Una mayoría del país se opone a que la educación que recibe subsidios del Estado tenga fines de lucro. Sin embargo, quienes pretenden que haya lucro en la educación subsidiada constituyen una poderosa -y transversal- minoria. Tan poderosa, que logró eliminar el artículo que prohibía el lucro en la educación escolar de la Ley Orgánica Constitucional de Educación promulgada por la dictadura, cuando en 2009  ésta se derogó y se aprobó la actual LGE.

Los partidarios del lucro suelen argumentar que éste es la necesaria y legítima remuneración por realizar una actividad, desvirtuando el debate de sus términos exactos. Cuando se habla del lucro en educación, el tema es si las instituciones que reciben subsidios deben tener personería jurídica de sociedad con o sin fines de lucro. Los efectos de ser lo uno o lo otro, respecto del destino de los fondos recaudados es claro y distinto: o van a financiar nuevas y mejores acciones para enriquecer los fines de la sociedad, en el primer caso, o van a enriquecer los bolsillo de los socios en el segundo.  

Como se sabe, el gran problema de la educación en Chile es la extrema segmentación socio-educativa, que separa y aisla a los estudiantes por niveles socioeconómicos en establecimientos diferentes. El fenómeno se reproduce incluso a escala micro, en un mismo espacio  comunal o barrial, dejando a los pobres o muy pobres en las escuelas o liceos municipales. La mayor complejidad y costos de posibilitar los aprendizajes a esos estudiantes, fue reconocida sólo a partir del 2008, fecha en que mediante una ley (Ley SEP) se pusieron fondos adicionales hasta por el equivalente de un 50% de la subvención por estudiante a disposición de los sostenedores de escuelas municipales o particulares que atienden a la población más vulnerable. Los fondos puestos sobre la mesa, en el presupuesto de educación de este año son poco más de 253 millones de pesos, alrededor de 500 millones de dólares. 

Si se considera que la educación pública escolar verá reducida su matrícula incluso entre los más pobres gracias a campañas de desprestigio permanente de la derecha y sus medios, y gracias además a la involuntaria pero inestimable ayuda de la Directiva del Colegio de Profesores que llamó a huelga por el reconocimiento de la "deuda histórica" a fines del 2009 y a las tomas y huelgas del 2012 que hasta ahora no han tenido ningún impacto real en la educación escolar, se tiene que una porción no despreciable de esos 500 millones de dólares irán a parar a las escuelas subvencionadas.  Es obvio que son muchos los privados que las quieren para sus bolsillos, y no para mejorar sus servicios y pagarle mejor a sus profesores.

En otro artículo señalamos que en el SIMCE de 2010, las escuelas básicas municipales son las que más mejoraron en lenguaje y que mejoraron levemente en matemáticas. No ocurre lo mismo en los Liceos municipales, que todavía muestran los más bajos resultados. La necesidad de extender los beneficios de la Ley SEP a este nivel educativo es evidente. Y junto con esto, también es evidente la necesidad de "emparejar la cancha" en favor de sus estudiantes y docentes. Una medida sencilla, pero de gran impacto para mejorar la educación municipal y en general, de los servicios de educación media destinados a las poblaciones con mayores índices de vulnerabilidad, sería la de entregar a aquéllas instituciones privadas que busquen fines de lucro,  la responsabilidad de otorgar educación escolar a los más de 12000 jóvenes infractores  a cargo del SENAME, que hoy por hoy son asignados exclusivamente a los liceos municipales. Los privados suelen presumir que son mejores que los municipales. Emparejemos la cancha. Como decían en mi pueblo, "en cancha pareja se ven los gallos".