Hace más de 100 años EEUU tuvo una explosión de grandes capitalistas que usaban su poder para arruinar a sus competidores y robarle a los consumidores. Fueron conocidos como los “Barones ladrones”, entre ellos, Andrew Carnegie (acero), Rockefeller (petróleo), quien llegó a controlar más del 90% del petróleo en EEUU, Astor (bienes raíces), etc. Su característica principal fue la utilización de su poder económico para arruinar a sus competidores, posibilitando cobrar precios abusivos a los consumidores. Por ejemplo, Rockefeller controlaba parte de los ferrocarriles de la costa este de EEUU, lo que le permitía bloquear los envíos de petróleo de sus competidores, llevándolos a la quiebra. Esas acciones les permitieron amasar grandes fortunas en forma injusta e inmoral. Es interesante notar que los gringos no se perdieron, y los llamaron por lo que eran, unos ladrones.
El sistema político de EEUU reaccionó frente a éstos robos promulgando, en 1890, la ley antimonopolios, conocida como la Ley Sherman, que permitió al Presidente Roosevelt, entre 1901 y 1909, controlar las grandes concentraciones de poder económico privado. Dicha legislación fue pieza clave para fraccionar y neutralizar los grupos empresariales que tenían comportamientos abusivos, como el del petróleo, dividiendo la compañía.Precisamente son el funcionamiento de las reglas lo que valida socialmente, en EEUU, las utilidades privadas. En Chile ambos casos, a lo más, habrían significado penas de presidio remitidas.
Su último uso fue en 1982, desarmando el Monopolio telefónico nacional (AT&T) en decenas de compañías telefónicas locales y de larga distancia, abriendo paso a la modernización del sistema telefónico de EEUU.
La severa reacción contra los “barones ladrones”, evidenciada por la ley antimonopolios, provino de un rasgo cultural de EEUU, donde existe una relación sana con los exitosos y triunfadores, y con el concepto del juego limpio y de no torcer las reglas en beneficio propio. Así para los que son sorprendidos defraudando la fe pública tienen penas significativas, tanto para grandes como para chicos. Un caso reciente fue la quiebra fraudulenta de ENRON, con el gerente condenado a 24 años de prisión, o la estafa piramidal que terminó con el responsable, Bernie Madoff, condenado a 150 años de cárcel. Precisamente son el funcionamiento de las reglas lo que valida socialmente, en EEUU, las utilidades privadas. En Chile ambos casos, a lo más, habrían significado penas de presidio remitidas.
Las brutales diferencias éticas entre la realidad de EEUU y la de Chile fue destacada por Roberto Ampuero y Mauricio Rojas en su libro “Diálogo de Conversos”, donde señalan: “En Chile ha faltado todo eso: La legitimidad del éxito y la riqueza, ha faltado porque en nuestra sociedad, como todas las de América Latina, fue construida sobre la opresión de unos sobre otros: conquistadores y conquistados, los europeos y los demás, latifundistas y inquilinos, los señores de arriba y los rotos de abajo. Este ha sido nuestro universo social y nos ha lastrado como sociedad. El éxito en nuestro país no es percibido como una ganancia en buena lid, y eso no puede dejar de generar un sentimiento de injusticia y un deseo de revancha, de quitar y destruir. Hay, entonces, un nivel de indecencia y deshonestidad, que alimenta una sensación de impotencia, porque los castigos nunca son significativos y raramente llegan a la élite dirigente del país.”
Y sería necesario agregar que cuando el ilícito llega a los tribunales, las instituciones arrastran los pies, como los casos recientes de financiamiento ilegal de la política en que impuestos internos demoró algunas querellas claves hasta que el delito ya estuviera prescrito, o la fiscalía no ha perseguido la restitución del dinero sacado ilegalmente de las empresas, muchas de ellas propiedad de los fondos de pensiones, es decir, se estafaron a millones de chilenos que cotizan para su jubilación, los que no han escuchado ninguna palabra sobre iniciativas de la fiscalía para recuperar dichos fondos.
Conceptualmente estamos a la altura de EEUU de 100 años atrás, con una explosión de “Barones ladrones”, pero sin la agilidad política y legislativa para enfrentar éste fenómeno y dividir los grupos económicos abusivos, introduciendo penas ejemplarizadoras.
Así los fraudulentos productores de pollos y las inmorales cadenas de farmacias siguen gozando de buena salud, sin que se conozca de iniciativas legislativas orientadas a dividir las empresas que usan su tamaño para abusar de los consumidores y limitar la competencia. No nos extrañemos, entonces, que sigamos pagando varias veces más por un remedio que en Argentina o en Centroamérica.
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