes pueden tomar una decisión respecto a la educación superior (léase buen puntaje PSU). Por lo tanto, esas cifras que con tanta defensa racional presenta el Ministerio de Educación y que tanto critica Waissbluth le son lejanas como elemento de decisión, al igual que la disputa entre las universidades por quien tiene mayor o menor corte de ingreso. Los estudiantes que hicieron fila apelan al recurso que la misma defensa de la racionalidad ha instalado como hegemonía: que la educación se consume y que el que llega primero la gana. Pero llegan a esa discusión los que ‘poseen la calidad’ y, entonces, proponen que ese consumo tiene que ser normado. El resultado es contradictorio: al mismo que le dicen al hijo de vecino que tiene que educarse, que puede endeudarse con los bancos para hacerlo, y que todo depende de él, en tres o cuatro años más le dirán que su cartón vale poco o nada porque la institución en la que estudió no tiene la ‘calidad’ que se espera. La educación vale poco después de esa conclusión, pero sigue esclavizando al que no puede definir su calidad.
Esa pelea por la calidad ya se ve venir. Lo que Brunner señala no es sino un nuevo campo de disputas: el cetro por la conducción del sistema es el cetro de la definición de calidad. Los intereses que se la juegan hoy son mucho más variopintos que cuando el sistema educativo se expandió gracias al desarrollismo de los años 1930s. Hay universidades confesionales, institutos profesionales, grupos económicos, gremios profesionales, instituciones laicas tradicionales y nuevas, y grupos ideológicos fortalecidos. Y, por cierto y como antes, ninguno de los escenarios considera como actores relevantes a los que hicieron fila para matricularse. Éstos seguirán siendo los consumidores, ya sea de productos educativos pagados con deudas o de servicios sociales que paternalmente el Estado podrá proveer si es que no sigue siendo desmantelado. Y seguirán subordinados a esa clase que define, con los tecnócratas de su casta, la calidad educacional y las necesidades de los pobladores.
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Foto: Pal Pico – Eckmann / Licencia CC
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