La Constitución neoliberal de 1980 consagra el denominado principio de Subsidiariedad como criterio rector de la actividad del Estado y de los privados en la sociedad, teniendo como máxima aquella regla que señala que “El Estado sólo puede hacer aquello que a los privados no les interesa o no pueden realizar”. Es así como la continua aplicación de dicha máxima en el ámbito de las relaciones económicas, ha generado como consecuencia “la primacía del interés privado por sobre el público” de manera que en la actualidad hemos normalizado el hecho de que las grandes actividades económicas de carácter estratégico para el desarrollo de nuestro país se encuentren totalmente privatizadas, realidad a la cual lamentablemente no escapa la actividad minera.
Lo anterior no solamente se traduce en que los grandes proyectos de explotación minera sean realizados por capitales privados y en su mayoría extranjeros, sino que, y aún más preocupante, en que es la propia Constitución la que permite que el desarrollo de dicha actividad se realice en beneficio del interés privado, que siempre es impulsado por una mirada de corto plazo de carácter rentista, y no de acuerdo al interés público, que al contrario, obedece a una mirada de desarrollo de largo plazo de carácter eminentemente estratégico.Para “recuperar” la minería debemos construir, entre todas las fuerzas progresistas del país, una mirada común de “largo plazo” que permita explotar este recurso natural no renovable de manera “estratégica”.
Es así como los gobiernos de la transición han impulsado el desarrollo de la minería obedeciendo ciegamente la máxima del principio de subsidiariedad, a través de la cual los privados, especialmente los grandes grupos económicos, han impuesto a la nación todo su interés de corte rentista por sobre cualquier consideración de índole pública. Dicha situación se explica fácilmente al analizar las características y naturaleza de la mal llamada “Concesión Minera”, las cuales están ideadas para que en los hechos prevalezca exclusivamente el interés del privado.
En este contexto, resulta especialmente preocupante, el hecho de que la concesión que en la práctica opera como un verdadero derecho de propiedad, sea otorgada de forma “indefinida” a su titular, bastando única y exclusivamente, que éste pague una “patente” para poder conservarla en el tiempo. Aquello, a nuestro entender, representa sin duda alguna la subordinación del interés público al interés del privado que permite nuestra Constitución, cuestión que en la práctica ha significado una inadecuada concentración de la propiedad minera en manos de pocos privados. Así por ejemplo, según estudios realizados por COCHILCO, el 70% de la superficie de las Regiones de Tarapacá y Atacama están otorgadas en concesiones mineras.
Si dicha situación por sí sola debiera bastar para fundamentar la necesidad de un cambio estructural en la materia, se suma a lo anterior, el abuso que los privados hacen del derecho que tienen sobre las minas utilizándolas para fines especulativos. En efecto, muchos privados solicitan concesiones mineras única y exclusivamente, para “venderlas” a un privado que quiere comprar un inmueble en el cual se sabe que existen en su subsuelo minerales que se pueden explotar, quedando así un recurso natural estratégico no renovable esclavo del interés mezquino del privado que los utiliza para hacer negocios y obtener una plusvalía.
Esta situación perjudicial para los intereses del país necesariamente debe ser modificada a través del dictado de una nueva Constitución Política. Para lograrlo, en primer lugar, será necesario que la nueva Carta Fundamental elimine el principio de subsidiariedad como criterio rector de las actividades productivas, permitiendo que el Estado participe en actividades económicas cuando el interés público lo requiera, no quedando excluida su intervención como ocurre en la actualidad, para los casos en que los privados no quieran o puedan desarrollarlas.
De esta manera, se puede construir un equilibrio virtuoso entre la insustituible actividad pública con la actividad de los privados que si lo desean pueden “colaborar” en el desarrollo de las “actividades productivas estratégicas”, pero ya no imponiendo su interés rentista, sino que sometiéndose a reglas públicas claras que permitan explotar el recurso mineral con una visión “estratégica” de “largo plazo”. Para “recuperar” la minería, debemos construir entre todas las fuerzas progresistas del país una mirada común de “largo plazo” que permita explotar este recurso natural no renovable de manera “estratégica”.
