El 6 de enero reciente, la cámara de diputados aprobó, con 75 votos a favor, 15 votos en contra y dos abstenciones, la tramitación del proyecto de ley que modifica las prohibiciones establecidas en el DFL2 (2009). Dichas prohibiciones se encuentran en los Artículos 56 letra e: “la forma de gobierno de la nueva entidad deberá excluir la participación con derecho a voto de los alumnos y de los funcionarios administrativos, tanto en los órganos encargados de la gestión y dirección de ella, como en la elección de las autoridades unipersonales o colegiadas». Y Artículos 67 letra e) y 75 letra e), que establecen igual limitación a los institutos profesionales y los centros de formación técnica respectivamente.
Sin duda, un avance para quienes creemos en la apertura de espacios democráticos para todos y todas quienes somos parte de nuestras comunidades universitarias.Necesitamos un ejecutivo empoderado y con voluntad real de servir a las grandes mayorías de Chile, necesitamos parlamentarios que legislen de cara a la ciudadanía y no entre cuatro paredes.
Pero, ¿Es suficiente? Por supuesto que no, y ese ha sido el gran «error» de la opinión pública, al dar por sentado un triunfo que no es tal. Si bien, ya nadie podría prohibirnos (a estudiantes y trabajadores) participar y hacernos responsables de la dirección y gestión de nuestras instituciones, tampoco nadie garantiza que tengamos un lugar en la planificación y diseño de ellas. Ni siquiera tenemos la garantía de que seremos consultados para tal o cual decisión que importe a toda la comunidad. Llevándolo a un registro numérico: Con el DFL2 de 2009 estábamos en «-1», luego de la modificación de los artículos ya mencionados quedamos en «0», y, para poder incidir de manera real en nuestras instituciones necesitamos al menos «1».
La desconfianza que suscita esta coyuntura se sustenta en dos argumentos:
1) Que tomemos este avance como un triunfo en sí mismo y dejemos a medio camino (o en cero) una lucha que continúa.
2) Que dependamos de la mera voluntad de nuestras autoridades institucionales para lograr una participación efectiva en la dirección y gestión de nuestras Ues, CFT’s, IP’s.
Respecto al segundo punto, la experiencia nos dice que la organización estudiantil y sindical no gozan del beneplácito de las autoridades universitarias, quienes siempre son parte antagónica en cualquier proceso de negociación colectiva o demanda estudiantil (no digo que está mal o bien, pero viene a dar sustento al punto en cuestión). Vemos también casos de instituciones donde la organización es un mito, toda vez que por medio de contratos y normas internas varias, se les prohíbe a estudiantes y trabajadores organizarse y/o manifestarse de cualquier forma, rayando en la inconstitucionalidad.
Aclarado esto, podemos caer en cuenta que hoy la pelota está dando bote en el área contraria y que todos gritemos un golazo depende de cuánta claridad tengamos en la materia. Necesitamos un ejecutivo empoderado y con voluntad real de servir a las grandes mayorías de Chile, necesitamos parlamentarios que legislen de cara a la ciudadanía y no entre cuatro paredes, necesitamos un movimiento estudiantil y social que siga nutriendo y apoyando las demandas de los sectores desamparados por las normas y leyes.
Que esto sea un triunfo depende de todos y todas quienes estamos por un Chile más justo y democrático.
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