Educación pública y la decisión de revertir su crisis terminal

Todos los sectores lo venían anunciando: la matrícula en la educación pública sigue en picada. A falta de cifras oficiales, el ministro de Educación calcula en 5% la disminución y la Asociación Chilena de Municipalidades en un 7%, cifrando en torno al 34-35% la matrícula municipal de su total, frente al 37% del 2011.

Peor aún es que todas las señales parecen anunciar que esta crisis es terminal. Si no fuera por la resistencia del movimiento ciudadano por el derecho a la educación y, sobre todo, por el movimiento secundario, tendríamos que dar por muerta la educación pública.

Sin embargo, las autoridades fomentan la idea de que fueron las movilizaciones las culpables de la huida de estudiantes del sector municipal. Nos parece un despropósito, toda vez que dicha crisis ha sido una tendencia de tres décadas, comenzada con la municipalización en 1981 y profundizada en 1993 con el Financiamiento Compartido. El declive actual de la educación pública es el resultado de las políticas educativas de los últimos 30 años y la responsabilidad recae en todos los gobiernos desde entonces, no en los actores sociales.

Las actuales autoridades públicas tampoco están defendiendo la educación pública. Persisten, por el contrario, en promover de hecho el sector particular-subvencionado. La reciente aprobación en el Congreso de un aumento de la subvención escolar ratifica las condiciones favorables para estos establecimientos, que reciben más recursos –por tener más matrícula- y en promedio más subvención por alumno que los establecimientos municipales. Es decir, tienen más dinero estatal para educar y además cobran a las familias. La Subvención Escolar Preferencial sigue siendo marginal frente a una carencia financiera que es generalizada. 

La máxima autoridad educativa, el ministro Beyer, se ampara en su historial de investigaciones pro-mercado en la educación para justificar el “éxito” del sector particular, cuando estudios internacionales y nacionales confirman una y otra vez que la educación municipal no es peor –e incluso a veces mejor- que la particular-subvencionada, puesto que en la educación chilena es mucho más relevante el capital social de la familia en los resultados educativos que lo que ocurre en el aula (referencias: BID, 2011; CIDE, 2012, por sólo nombrar los más recientes).

En un escenario de desfinanciamiento y competencia desleal, resulta entendible que los alcaldes vayan optando por el cierre o fusión de colegios (distinto es juzgar sus posturas al respecto, pues hay quienes aprovechan la oportunidad para privatizar la oferta educativa comunal o tomar represalias contra comunidades que se movilizaron el 2011). Así también se entiende que los padres opten por escuelas particulares frente a escuelas y liceos municipales precarizados; esto no quita que deseen una educación pública, gratis y de calidad como horizonte por el cual luchar, como lo demuestran las diferentes encuestas al respecto.

De seguir así, las escuelas y liceos públicos se reducirán a verdaderos guetos que alojan a los niños y jóvenes más pobres, rechazados por el resto de los establecimientos por no pasar los procesos de selección académica, económica y social –supuestamente prohibidos por la LGE-, y así tendremos un sistema educativo único en el mundo donde la mayoría de la educación es privada.

Bastaría con revertir las condiciones de financiamiento para poner un primer freno a esta crisis. Desde ahí, se deben enfrentar los problemas de administración, discriminación, selección, participación, infraestructura, carrera docente y todos los elementos necesarios para construir un sistema educativo de calidad para todos.

Pero sin la decisión política de recuperar la educación pública por parte de nuestras autoridades, no se puede sino colocar todas las expectativas en que será el movimiento social por la educación el que resista su anunciada muerte.

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Foto: FabsY / Licencia CC