Para lograr dicho cometido, entiendo que lo más importante ahora, es cuestionar las características de la actual concesión minera para transformarla desde su actual naturaleza de “derecho de propiedad” encubierto, a una real “autorización administrativa”; será primordial modificar el actual procedimiento de constitución de carácter judicial, reemplazándolo por uno de naturaleza “administrativo” que se sujete a reglas públicas claras e igualitarias para todos, de manera que dicho procedimiento de autorización, pueda ser controlado por la propia ciudadanía a través de los distintos mecanismos de impugnación y de transparencia existentes en nuestra legislación.
Por otro lado, resulta un imperativo democrático, que la explotación del recurso minero no se otorgue a privados de manera “indefinida”, sino que se encuentre sujeto a “plazos” fijados por la autoridad pública, y que para su renovación, no baste el pago de una patente, sino que se demuestren con “resultados” los avances realizados en materia de exploración o de explotación minera, asegurando que quien obtenga la “autorización” realmente se dedique a la actividad productiva minera y no a otras de carácter especulativas.
Por otro lado, la autoridad administrativa a través de SERNAGEOMIN, debe ser capaz de controlar la concentración de “autorizaciones” mineras que existe en nuestro territorio nacional, para lo cual, se debe dividir previamente el espacio geográfico de cada región en cuadros de determinadas longitudes indicando en cuáles se pueden y en cuáles no se pueden constituir “autorizaciones” mineras, para que se establezcan por medio de dicha normativa “zonas libres de explotación” y asegurar el cuidado “medioambiental” de espacios que por su importancia requieran una protección administrativa por parte de la autoridad.
Así, impulsando este tipo de medidas “constitucionales administrativas”, se puede comenzar a revertir el preocupante escenario actual de subordinación del interés público al privado en la actividad minera; sobre todo cuando la tendencia del precio del cobre se proyecta a la baja. Las fuerzas progresistas deben ser capaces de transformar el actual escenario de incertidumbre en una oportunidad para recuperar la soberanía que le corresponde al pueblo de Chile sobre el uso y destino de sus recursos naturales.
Comentarios
04 de agosto
Lo expresado deja claro no saber nada de como funciona el negocio minero.
Solo como detalles, la minería es un negocio cíclico, con alzas y bajas en precios de los productos, y con un ciclo de inversión que debe ir calzando para tener producción en los peaks. Por lo mismo, si se decreta una ventana de tiempo de explotación, por ejemplo, la inversión se hará solo si la expectativa de venta de mineral (esperando que el ciclo de alza este también en esa ventana) da para pagar costos y obtener una ganancia. Luego, digamos, el omnipotente Estado le pasa la concesión a otro….que no va a invertir si no tiene claro que va a poder recuperar la inversión; si tiene que comprar los activos del operador anterior, ¿en que estado los compra?..etc,etc. Por ello es que la minería NO es un boliche que se puede pasar entre distintos operadores; tiene que ser un operador con mucha espalda financiera, con reglas claras (o sea, NO se puede dejar al arbitrio de la administración estatal de turno el quitar la concesión), y un manejo tributario adecuado (en el ciclo de inversión la sociedad gasta mucha plata), por lo que si se pretende cortar eso, solo queda que el Estado sea el único operador (el sueño húmedo de las masas de izquierda).
