El médico no médico

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Esta persona obtuvo más de 150 millones de pesos, compró vehículos y propiedades y, como corolario, puso en entredicho al sistema nacional de acreditación. El control que ejercieron los alumnos fue superior al control de las mismas instituciones. Ellos superaron en su búsqueda al propio Ministerio de Educación, a la comisión investigadora del lucro de la cámara de diputados y a la CNA. La pena debe ser ejemplificadora, ya que ella es un peligro para la sociedad, al igual que su ex pareja Héctor Letelier, pues hay detrás delitos en contra de la salud pública, con vidas de por medio.

Hace pocos meses descubrimos a dos falsos médicos que ejercían en la Universidad del Mar como académicos; una era directora del área de la salud, y el otro era profesor de anatomía y fisiología. Además, atendían en consultas, hospitales, servicios de urgencias, y en la Fundación Las Rosas, donde Tania González fue médico contralor y tratante. En el tiempo que ella trabajó como médico en dicha fundación, fallecieron 26 adultos mayores, y firmó 13 certificados de defunción. Todas esas defunciones son responsabilidad de esta estafadora, ya que todo lo realizado por ella está fuera de la praxis de un profesional de la Salud, toda vez que ella no es enfermera, ni menos médico cirujano. Esto implica que su actuar no está avalado ni por el conocimiento científico médico ni por la evidencia empírica. Ella es responsable directa de los adultos mayores fallecidos, favoreciendo y acelerando descompensaciones de pacientes en aquellas patologías complejas que requieren un tratamiento especial.

Toda esa información está en las fichas clínicas de la Fundación las Rosas, lo que debe ser analizado por los peritos del Servicio Médico Legal. También corresponde investigar si ella recetó psicotrópicos en el ejercicio público y privado, con lo que se configuraría un delito en contra de la salud pública. Un hecho también gravísimo es haber  certificado muertes, lo que habla de una desfachatez sin límites, con las que pudimos escuchar en la formalización diagnósticos repetidos y muchos inexistentes.  La defensoría quiere hacer aparecer a la inculpada Tania González como víctima de presiones para obtener ese título por parte de los controladores de dicha universidad. Esa tesis trata de quitar responsabilidad a quien atendió a esos 26 abuelos fallecidos, pues ahí se configura el cuasidelito de homicidio. También se esgrimió alteraciones de la personalidad, por lo que tratarán de aminorar su responsabilidad en los hechos explicando enfermedad mental. Bajo esta perspectiva, todos los falsos profesionales podrían ser explicados, lo cual incentivaría el actuar de estas personas inescrupulosas que lucran, vulneran la fe pública y la confianza en el sistema, ponen en grave riesgo la salud de las personas, y denigran a la profesión médica.

Esta persona obtuvo más de 150 millones de pesos, compró vehículos y propiedades y, como corolario, puso en entredicho al sistema nacional de acreditación. El control que ejercieron los alumnos fue superior al control de las mismas instituciones. Ellos superaron en su búsqueda al propio Ministerio de Educación, a la comisión investigadora del lucro de la cámara de diputados  y a la CNA. La pena debe ser ejemplificadora, ya que ella es un peligro para la sociedad, al igual que su ex pareja Héctor Letelier, pues hay detrás delitos en contra de la salud pública, con vidas de por medio.

Los familiares de dichas personas fallecidas tienen  el derecho de tomar acciones legales por cuasi delito de homicidio en contra de Tania González, así como también todos los pacientes atendidos por ella en el Consultorio Ana Maria Juricic de Maipú, en el Hospital de Curacaví, en el Hospital de Carabineros, y en su consulta privada del Centro Médico LotusMed.

Todo este ejercicio está acreditado ante el noveno juzgado de garantía, mismo lugar donde el próximo 18 de enero deberá concurrir para su formalización Héctor Letelier Pantoja, tecnólogo médico que, según calculamos, debió ejercerla medicina por un lapso cercano a los 10 años, en forma impune y libre. ¿Cómo se pudo llegar a esto? ¿Quién debe dar explicaciones por estas irregularidades? ¿Quién debe responder?

El Estado debería reformular todas las instancias de acreditación y certificación de títulos profesionales, incluida la propia Contraloría General de la República, que fue burlada por años por estos delincuentes y estafadores. Un registro y control de la veracidad de los títulos profesionales de la salud de los médicos extranjeros se hace muy necesario, ya que si hay estafadores en nuestra propia tierra, no es descartable que se burlen las instancias contraloras respectivas de aquellos que ingresan desde el extranjero. Hoy la cuestionada Eunacom, la que parece estar infiltrada igualmente por la corrupción, quedó prácticamente invalidada como instrumento certificador o validador de la profesión médica.

Todo esto nos debe hacer reflexionar sobre el verdadero valor que tiene la educación superior en nuestro país,  un bien público  con intereses privados que han abusado y proliferado a lo largo del país. Con un sistema de acreditación corrupto, y con un ministro que desconoce el informe del lucro de la cámara de diputados; un ministro hoy  esforzándose al máximo para aparecer como defensor de los alumnos afectados. Con un presidente de la CNA que se muestra públicamente a favor del lucro en las Universidades. Lo que ocurre aquí es una manifestación de lo errado que es tener fines de lucro en la educación superior, en donde el objetivo se ha transformado en generar ingresos y circulante para favorecer los bolsillos de empresarios inescrupulosos.

Es necesario hacer un cambio profundo, en el que los que no pueden elegir tengan las mismas posibilidades que quienes siempre han elegido.

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Fuente de fotografía