¿Cómo generamos políticas de públicas de calidad? El camino lógico, pero no el más fácil, debe considerar la reforma de la constitución de 1980 y la creación de un completo sistema de control y monitoreo de las relaciones entre políticos y educación. Nuestro nuevo marco regulatorio debe poseer herramientas que permitan introducir modificaciones a un sistema que se caracteriza por estar en constante cambio.
Ante la ausencia de un marco jurídico que norme de manera efectiva temas como el lucro y el control de las organizaciones educacionales, la creación de políticas públicas de excelencia es un objetivo casi imposible. La Periodista e investigadora Claudia Urquieta desmenuza las fuertes conexiones entre la clase política y educación, afirmando que “el mundo político no tiene apuro en cambiar las reglas de un juego donde todos tienen fichas puestas”. Desde esta perspectiva se construyen discursos como la oposición-apoyo de la desmunicipalización de la educación, en donde alcaldes y alcaldesas hablan de la maldición que significa administrar colegios públicos, pero felices aceptan el desafío en época de campaña al momento de contratar o remover docentes o funcionarios. Las máximas autoridades de las comunas ya aprendieron cómo administrar este capital político en beneficio propio, transfiriendo los costos a un Estado que inyecta cada vez más recursos.
No es un misterio que nuestro país vive un período de crisis producto del fracaso del Estado en materias de redistribución de la riqueza y representatividad del sistema político. Pamela Díaz-Romero señala que el ojo del Ejecutivo y su equipo de gobierno “ha estado puesto en la protección y desarrollo de los bienes e intereses privados, más que en los bienes públicos e intereses colectivos, en los individuos más que en las comunidades, en la competencias más que en las solidaridades, en el mercado más que en el Estado, en los grupos de poder más que en la ciudadanía” . Estos factores, asentados en lo más profundo del ADN político chileno, coinciden con las señales descritas por Susana Aguilar (1989) respecto del surgimiento del neocorporatismo como herramienta efectiva para generar cambios a través de la redistribución del poder. Según la autora, la vía del neocorporatismo presenta soluciones efectivas al problema de la “contradicción entre un sistema democrático que ha avanzado en la extensión de los derechos civiles y sociales, y un sistema económico capitalista que no ha sido capaz de satisfacer las crecientes expectativas materiales de la población”.
Surge entonces la pregunta obvia: ¿cómo generamos políticas de públicas de calidad? El camino lógico, pero no el más fácil, debe considerar la reforma de la constitución de 1980 y la creación de un completo sistema de control y monitoreo de las relaciones entre políticos y educación. Nuestro nuevo marco regulatorio debe poseer herramientas que permitan introducir modificaciones a un sistema que se caracteriza por estar en constante cambio. Para ello, el Estado debe distribuir el poder en nuevas instituciones o grupos que aseguren la creación de políticas públicas inteligentes y basadas en las necesidades de la población, pues está demostrado que si una política “fue un éxito en Holanda”, no significa que funcione en Parral, en la Región del Maule.
Por otra parte, el Estado debe asumir el desafío de discutir qué educación queremos. No es justo nuestro país plantee a la educación universitaria de tres o cuatro carreras, como la cima del éxito educativo. El estado de Chile debería invertir presupuestos similares en el desarrollo de la educación universitaria y técnica, además de apoyar por igual el currículum de las ciencias y el de las artes. Ken Robinson plantea que las escuelas matan la creatividad de los niños y niñas, pues el sistema educativo mundial está diseñado pensando en la creación “en serie” de profesionales universitarios.
En conclusión, a nuestra generación le toca la compleja tarea de dar sentido al pensamiento de JRR Tolkien: No nos toca a nosotros decidir qué tiempo vivir, sólo podemos elegir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Está en nuestras manos el provocar los cambios necesarios para el ajuste que necesita nuestro modelo educativo.
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09 de enero
PARA QUE EXISTA UNA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PUBLICA ATENTA A LA REALIDAD HISTÓRICA SOCIO CULTURAL DEL MUNDO:
La institución educativa de calidad debe propiciar el desarrollo de una conciencia cívico-patriótica, mediante la toma de decisiones y el juicio crítico, reflejados en el compromiso y respeto entre los miembros de la comunidad educativa, mediante un proyecto de formación integral que contribuya a una convivencia pacífica, armoniosa y democrática, mediante la participación activa de los alumnos y alumnas.
La Institución Educativa debe estar orientada por un modelo educativo de calidad, que forme líderes , potenciando sus dimensiones espiritual y humana, conviviendo democráticamente y fortaleciendo su compromiso consigo mismo, con los demás ,con su entorno sobre una base de valores trascendente.
La institución educativa debe tener un equipo de profesionales comprometidos con la educación para formar mujeres y hombres capaces de transformar la sociedad en la que viven.
La institución educativa debe brindar una formación integral de calidad, que desarrolle capacidades cognitivas, sociales y psicoafectivas con carácter trascendente donde tengan prioridad los valores de respeto a la vida, justicia, solidaridad, paz y verdad, para ser hombres y mujeres capaces de convivir de manera libre y solidaria, en armonía con la naturaleza, y responder a los desafíos de su contexto histórico-social.
Algunos problemas que imposibilitan esta ejecución
Dificultades de algunos profesores en el manejo de nuevas estrategias para el desarrollo de capacidades formativas y cognitivas.
Relaciones de conflicto y violencia familiar
Poco interés y participación de los profesores y alumnos en el análisis del contexto de la realidad nacional y mundial.
Existe discriminación y falta de respeto por aspectos socio económico, raciales, educativos en los alumnos.
Poca comunicación asertiva entre los miembros de la comunidad.
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