Saludos
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04 de agosto
Hola. Su comentario «senota que no conoce el negocio minero» es sintomatico de la realidad que denucio en la columna, reduce la actividad minera a un «negocio» donde claramente (segun lo que entiendo de su escrito) reservado exclusivamente a los inmaculados privados que siempre velan de buena forma por el interes de todos. Por otro lado, no encuentro justificado su temor de que el gobierno de turno cancele concesiones administrativas, me puede dar algun ejemplo concreto de otro tipo de concesion que el Gobierno haya caducado por razones extra juridicas?. Por ultimo, lo invito a mirar la actividad minera con mirada estrategica de largo plazo y no solo como fuente rentista del privado de turno, recuerde que las minas son de propiedad de todos los Chilenos (eso lo dice la CPR de un dictador, que paradoja, y no un dictador de «izquierda»), y por lo tanto deben quedar sujetas a una regulacion publica mas estricta (Canada por ej Lider mundial en Mineria otorga concesiones Administrativas y no les ha ido tan mal) saludos
04 de agosto
Hola. Entiendo su punto, pero no me queda claro cual es la razon de por que dicho funcionamiento economico no funcionaria a partir de una concesion administrativa?, mas aun cuando en la propia columna postulo un modelo sujeto a plazo que para renovarce bastaria mostrar que se estan realizando esas gestiones tendiente a realizar a futuro una actividad realmente productiva, no veo la incompatibilidad, cual seria?. Por otro lado, que ejemplo (s) tiene para presumir la mala fe de que el Estado (gobierno de turno) no renovaria o quitaria las concesiones por razones extra juridicas?, yo al menos no conozco ninguno. Y por ultimo, la proteccion de los recursos naturales no renovables no es un sueño humedo de la izquierda, es el sentir de todo un pueblo que mira como los privados cada año se quedan con suculentas utilidades que provienen de un bien que nos pertenece a todos los Chilenos, se trata de algo tan basico como eso. Saludos. Karim
04 de agosto
El que hayan hitos que tengan una aprobación estatal deja al arbitrio de un burócrata muchísimas decisiones que la empresa en cuestión no puede tomar. Por ejemplo, invertir en una maquina que dura 10 años, no se puede hacer cuando queden 8 años para el «hito administrativo». Porque ahí la inversión puede perderse completamente (no se puede vender mas que para chatarra), lo que mata el proyecto-maquina. Y así, muchísimos ejemplos de ese tipo. Este tipo de industria, de altísima inversión y con ciclos, no puede ser arbitrada todo el tiempo; las reglas deben estar claras desde el principio, y solo así se evalúa. Por ejemplo, para seguir el juego, pongamos que todas las concesiones mineras en Chile van a durar 15 años….¿sabes cuantos proyectos mineros se echarían a andar?…0. Porque todo habría que calcularlo a 15 años, desde inciar faenas de apoyo hasta el cierre definitivo, dejando una ventana de producción de aprox 10-12 años…con la incertidumbre de si se espera en ese período un peak de precios que pague el proyecto. Por lo que cualquier evaluador serio no invertiría por ningún motivo; y si el Estado se pusiera esa misma regla para sus proyectos (p.ej CODELCO), tampoco invertiría.
Respecto a copiar el modelo canadiense…te invito a leer mas de este, pues ha sido todo lo contrario a lo que supone (Canadá = paraíso….). La minería allá ha sido altamente destructiva, libre de regulaciones (solo en las ultimas décadas se ha fomentado la conservación ambiental), pero en suma el Estado canadiense ha sido garantista sobre las mineras, por sobre los derechos de otros (privados con actividades económicas diversas e incluso comunidades indígenas); ¿por que crees que existe la bolsa de metales de Toronto, donde se transan sin cesar puras mineras especulativas («juniors»), que solo cuentan con estudios geológicos, pero no una operación montada?…porque no se atribuye a las legislaciones la capacidad de detener estos proyectos.
Las mineras (privadas o estatales) deben cumplir reglamentos siempre; sino, deben ser multadas, y conminarlas a arreglar los problemas; sino lo hacen, entonces deben cerrarse…sin consideraciones políticas (cuando es estatal, típicamente se mantienen funcionando para no tener, precisamente, un costo político..).
Por lo tanto, cuando digo que hay que conocer del negocio minero, a esto precisamente me refiero. Es negocio tanto para un privado como para un Estado.
Saludos
04 de agosto
Confunde el interés público con servilismo ideológico.
