Las anuncios sobre políticas educativas siguen dando palos de ciego en nuestro castigado país. Definitivamente no logran atravesar el corazón de las necesidades de una sociedad que exige respuestas urgentes y demanda soluciones perentorias; los funcionarios de la cartera no terminan de zurcir con harapos un conflicto cuando ya asoma otro, aún mayor. Y así seguimos en educación, parche sobre parche, mediante políticas edulcoradas.
El pasado viernes 31 de julio, con bombos y platillos, la noticia del día, los anuncios para el bronce, se referían a que el MINEDUC estaría lanzando un plan para fortalecer educación ciudadana y de derechos humanos en ¡500 colegios! (¡oh, cuánto derroche!), y que entraría en vigencia a partir de marzo de 2016. Bajo el título «Plan de Formación Ciudadana y Derechos Humanos», las autoridades de educación intentan ejecutar modificaciones curriculares -de tipo lifting– tendientes a fortalecer las prácticas docentes y de los equipos directivos, pero… ¿con qué capacitación?No se puede seguir dejando afuera de las decisiones curriculares a los maestros, profesores y directivos de las instituciones educativas. Insisto, la idea es buena; sin embargo, el plan es mezquino y la muestra para su aplicación da para suspicacias.
La idea en sí misma no es para nada descabellada y el contenido sugerido tampoco lo es, lo que sí me comienza a hacer ruido es el número de colegios previstos para la puesta en marcha del proyecto; eso sí es ridículo y da para pensar en segundas intenciones, ¿por qué solamente 500?, ¿tan sólo tenemos 500 colegios en todo el territorio nacional? ¿Los DDHH y la Formación Ciudadana no son temas transversales para una sociedad como la nuestra, con desigualdades, inequidades, postergaciones, xenofobia y un pasado irresuelto de exilios, torturas, exonerados, presos políticos y desaparecidos? Chile cuenta con 5.500 establecimientos públicos y una cantidad similar de privados, estos contenidos no son para «planes piloto», son conocimientos necesarios y obligatorios, que deben y tienen que ser desarrollados a diario en la educación chilena, sin sesgos, exclusiones, excepciones ni parcialidades de ningún tipo.
A las autoridades ministeriales se les vuelve a escapar la tortuga. El último paro docente no les sirvió de mucho, no les ha dejado enseñanza alguna, el sacrificio -una vez más- ha sido en vano; expresado en buen romance, ¡no entienden nada!, son incapaces de correrse del paradigma inmovilizador y salir a pergeñar proyectos innovadores, transformadores, necesarios para una educación integral e integradora, que favorezca cambios genuinos en esta sociedad del conocimiento y de la información.
Un plan como el que se anuncia (hasta con título mezquino, pues en él falta el concepto Ética), «Plan de Formación Ciudadana y Derechos Humanos», en primer término y sin lugar a dudas, tendría que estar formando parte del «perfeccionamiento en servicio», tendría que responder a un plan nacional de formación y capacitación docente, de cursada continua, gratuita y obligatoria, para todos los educadores en actividad plena -de todas las áreas y disciplinas, ciclos, niveles y modalidades-, y al mismo tiempo formar parte del entramado curricular de los Institutos de Formación Docente. Tal vez, también debería pensarse como un postítulo e incluso, por lo profundo del tema, hasta da para formular una Maestría en Derechos Humanos. Es un tema que nos atañe a todos y todas, por lo tanto, exige una formación de excelencia.
Si queremos un país con ciudadanos libres, activos, pensantes, cuestionadores, críticos y reflexivos, comprometidos en valores, responsables, solidarios y cada vez más democráticos; si queremos fortalecer la democracia que nos toca transitar; si queremos escuelas en y para esta democracia en permanente construcción y transformación, aquí está la clave: en la formación continua de nuestros maestros, profesores y directivos; serán ellos quienes bajen a las escuelas los contenidos a saber desde el conocimiento, el respeto, la responsabilidad ciudadana y no desde la creencia y/o la parcialidad. Por nuestra historia, por nuestro pasado reciente, este trayecto del conocimiento es sensible para la ciudadanía, debe dictarse con la más alta capacitación.
Estos contenidos a desarrollar -que son tanto conceptuales, procedimentales y actitudinales- hoy se anuncian casi como un acto de generosidad, pero no pueden ser abordados -única y excluyentemente- en los terceros y cuartos medios, son saberes disciplinares para toda la escolaridad, desde los niveles iniciales hasta la formación universitaria, pero también deben ser incorporados en las instituciones educativas donde se forman los militares, los carabineros, la gendarmería y la policía de investigaciones, ¡entendámoslo! Son contenidos para la sociedad en su conjunto, contenidos transversales, contenidos para una sociedad abierta, plural y democrática, es la apropiación de saberes fundamentales para el análisis y la reflexión, para interpelarlos, discutirlos y mejorarlos en el día a día y todos los días, que también hacen a la calidad democrática, a la calidad institucional y a la calidad educativa.
No se puede seguir dejando afuera de las decisiones curriculares a los maestros, profesores y directivos de las instituciones educativas. Insisto, la idea es buena; sin embargo, el plan es mezquino y la muestra para su aplicación da para suspicacias. Los planes y proyectos educativos si no son integrales e integradores y desde un horizonte de totalidad, si no son para todas y todos, en calidad, equidad e igualdad de condiciones, no sirven. Y si no preparamos, capacitamos y/o perfeccionamos, debidamente y con excelencia, a los recursos humanos, a los que históricamente han sido postergados y que son aquellos que tienen la misión de trabajar con el conocimiento y enseñar a pensar, no esperemos cambios demasiado profundos en nuestra sociedad. Hablo de una educación en y para la democracia, en y para los derechos humanos, como un proyecto transversal para toda la educación pública chilena; exigirla y velar por su puesta en marcha es tarea de todos y cada uno de nosotros.
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