Actualmente en muchos sistemas educativos se brinda cierto apoyo externo o interno a los centros educativos. Sin embargo, en muchos casos este apoyo no es sistemático, ni conecta con un plan de mejora y decae en acciones individuales de poco o escaso efecto (ver por ejemplo Erhard y Sinai, 2012; Martínez-Garrido, Krichesky y García Barrera, 2010). Y en los casos en que la asesoría engloba un plan o estrategia de mejora, esta suele focalizarse en aspectos técnicos-pedagógicos o psico-sociales. Si bien esta perspectiva tiene puntos fuertes, no permite visualizar ni solucionar algunos problemas de naturaleza ético-políticos que enfrenta la escuela. Aquí se propone que desde una perspectiva de la justicia social la asesoría tradicional podría ampliar su capacidad para brindar soluciones a muchos de los problemas del día a día en los centros, como la violencia, la incomprensión intercultural, la exclusión, asuntos de discriminación por género,etc. Muchos de estos problemas traen como consecuencia resultados académicos y aprendizajes deficientes, segregación, entre otros problemas sociales. Apoyar a los centros educativos para que se transformen en escuelas más justas puede ser parte de la solución.
Qué es la asesoría y su origen
El apoyo a los centros suele denominarse con distintos nombres según el país: en español es común nombrarla como asesoría o asesoramiento, asistencia técnica, apoyo pedagógico, orientación. En inglés también suele encontrarse una diversidad de términos: consultation, consulting services, technical assistance, entre otros. Todos estos nombres engloban una actividad de apoyo al trabajo del centro educativo, ya sea el apoyo se focalice en aspectos pedagógicos, administrativos o psico-sociales. Quienes apoyan pueden formar parte del equipo del centro (asesoría interna) o pertenecer a una institución distinta del centro (asesoría externa). A todas estos servicios prestados a la escuela les llamaré aquí asesoría.
Desde una perspectiva global, la labor asesora es de larga data. El asesoramiento surge como práctica general, no ligada a los centros educativos, en la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos. Ya en el ámbito de la enseñanza, en Estados Unidos y en Europa, se inicia en la segunda mitad del siglo XX asociado a políticas de reformas y a la profesionalización del cambio planificado que requería de especialistas y agentes de cambio para diseminarla (Hernández Rivero, 2001; Iranzo García, 2012; Moreno, 1992; Nieto, 1992; Rodríguez Romero, 1997, 2001). Desde entonces la función del asesor(a) ha evolucionado desde experto transmisor(a) unidireccional del conocimiento hasta una visión de éste como colaborador-facilitador que construye y aporta soluciones en forma colaborativa entre profesionales.
La asesoría para la justicia social en Chile: futuro prometedor
En este marco, la asesoría ha sido un instrumento para la mejora educativa (aunque también instrumento de control gubernamental) que se ha organizado en formas distintas según el país. En Chile, por ejemplo, el sistema de apoyo a la escuela (asesoría) lo realizan diversas instituciones estatales (Ministerio, Junaeb, Municipios, Sostenedores) y/o con participación de privados (Universidades, ATE). Esta amplia participación de instituciones puede tener aspectos negativos como la falta de control, el traslape de servicios, pero también aspectos positivos como la autonomía que se concede al centro educativo para que decida qué necesita y qué no. Sin embargo, uno de los problemas que actualmente se vislumbran en los servicios de asesoría ofrecidos en el país es su focalización en aspectos técnico-pedagógicos (que predomina en las ATE) y psico-social (a través de los orientadores y otras instituciones). Sin bien esto no es dañino, sí es una limitante, ya que además de estas perspectivas asesoras (la técnico-pedagógica y la psico-social) se puede aportar mucho a la identificación y solución de problemas desde una perspectiva de justicia social aplicada a la educación.
Una perspectiva potente de justicia social en la educación debería analizar los problemas de la escuela al menos en tres ámbitos: en la distribución de recursos y conocimiento en el centro o en el sistema educativo, en los procedimientos y en las interacciones.
Una perspectiva potente de justicia social en la educación debería analizar los problemas de la escuela al menos en tres ámbitos: en la distribución de recursos y conocimiento en el centro o en el sistema educativo, en los procedimientos y en las interacciones. Respectivamente, a estos ámbitos de análisis se les llama justicia en la distribución, justicia en los procedimientos y justicia en las interacciones. Sin entrar en detalles más profundos que quién esté interesado puede consultar en la literatura especializada (Atweh, 2011; Barreal San Martín, 2008; Barry, 2005; Bolívar, 2012; Connell, 1997; Fraser, 2008; Gewirtz, 1998; Jost y Kay, 2010; Murillo y Hernández-Castilla, 2011; Rawls, 1971; Young, 1990), existen muchas visiones sobre lo que es justo en educación y en términos generales la concepción de cada uno depende de sus valores e ideología. Sin embargo, creo que es de vital importancia que las comunidades educativas reflexionen sobre su práctica desde la perspectiva de la justicia social, sin menospreciar las otras igualmente valiosas, y hagan explícito un marco consensuado que sirva de referencia.
Debido a la complejidad ética y política de nuestra sociedad y de los procesos al interior de la escuela (complejos en cuanto interactúan factores de género, étnia, grupos sociales, etc.) puede ser de gran ayuda incorporar a la asesoría tradicional herramientas y saberes generados desde la perspectiva de la justicia social. De hecho, esta perspectiva está emergiendo con fuerza en el mundo de la educación en español, bastante más profundizado en países de habla inglesa, y es de esperar que un futuro esta mirada esté incorporada en la cultura de la mayoría de los centros escolares. Una asesoría para la justicia social simplemente aportaría los apoyos necesarios a los centros educativos para revisar y organizar su quehacer teniendo en cuenta no solo aspectos técnico-pedagógicos sino también una visión ética que garantice justicia en la distribución de recursos y conocimientos, en los procedimientos y en las relaciones.
Por ahora, la evidencia disponible en cuanto al sistema educativo chileno y sus resultados demuestra que se está perjudicando o favoreciendo sin razón a ciertos grupos sociales. (Ver por ejemplo Resultados PISA). Una educación más justa es tarea de todos. Una educación justa es también educación de calidad.
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