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La educación pública chilena en y más allá del nuevo gobierno: parte 1

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Ese es entonces el gran problema de la educación chilena: en un sistema social con fuertes desigualdades sociales y segregación territorial, la educación no ha podido corregir en grado relevante esa situación, se entiende que podría hacer más al respecto, para lo cual la educación pública debería desempeñar un papel mucho más relevan del que cumple.
 

Pocas duda caben de que el sector educación sea -hoy por hoy- el gran eje ordenador de la política del gobierno entrante, buscando dar cuenta con ello de las demandas de la sociedad chilena, que tras las consignas de “educación pública gratuita y de calidad” y de “fin al lucro y a la municipalización en educación”, resumen una buena parte de las complejas aspiraciones larvadas tras años de postergación, en un país donde el abuso de los poderosos ha sido en todo momento y circunstancia.

Mario Waissbluth en su blog del 3/02/2014 señala “Durante 30 años hemos tenido un sistema de libertinaje y abusos de todo orden. En la distribución del ingreso, en la previsión, las farmacias, la educación escolar, en la superior, los derechos de pesca y de agua, en lo que usted quiera y guste. Hasta que el 2011 la gente, legítimamente, explotó en las calles y en las redes sociales. El 2006 fue el temblor premonitorio, el sismo grande ocurrió en 2011, y todavía estamos viviendo las réplicas”.

Desgraciadamente la tónica de este capitalismo salvaje “made in Chicago – Santiago”, se fortalece, además, con la expansión económica de los últimos 24 años, 20 de ellos bajo gobierno de la “no- derecha”. Es decir “en Chile a los poderosos se les pasó la mano abusando del resto de sus compatriotas”, algo de ello se empezó a evidenciar cuando en la campaña presidencial del año 2005 el candidato de la derecha de entonces descubrió -para sorpresa de ellos supongo- que en ese Chile habían grandes desigualdades sociales, reflejando así la preocupación de la derecha política/económica que entendía que no era buena “tanta desigualdad” pues ponía en riesgo “el modelo”, por tanto: algo debía hacerse…

Detrás de las demandas de y por educación pública de calidad, y del fin al lucro en educación, hay demasiada energía acumulada, alta tensión para una cuerda que está muy exigida y que podría fácilmente no soportar más carga. Lo preocupante es que este problema podría fácilmente estar llegando al “punto de no retorno”, cuya trasgresión abre escenarios muchos más complejos, e incluso inimaginables en la lógica del diálogo consensual que ha sofocado y neutralizado la mayor parte de las discrepancias en la política chilena postdictadura”.

El Estado chileno, en la primera administración Bachelet, dio muestras de las dificultades y torpezas que tiene la institucionalidad pública (subdotación de capacidades) para asumir demandas de esta envergadura y explosión, cuestión que en el gobierno de Piñera se confirmó plenamente, ampliando esta percepción no solamente al Estado central, sino también a los gobiernos subcentrales (regiones y territorios).

El Estado chileno entonces ha sido “estresado al máximo” en lo que se refiere a su capacidad de respuesta, y ha sido exigido al limite “dentro del modelo”, pero lo que algunos pareciera no entender, que para responder a una buena parte de las demandas ciudadanas, hay que cambiar el modelo, y allí es donde no siempre hay del acuerdo en los actores del Estado, ni tampoco toda la confianza necesaria al respecto de la ciudadanía en la institucionalidad y sus autoridades.

Un poco de ello es lo que estuvo tras el tema “Subsecretaria de Educación” recientemente zanjado. Una enseñanza de este suceso es que toda reforma en un área tan decisiva y sensible debiese hacerse en pleno conocimiento de y con los principales actores involucrados, y –por cierto- no en cuatro paredes, por competentes que puedan ser los pergaminos los involucrados.

El problema central de la educación chilena en materia de resultados educacionales, es la baja calidad de la enseñanza y su estrecha asociación con la alta desigualdad social y segregación socioeconómica y territorial del sistema educacional en su conjunto, producto y reflejo de lo que acontece en el país.

Para una mejor comprensión del problema es necesario establecer dos precisiones: Una, los bajos resultados son de TODA la educación chilena, cada una comparada con su igual de países de PIB equivalente dan cuenta de resultados inferiores, ellos han sido “camuflados” tras señalar que los establecimientos municipales aumentan su brecha ante los privados: fenómeno que ocurre, y suele no decirse, porque los establecimientos municipales agrupan -proporcionalmente- a la población más pobre y son estas diferencias: la de ingreso y oportunidades las que se reflejan en la educación, no siendo relevante la dependencia de los establecimientos pues se explican sus resultados por el capital social y económico de las familias y solo, marginalmente, por el valor agregado del establecimiento escolar.

Este tema no se ha difundido pues pone en tela de juicio los cobros por colegiatura, cuotas de incorporación y otros etc., de establecimientos privados que, en definitiva, aportan poco al incremento del capital educacional de sus estudiantes.
La segunda precisión es que a diferencia de otros países emergentes y desarrollados, en Chile “el peso” del origen social y territorial de la población (origen de “cuna social”) es determinante sobre sus resultados educacionales, esto es: “dime cuál es el nivel educacional de tus padres y sus ingresos económicos y puedo predecir, con alto grado de certeza, tus resultados educacionales”.

A lo que se agrega además: “dime en que región y localidad estudias y puedo además corregir esa predicción al alza o a la baja”.
Ese es entonces el gran problema de la educación chilena: en un sistema social con fuertes desigualdades sociales y segregación territorial, la educación no ha podido corregir en grado relevante esa situación, se entiende que podría hacer más al respecto, para lo cual la educación pública debería desempeñar un papel mucho más relevante del que cumple.

Este problema socioeducativo se ha potenciado en los últimas tres décadas porque el Estado chileno no ha podido asegurar el derecho a una educación de calidad a toda su población, dado que no dispone de una institucionalidad adecuada que garantice ese derecho, a saber: un buen sistema nacional de educación pública.

Ello es lo que se conoce como la crisis de la educación pública, cuyas reversión está estampada en las consignas “educación pública gratuita y de calidad” y “fin al lucro y a la municipalización en educación”. Ahora bien, en términos de sus detonantes fundamentales, la crisis de la educación pública no es solo ni principalmente de índole económica. Su deterioro incremental se funda, además, en su institucionalidad y en las asimétricas relaciones de competencia que debe mantener con la educación particular.

Estas materias se expresan en tres componentes dominantes del sistema: el modelo de financiamiento (subsidio por alumno y financiamiento compartido), la institucionalidad (municipal, y regional) y el desequilibrio entre recursos asignados y las obligaciones que pesan sobre la educación pública, que incide en las oportunidades educativas que se proveen.

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Foto: Marcos S. González Valdés / Licencia CC

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Comentarios

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Horacio Pérez

17 de febrero

Los aspectos tratados por el comentarista son de su ma relevancia y muestran las diferencias entre esta postura con aquella que sostiene la “aristocracia derechista del sector educación de la concertación”, muchos asociados a establecimientos escolares y a la iglesia católica, que sería bueno que se sincerara esencialmente en los temas de lucro y fortalecimiento de la educación pública, pues lo segundo no podrá ser, si lo primero no se controla. Eso e slo que no aceptan, aunque no lo dicen

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