#Educación

El primer proyecto educacional de Michelle Bachelet

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La discusión para este proyecto no parte cuestionando ni criticando el sistema general de la educación en Chile. Se trata de una solución a un problema legal para que el Ministerio actúe sobre establecimientos superiores públicos, estatales o privados y subvencionados para el caso escolar.

Ayer 6 de mayo en la 20º sesión de sala de la Cámara de Diputados, se pasó la cuenta del proyecto Boletín 9333 originado en mensaje presidencial Nº90/362, junto con mensaje 91/362 que otorga urgencia suma a la discusión. El proyecto propone nombrar administradores provisionales y de cierre para instituciones de educación superior y control a los sostenedores de la educación escolar como una solución al vacío legal en que se encuentra el Ministerio de Educación, al quedarle sólo las opciones de cerrar o sobreseer sin poder prevenir las crisis que han inspirado este proyecto como es el caso de la U. del Mar, tal como señaló en su explicación general también el día de ayer en la 7° sesión ordinaria de la Comisión de Educación de la misma Cámara el ministro Nicolás Eyzaguirre. Centró el debate en la necesidad de garantizar, por parte del Estado, la continuidad de los estudios de los alumnos por cuanto hay aspectos de fe pública dañados cuando hay fracasos en el proceso administrativo y/o académico de la institución que han elegido.

De los parlamentarios hay diversos aportes y cuestionamientos en la discusión que presentaremos a continuación y al finalizar por parte nuestra la respectiva crítica.

La diputada Camila Vallejo (PC) puso el énfasis en relación a los trabajadores (funcionarios y académicos) en dos aspectos. Primero, la protección a su fuente laboral y, segundo, la participación en el proceso de evaluación que determinaría las causales que justificarían el nombramiento del administrador provisional, cuya finalidad es, según detalló el Ministro, exactamente la de evitar que la institución quiebre y la gente tenga que emigrar con toda la incertidumbre que eso significa, a otros establecimientos. El diputado Rodrigo González (PPD), hizo hincapié que las funciones del Administrador Provisional estén muy bien detalladas, atendiendo a malas experiencias con sostenedores en casos pasados. Así mismo, los diputados Felipe Kast (IND) y Alvaro Bellolio (UDI), solicitaron que esta discusión no se realice con tanta urgencia y que se haga en paralelo con la discusión para crear la Superintendencia de Educación. Reclamaron que no esté el primer proyecto del gobierno de la presidenta Bachelet enfocado exactamente en los temas de la calidad de la educación. Esto lo replicó Eyzaguirre, por cuanto la emergencia es evitar que las instituciones de educación superior sigan arriesgando la fe pública y solucionar rápidamente el caso de los alumnos de la U. del Mar, aún en situación pendiente por la falta de herramientas legales. Llamó a los parlamentarios de oposición a dejar esa crítica sobre la calidad.

La cuestión del nombramiento, las causales, las atribuciones del administrador provisional son materia de diferencias, pero todos apuntan a que se delimite sus funciones (amplias, en opinión del diputado Rodrigo González) y que también quede clara la justificación para hacerlo (este fue el énfasis del diputado Kast). Otro aspecto tocado por el diputado Romilio Gutiérrez (UDI), fue que el Ministerio de Educación no sea juez y parte al evaluar y designar el Administrador Provisional, cosa que fue aclarada por el Ministro que eso se hace con el acuerdo del Consejo Nacional de Educación.

La diputada Yasna Provoste (PDC) recordó al igual que la diputada Cristina Girardi (PPD), que esta discusión es antigua y que es concordante con el informe de la comisión especial sobre el lucro en la educación superior y con el acuerdo anterior entre el  Consejo Nacional de Educación y el MINEDUC frente a la crisis de la U. del Mar, para que sea recogido también por el proyecto.

En otra intervención, la diputada Vallejo entregó al ministro Eyzaguirre el proyecto preparado previamente denominado “Giro único educacional”, como antecedente para esta discusión y aclaró que esta iniciativa que se discute no es parte de la solución al problema de la mercantilización de la educación en Chile.

Como vemos la discusión para este proyecto no parte cuestionando ni criticando el sistema general de la educación en Chile. Se trata de una solución a un problema legal para que el Ministerio actúe sobre establecimientos superiores públicos, estatales o privados y subvencionados para el caso escolar, en relación a evitar el descalabro que significa llegar a perder la continuidad en los estudios.

Es decir, es una medida oportuna de contención para mantener el sistema tal cual está. El proyecto que viene sobre la Superintendencia de Educación que aún no conocemos, apuntará en la misma dirección. Es cómo garantiza el Estado que siga existiendo educación y dinero conviviendo juntos de la manera más armónica posible.

Quizás eso es lo que quieren los chilenos. De ser así, esta iniciativa de la Presidenta Bachelet está en la dirección correcta.

Valorando al Congreso Nacional, esto queda abierto desde ahora al debate ciudadano. Por ejemplo, ¿qué opinan las organizaciones relacionadas como gremios, sindicatos de funcionarios, agrupaciones de padres y apoderados, profesores y estudiantes sobre la participación en el acto de evaluación de la situación del colegio, academia, instituto o universidad y cómo realizarlo? ¿O se va a dejar esa tarea solamente a las autoridades?

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Foto: www.fotopresidencia.cl

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