Las cosa es simple: las mineras privadas producen una libra de cobre a un costo 5 veces menor respecto a Codelco que además tiene la ventaja absoluta de las economías de escala por su astronómico volumen de producción. Por lo tanto se Codelco se hace privado tendría a lo menos 5 o 6 veces las utilidades actuales asumiendo que aprovecha bién las economías de escala. Si a esas utilidades le cobra un 40 % el estado recaudaría el doble de lo que obtiene ahora con la producción estatal. ¿ Ha pensado lo que podría hacer el estado para los ciudadanos con el doble de dinero que aporta Codelco ?
Eso sí seria pensar de verdad en el interés publico, no en servilismo ideológico
Saludos
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04 de agosto
Hola. Me imagino que querer privatizar Codelco no forma parte de ideoligia agluna, o claro, debe ser una medida «neutral» como el contenido de la Constitucion 1980. Tipico de Chile, todo lo que difiere del discurso oficial de los «tecnicos» es «Ideologia» en un sentido peyorativo, lamentable. Y claro seria bueno recaudar ese nivel de tributos, pero no solo lo lograriamos privatizando Codelco, tambien alcanzaria se las grandes empresas mineras pagaran los altos impuestos que pagan sin mayor problema en el extranjero, facil. Saludos
05 de agosto
Saludos: Es un tema interesante. Aún cuando valoro la iniciativa privada y definitivamente desprecio la total ineficiencia del Estado dirigiendo empresas, no niego que las internacionales obtienen pingües ganancias con la minería. Trato de ser objetivo. Estimado Karim, yerra usted cuando califica el interés privado como impulsado por una mirada de corto plazo. ¿De dónde saca usted eso?, ¿el interés privado de corto plazo? Eso es invento suyo, pues estimado. Otro contertulio lo acusa a usted de saber poco de minería. Yo digo que sabe poco economía, y poco de finanzas. Con lo que me gustan las matemáticas financieras, no podía pasar por alto semejante aberración. Si fuera como dice usted, no existirían los términos «inversión», «valor presente» ni «valor actual neto»,entre otros. No lo tome a mal, loable columnista,, no descarto su artículo ni su proclama por completo. Es solo que aquí, en la red, le leemos muchas personas, y es inevitable que cada cual sepa de lo suyo. La premisa entonces es no meterse en las patas de los caballos con afirmaciones aventuradas y en áreas de las que se tiene poco conocimiento.
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15 de agosto
Hola Don Lisandro, primero que todo gracias por su comentario. Lamentablemente no comparto el consejo que me ofrece de «no meterse en la pata de los caballos» ni tampoco la conclusion a la que arriba respecto de mi articulo cuando dice que en este hay «afirmaciones aventuradas en una materia que se tiene poco conocimiento», no lo comparto porque no tiene usted medio alguno para considerar con exactitud que mi columna obedece a algo «aventurado» que no tenga detras una reflexion o trabajo de investigacion de por medio, cuestion que considero que busca anular mi posicion a traves de asignarme «desligitimidad tecnica» para poder opinar en una materia tan importente como la mineria, esa actitud esquiva el tema de fondo y no lo enfrenta con argumentos racionales (no me quedan claro cuales son los argumentos que tiene para desechar el corazon de mi propuesta?) me gustaria conocerlos. Por ultimo, lo llamo a seras tolerante en cuanto a los distintos enfoques desde los cuales se pueden abordar los temas mineros, el mio es uno propiamente politico constitucional, sin caer en la soberbia irreflexiva de los «tecnicos» especialistas en hacer predicciones que al poco tiempo tienen que salir a corregir (por lo demas en Chile ya hay muchos de ese tipo) saludos
15 de agosto
Las tres regiones del norte chileno, I-II-III dan el sueldo a Chile y todo se concentra en la capital- no seria bueno entregar regalías por sus recursos mineros a esas regiones tan postergadas desde siempre y puedan desarrollarse en todas las áreas- Hay falta de los políticos visión de país y propiedad de patria.
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15 de agosto
Amir, concuerdo contigo, justamente esa falta de «totalidad» a largo plazo es lo que nos falta, lo cual creo como postulo en la columna, se debe a que la constitucion subordina el interes publico a uno privado netamente rentista. Saludos