El plantel regional que pasó a ser una de las instituciones de educación superior más grandes, con sedes en varias regiones del país, fue el escenario de una de las crisis más atroces en la historia de la educación chilena
Sólo han transcurrido algunos meses desde que Michelle Bachelet recibiera la banda presidencial de manos de la senadora Isabel Allende. Bachelet asumía, pese a la gran abstención, por segunda vez como Presidenta de Chile. Y no hubiera sido electa si, entre otras cosas, su programa no incluyera la posibilidad de reformar el sistema educativo, poniendo fin al lucro. Sin embargo, en una entrevista al matinal de Canal 13, la Mandataria al ser consultada sobre la indicación que penaliza el lucro con cárcel, aseveró que no estaba contemplada en su programa de gobierno.
El éxito de la campaña presidencial de Bachelet se debe a varios factores, y entre ellos se encuentran el surgimiento de la Nueva Mayoría y su programa de gobierno. Este último fue elaborado en respuesta a las principales peticiones que la ciudadanía había demandado a través de los movimientos sociales, sobre todo en educación. De tal manera que una de las 50 medidas para sus primeros 100 días de gobierno comprendía, en educación, el envío de un proyecto de ley para una “Gran Reforma Educacional”; iniciativa que pone fin al lucro, al copago y a la selección.
Es evidente que una de las aristas clave en el programa de gobierno de la Mandataria es la educación. En ese sentido, la importancia de posicionarla en la agenda pública no se debe al altruismo de los políticos de la Nueva Mayoría, sino a las movilizaciones de miles de estudiantes que han expresado su indignación en la calle, pues, hasta organismos como la Unesco coinciden en que nuestro sistema educativo fomenta la desigualdad.
La evidencia más elocuente de las consecuencias del lucro en desmedro de la calidad de la educación tiene relación con la otrora universidad con mayor matrícula del país: la Universidad del Mar. El plantel regional que pasó a ser una de las instituciones de educación superior más grandes, con sedes en varias regiones del país, fue el escenario de una de las crisis más atroces en la historia de la educación chilena. Y culminó con un ministro de Educación destituido y alrededor de 18 mil estudiantes desahuciados.
El investigador del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales, Cristóbal Villalobos, sostiene que “generar cambios para prohibir el lucro es, en un sistema complejo y dinámico como el educativo, también potenciar la mejora del conjunto del sistema”. Del mismo modo, Villalobos asevera que la prohibición constituye “un potenciamiento del sentido y rol de lo público en educación”, y “un avance relevante en el rediseño de nuestro modelo educativo”[1].
La encuesta Cadem es categórica: 52 % considera que se debe castigar con cárcel al dueño de un colegio particular subvencionado que lucre.
No obstante, la Presidenta Michelle Bachelet dice –sobre la propuesta que penaliza con cárcel a quienes lucran en educación– que “no estaba dentro de nuestro programa”. De ahí que, pese a que responde al conglomerado oficialista, le faltó valentía para asumir la responsabilidad que el pueblo delegó en ella; asimismo, se olvida de los cientos de estudiantes que, como ocurrió en la Universidad del Mar, se endeudan a niveles inmanejables para terminar finalmente marginados del derecho de acceso y permanencia en el sistema educativo.
[1] Villalobos, C. (2014). El lucro en el sistema escolar chileno: elementos empíricos y conceptuales para entender la necesidad de su prohibición. Docencia Nº 53, 30-41.
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