Para que la educación pública se potencie es imprescindible dotarla de una institucionalidad fuerte, adecuada a las necesidades de los estudiantes y a las capacidades de gestión de los territorios que atiende. No obstante, estas disposiciones gozan de escaso acuerdo y poco avance al respecto, lo que es consistente con la discusión macropolítica chilena, donde lo subnacional ha sido invisibilizado por los actores políticos centrales.
Si bien se puede señalar que existe un alto grado de consenso acerca de la necesidad de realizar transformaciones de magnitud en la arquitectura del sistema educacional, entendiendo que corresponde a una condición imprescindible para el mejoramiento sustantivo del sistema escolar público, lo cierto es que tal acuerdo no incluye consenso sobre las nuevas formas organizativas a seguir. Esencialmente, se podría hablar de aquellas propuestas que están por perfeccionar la institucionalidad actual, sin transformaciones mayores, en tanto un número importante de ideas se organizan tras un metamorfosis relevante de la arquitectura del sistema de educación publica. El criterio diferenciador es seguir concibiendo la educación como un bien privado, en tanto las últimas visiones promueven un cambio estructural con el objetivo de sacarla del mercado, en consonancia con su carácter de bien público, algunas la fundan como un derecho social.
Inherente a esta segunda visión está la necesidad de acabar con la subsidiariedad como principio en el actuar del Estado en todo plano. Esta transformación del rol del Estado, en este caso paulatino pero consistente, ha de implicar reconquistar su lugar como principal proveedor y actor de referencia de la educación, transformándose en un Estado garante de derechos sociales. Ello significa centrar su papel en la provisión de educación pública de alta calidad, recuperando su tarea de guía y referente de calidad para todo el sistema. El eje estructurador de esta visión es traspasar la tuición administrativa de la educación escolar de los alcaldes (municipios) a una institucionalidad pública descentralizada, hoy en debate sus distintas figuras.
Para que la educación pública se potencie es imprescindible dotarla de una institucionalidad fuerte, adecuada a las necesidades de los estudiantes y a las capacidades de gestión de los territorios que atiende. No obstante, estas disposiciones gozan de escaso acuerdo y poco avance al respecto, lo que es consistente con la discusión macropolítica chilena, donde lo subnacional ha sido invisibilizado por los actores políticos centrales. A la fecha, el Estado central chileno confía poco en su aparato subnacional, salvo para tareas de segundo orden, debidamente pauteadas sectorialmente, un patrón que es reafirmado por los mismos gobiernos subcentrales que acatan resignadamente su rol subordinado. En este marco, los procesos de descentralización se han hecho sin considerar los territorios como objetos relevantes de este proceso, con sus debidas particularidades.
En la visiones pro cambio estructural, pese a la coincidencia en que el nuevo sistema debe ser descentralizado, el debate es sobre el equilibrio entre descentralización, realidades locales y calidad de la gestión. Entonces el tema crítico es llegar a acuerdo respecto de qué tan descentralizado ha de ser el nuevo sistema, existiendo -ciertamente- ideas alternativas. Las más dominantes, efectivamente, hablan de un proceso centralizado de descentralización, es decir dosificado desde el aparato central. En tanto las menos, definen un proceso descentralizado, con mayor autonomía de las unidades territoriales subnacionales. Aunque pueda resultar sugestivo, se trata de un debate con exigua tradición en Chile, pues estas materias han sido usualmente relegadas a situaciones puntuales, de escaso impacto público.
No se concibe la descentralización como una política de desarrollo destinada a dar sustentabilidad económica, social y política al país, no forma parte de las visiones dominantes que hegemonizan los debates sobre reforma del Estado. Por el contrario, son más bien materias de orden menor, admitidas más como un resabio de política social. Usualmente se habla de desconcentración y en oportunidades se le hace erróneamente sinónimo de descentralización. Consistente con lo señalado, prácticamente entre los años 1989 al 2013, hubo muy pocos avances en materia de descentralización política en Chile, siendo un elemento claramente en deuda, tal como lo han evidenciado los principales conflictos sociales desde el año 2010 en adelante.
