Desde hace varios días se comenta la noticia de la profesora Ketty Valenzuela, quien fue agredida por un alumno de quinto año básico en Conchalí y posteriormente amenazada de muerte por la madre del mismo. Uno de los ribetes interesantes que ha tomado el caso es la recurrencia a la justicia, con recursos de protección e incluso reuniones con el ministro de educación para tipificar como delito el maltrato a los profesores. En ello el Colegio de Profesores ha actuado rápidamente, e incluso ha recibido el apoyo del ministerio. Joaquín Lavín, el ministro, dijo que "la idea es que el maltrato a un profesor sea tratado en forma especial. O sea, que no es igual a un maltrato entre alumnos". A lo anterior agregó que "el profesor es la autoridad en la sala de clases y por tanto requiere un respeto especial". También expresó que la idea "es restablecer la autoridad del profesor en la sala de clases que se ha visto muy afectada en los últimos años". Se dice que el motivo de la agresión fue la interrupción del juego en el que estaba el estudiante, con la intención de que éste volviera a clase.
No es mi intención negar la realidad que viven muchos profesores respecto del trato violento que reciben tanto de estudiantes como de sus apoderados. Tampoco es mi intención disminuir la gravedad del problema, pero siento que esta forma judicial de enfrentar la violencia escolar está equivocada y tiene carácter simbólico. Ya se ha señalado que el bullying es un síntoma de una enfermedad más sistémica. Mi impresión es que la enfermedad está directamente relacionada con factores de identidad etárea e incomprensión social hacia los jóvenes e incluso los niños.
A ello se le suma la incomprensión institucional de la labor docente, que sólo converge con la visión del profesorado en temas tan fácilmente "mediatizables" como lo es la violencia, especialmente si se trata de violencia contra la autoridad, en este caso el profesor.
Cuando digo identidad etárea me refiero a la desvalorización que tienen los adultos de las ideas de los jóvenes y niños. El año 2006 muchísimos periodistas de estelares noticiosos (adultos) repetían insistentemente y se maravillaban de las formas inteligentes y la preparación de los dirigentes que lideraron la revolución pingüina (jóvenes/niños), como si esa inteligencia no existiera o estuviera vetada para los que acceden a las credenciales. Muchos hoy también mediatizan a los jóvenes como un grupo uniforme, o los etiquetan como "tribus urbanas," escondiendo con esos conceptos los aportes y opiniones de los jóvenes en Chile.
Es más, los adultos ritualizan juicios de valor sobre los jóvenes, como irresponsables, apáticos e inmorales, con comportamientos sexuales escandalosos, borracheras y drogadicción ilimitadas, y con ideales irreales de la vida. Las vacas se olvidaron que fueron terneros, y con ello olvidaron conversar con los terneros para entenderlos un poco más.
Para sumar a esa incomprensión, el sistema político e institucional no representa muchas oportunidades para los jóvenes tampoco. Después de la revolución pingüina el 2006, se promulgó la ley de responsabilidad penal juvenil. Otras iniciativas han apuntado a responsabilizar a los padres por los delitos que cometen sus hijos. Ello crea jurídicamente la sensación de que los jóvenes son algo peligroso para la sociedad, y que por lo tanto hay que buscar formas de castigarlos, o reforzar ese castigo mediante medidas que afecten a sus responsables legales (presumiblemente figuras de autoridad).
Pareciera que quienes arman estas leyes no pensaran que ellos fueron jóvenes ni que sus hijos lo son y/o lo serán, y que igualmente podrán enfrentarse a esas leyes si las circunstancias de la vida lo arreglan así.
Ahora bien, el ministro y el Colegio de Profesores se preocupan de la autoridad del docente en la sala de clases como si fuese un supuesto natural y no un producto de lo que ocurre en la sociedad organizada.
El ministro acaba de lanzar en la reunión con 60 rectores de universidades chilenas, un conjunto de medidas que difícilmente representan algún mínimo de consideración de autoridad hacia el profesor. El discurso de que los profesores son carentes de todo emana desde las oficinas ministeriales desde hace varias décadas ya, sin que los profesores organizadamente, u otro actor político relevante, puedan hacerle contrapeso a nivel social. O sea, la falta de autoridad de un profesor no es el resultado de su definición jurídica, sino que gran parte reside en los mensajes que entrega la autoridad y el cómo se reciben esos mensajes en la ciudadanía.
¿Qué pensará un estudiante cuando escucha o lee a los comentaristas de hoy en día del escándalo de que los profesores que egresan tengan bajos puntajes en las prueba INICIA? ¿Qué pensará ese joven que mira a sus profesores y al mismo tiempo le dicen que muchos de ellos "no entienden lo que leen"?
La violencia en las escuelas es condenable, pero jurídicamente no se resuelve, como tampoco se resuelve jurídicamente el estatus del profesor en la sala de clases. Un estudio descriptivo publicado en la revista Science hace unos años señala que las credenciales de los profesores (educación de post-grado, por ejemplo) no predicen o reflejan las formas de instrucción más efectivas. Si bien el estudio puede tener falencias de tipo metodológica, lo que si está claro es que sabemos poco de lo que ocurre en las salas de clase y tendemos a generaliza en base a casos como el de esta profesora agredida, y solo podemos intuir lo que ocurriría si se opta por la vía jurídica para definir cuál debe ser el comportamiento de los profesores y alumnos en las escuelas.
Mi impresión es que no ocurriría nada distinto a lo de hoy, más que darle más burocracias al proyecto de educar en una nación como Chile. El camino tal vez va por otro lado: confiar más en la profesión docente y sus miembros, confiar más en los jóvenes, los que serán profesores y los que hoy son niños, entenderlos y acogerlos en las escuelas, más que reprimirlos y hacerlos sentir encarcelados. Si un niño reacciona violentamente porque no lo dejan jugar, y luego su madre amenaza a una profesora, entonces evidentemente el problema es más complejo que definir un nuevo delito.
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