Recuperar los recursos de todos

Desde los rincones más recónditos de la patria, se escucha el clamor ciudadano para que el Estado retome un rol activo en la economía. Las multitudinarias marchas en las principales ciudades a lo largo y ancho del territorio están empujando al gobierno de la derecha a definirse. Ya no bastan los eslóganes de campaña, como el “Se le acabó la fiesta a la delincuencia”, o “Un gobierno trabajando 24×7”. El pueblo quiere soluciones, y las viejas recetas neoliberales ya no sirven.

Si estuviera gobernando Eduardo Frei, la cosa no sería muy distinta, porque la gente se aburrió de ver postergadas indefinidamente las esperanzas y los sueños. Después de todo, más de una generación ha transcurrido entre el fin de la dictadura y el retorno de la derecha al poder. Mientras, los gobiernos socialdemócratas de la Concertación, dieron un leve barniz social a la vieja máquina que esconde la “mano invisible del mercado”, sólo lo suficiente para mantener a las grandes masas trabajadoras aguantando las ganas de sacarle por la fuerza al gran capital lo que se le ha negado sistemáticamente: la participación en la riqueza que han construido en nuestro desigual país.

No existe ahora el temor a un golpe militar; los jóvenes que están en las calles no temen a la represión, ya que aparte de una breve detención y la tradicional golpiza a bordo del bus de fuerzas especiales, en el Chile de hoy los organismos de seguridad pública no se dedican a torturar, ni a asesinar ni a desaparecer compatriotas. Y eso, créanme, hace una enorme diferencia a la hora de tomarse las calles.

Tampoco existe el chantaje de la clase empresarial, de que si no se mantienen los equilibrios macroeconómicos, los capitales van a buscar mejores condiciones para operar y se va a producir cesantía e inestabilidad. Ya no se escuchan esos discursos provocadores de la CPC, la Cámara de Comercio, la Sofofa, y por supuesto los centros de estudio de la derecha, simple y sencillamente porque ahora son gobierno, y no pueden criticar en público a quienes ellos mismos pusieron en los cargos de responsabilidad.

La gran verdad es que el rechazo mayoritario al gobierno derechista, va más allá de las personas. Se está produciendo un rechazo sistémico; los cambios que vengan van a tener que ser profundos, y quienes los propongan van a tener que arriesgarlo todo para hacerse creíbles al gran público. No les basta a los dirigentes opositores con tratar de caminar en las primeras filas de las marchas, junto a los estudiantes, a los profesores, o a los trabajadores públicos; van a tener que arriesgar un poco más. De algún modo es volver a la política de tomo y lomo, aquella en que las diferencias se explicitan, y se busca convencer para avanzar. No como ha sido la tónica de los últimos 20 años: partir conversando y consensuando, como si existiera una autocensura al debate, a la confrontación de ideas.

Una idea que resuena por las calles, es el de dotar al Estado de Chile de las herramientas constitucionales y legales para que asuma un rol más activo en la economía. No es un paso hacia la economía central planificada de los socialismos reales, sino introducir reformas estructurales que resten del mercado y sus fuerzas incontrolables a los sectores más sensibles para la población.

Habrá que reformar la Constitución Política del Estado, para modificar el Orden público Económico, creado por Jaime Guzman y compañía, donde se priva al Estado de participación directa en la economía y en la producción.

En este sentido, van en la dirección correcta, iniciativas como la presentada por el senador magallánico Pedro Muñoz, que pretende reformar la constitución para recuperar para el Estado la propiedad mayoritaria en las empresas del sector sanitario, privatizadas en su mayor parte a través de concesiones a privados a fines de los noventa. Se trata ni más ni menos que un paso decidido para corregir lo que la propia Concertación entregó a vil precio a los privados, continuando la dinámica privatizadora de los Chicago boys. De paso, el senador Muñoz recuerda que la Presidenta Bachelet intentó revertir esta situación, para lo cual propuso al Parlamento una reforma constitucional que declaraba el dominio público sobre todas las aguas, incluyendo las subterráneas y los glaciares. Ella trataba de recoger, con rango constitucional, las antiguas normas del Código Civil que habían sido desvirtuadas por el Código de Aguas, junto con asegurar un marco que permitiera un mayor margen de acción al Estado para garantizar los derechos de todos, especialmente ante situaciones graves de desabastecimiento. Obviamente la derecha en masa rechazó la iniciativa de Bachelet, por lo que la propuesta del senador Muñoz es que la participación del sector público en la propiedad de las sanitarias no pueda ser inferior al 51%.

Se fundamenta la iniciativa en el creciente valor estratégico que el agua tendrá en el futuro a consecuencia del cambio climático y la inadecuada gestión de los recursos hídricos al amparo de una legislación privatista, que ha sido incapaz de asegurar la primacía del bien común por sobre los intereses individuales de los grupos de interés.

Las próximas marchas van a reunir a millones de personas en todo el país, y serán para que el Estado recupere el dominio absoluto e inalienable de los recursos naturales y minerales presentes en el subsuelo. Cumplidos 40 años desde el Día de la Dignidad (el 11 de Julio de 1971, día de la nacionalización del cobre, salitre y hierro), se requiere de una nueva nacionalización que devuelva a Chile las riquezas que se han concesionado en forma espuria al capital privado. Allí está la verdadera reforma, la que nos permitirá financiar los ingentes recursos que requiere el país para realizar las grandes transformaciones sociales del siglo XXI.

————-

Foto: Kazyel / Licencia CC