El Estado chileno se encuentra “atrapado en su gobernabilidad” ante un conjunto de demandas que sobrepasan su baja dotación de capacidades para atender tales reivindicaciones. Ello acusa aún más deterioro por el excesivo centralismo del Estado, lento para responder a crecientes demandas de escala subnacional, las que –por lo general- ese Estado no logra entender debido a la desestimación de esta dimensión en el mismo diseño político del Estado. Lo subnacional es un espacio precario, aún frágil para construir políticas más autónomas. En Chile, en la práctica, salvo las regiones extremas del país y la “del Bíobio”, han caminado en este sentido. Sin embargo, no han sido mayormente los ciudadanos de regiones quienes han reclamado por gobiernos subnacionales poderosos, tendencia que se quiebra en forma paulatina desde hace un tiempo. En la actualidad, son estos ciudadanos quienes denuncian las incoherencias entre los diversos niveles del Estado, entre las políticas sectoriales y la territoriales. Es decir, se reclama un Estado que de gobernabilidad a las políticas subnacionales, tras grandes debilidades normativas, políticas y de identidad del Estado subsidiario vigente.
Para encauzar la solución a la crisis de la educación pública, es imprescindible cambiar el modelo y los principios de financiamiento “frankensteianos” que se ha seguido, por un sistema que refleje la complejidad del fenómeno educativo en su conjunto que se pretende financiar, entendiendo que además deben proveerse de recursos coherentes con el objetivo que se persigue: Educación de calidad que rompa el origen de cuna y territorial. También debe atenderse el tema del financiamiento compartido (copago), hoy más complejo que ayer pues su supresión inmediata podría implicar el efecto perverso de “desnudar aún más la educación pública”.
En segunda instancia, es imprescindible “desalcaldizar y desmunicipalizar la educación pública”, construyendo una institucionalidad que garantice mejores oportunidades para los estudiantes, lo que implica también mejores condiciones para quienes trabajan en ella, sobre este tema hay mucho debatido y estudiado, de manera que más que nada se requiere de las voluntad política y de la conciencia ciudadana de su necesidad imperiosa.
Finalmente, poco se logrará si en forma simultánea no se reduce de manera importante las asimétricas relaciones de competencia que debe mantener la educación pública con la educación particular. Esto es, que aquel sector que recibe dinero público para funcionar (subvención regular, SEP, etc.), tenga los mismo derechos y deberes de responsabilidad con sus estudiantes y personal, por ejemplo, a saber: sistemas de selección de estudiantes como también un sistema contractual y de beneficios para sus funcionarios equivalente al público. Cuesta entender que recursos que tienen el mismo origen, sentido, monto y finalidad puedan implicar compromisos diferentes según el propietario del establecimiento, algo insólito pues los dineros se proveen para un finalidad educativa y no del empresario.
Hay buenos ejemplos en países democráticos del primer mundo donde estos sistema de derechos y deberes similares, independientes del sostenedor, se han aplicado centenariamente y con mucho éxito.
Tras este escenario macro hay mucho puntos que abordar. Los problemas de gobernanza derivados de la institucionalidad instalada: Consejo Nacional de Educación, Ministerio de Educación, Superintendencia de Educación Escolar y Agencia de Calidad; los de definición e instalación de la gratuidad en el punto de servicio, que es sólo una parte de los problemas de financiamiento de le educación publica; los de cómo reducir gradualmente el copago sin afectar las oportunidades educativas, etc. Temas que conforman el complejo espacio de la educación en una trama que reúne muchos intereses poderosos que no se han trasparentado aún.
Nota: Te invitamos a revisar la primera parte de esta reflexión.
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Foto: peretzp / Licencia CC
Comentarios
19 de febrero
O sea, nivelemos para abajo.
Si los padres arrancan de los colegios municipales pues no les gustan los profesores apernados, entonces apernemos los de los colegios privados, si el director del colegio municipal no corta ni decide su personal, entonces, prohibamos que el director del colegio privado pueda seleccionar su personal.
«Cuesta entender que recursos que tienen el mismo origen, sentido, monto y finalidad puedan implicar compromisos diferentes según el propietario del establecimiento» no te cuesto tanto entender, eso se llama libertad, el sostenedor del establecimiento pueden definir otro conjunto de objetivos para su colegio, por ejemplo, puede priorizar los deportes, sí destinará más dieron a una cancha de fútbol de pasto que otro colegio.
Otro sostenedor puede preferir contratar profesores por sus méritos y no por sus años de servicio, lo que va a generar compromisos financieros diferentes.
en fin…. la envidia misma, como no podemos competir con la educación de lucro -que cuesta un 30% menos por alumno que la municipal, entonces vemos como arruinamos la educación privada.
Ninguna consideración a la libertad de las personas, en este caso, a la libertad de escoger si lleva a su retoño a un colegio sin fines de lucro o no.
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