La propuesta olvida el contexto político y ambiental, adoptando la postura (explícita) de que el Acuerdo es un problema de transacciones económicas cerradas entre los generadores y grandes consumidores, “incorporando” algunas demandas de la sociedad civil por la vía de las señales de mercado que dan los costos marginales.
En relación con el futuro energético del país la fundación privada Res Publica a través de Jorge Quiroz y Andrea Tokman señalan que el problema (eléctrico) debe entenderse como político y no como técnico. Nos recuerdan que el marco con el que se regula es el DFL1 de 1982, y destacan que en el período en que fue generado no existían evaluaciones ambientales, prensa libre, redes sociales y que la sociedad civil era “básicamente silente”, con lo cual el tema era estrictamente económico y la única señal: los costos marginales. Tienen parcialmente la razón.
Lo que el artículo no señala, por una parte, es que la planificación de la infraestructura eléctrica en Chile viene de épocas anteriores, con ENDESA (pública). Con esa base de planificación sectorial pública (muy lejos de ser estatista) se concibió y comenzó a evaluarse, con más de 40 años de anticipación, la posibilidad técnica de construir proyectos hidráulicos como el de Aysén. Por cierto, no podía concebir la complejidad ambiental y política que el tema tendría 50 años después.
El resto del análisis de la propuesta olvida el contexto político y ambiental, adoptando la postura (explícita) de que el Acuerdo es un problema de transacciones económicas cerradas entre los generadores y grandes consumidores, “incorporando” algunas demandas de la sociedad civil por la vía de las señales de mercado que dan los costos marginales. Hay que aclarar que, si bien todo esto no se dice explícitamente, se refleja claramente en las propuestas que realizan y que a continuación comento brevemente:
a) Después de haber dicho que el problema es político y no técnico, propician el uso del Shale gas -expresión inglesa del gas de esquisto, o schiste en francés-, porque con ello se podrían disminuir los costos a la mitad. No dicen que su extracción está cuestionada por cuanto se requiere fracturar las rocas hidráulicamente para liberar el gas, produciéndose un problema de contaminación de las aguas subterráneas, liberación de más CO2 a la atmósfera y olores molestos, entre otros impactos ambientales. Cómo hacer una extracción “limpia” es una pregunta que aún no está resuelta. En este contexto: ¿Para qué lugar de Chile sería la propuesta?
b) Propicia la Gran Hidroelectricidad del Sur y una carretera eléctrica público privado. Por cierto que el tema tiene que ser discutido en un contexto del ordenamiento territorial, con una matriz energética planificada que permita complementar las distintas formas de generación y minimizar los impactos ambientales y sociales. En la nueva ley ambiental existe la herramienta de la evaluación ambiental estratégica que lleva tres años esperando su aprobación y que esta podría ser una buena oportunidad para comenzar a utilizarla.
c) Sobre las ERNC propone un seguro de precio que se trance en el mercado. Interesante propuesta. Pero como contrapartida también propone eliminar la meta nacional del 20/20 -que significa que el 20% de nuestra matriz eléctrica debiera ser ERNC para el 2020-. Esta meta que ha sido planteada por los dos últimos gobiernos, actualmente parece insuficiente para los desafíos mundiales de la lucha para detener el cambio climático, no es el momento para eliminar la meta. Nada dicen del avance en la disminución de los costos de la generación del sector de la ERNC y menos de las exitosas propuestas actuales de generación distribuida en algunos lugares de Europa. Tampoco mencionan el uso eficiente de energía.
d) Finalmente, propone que el 1% de la inversión sometida al EIA vaya a las comunidades que estén en el área de influencia del proyecto. Es decir, que los ciudadanos acepten que su preocupación por su salud y el medio ambiente (que no es propiedad de una comuna en particular) tiene un valor y que puede tranzarse. Difícil de aceptar, tiene un carácter muy segregacionista y quizás electoralista. La única propuesta aceptable es que no se generen impactos ambientales indeseables, en ninguna parte del territorio. Hay que definir lo deseable.
Como conclusión, pienso que la propuesta tiene el valor de entregar una visión de opciones muy claras al respecto, comparto el punto de vista de que el tema es político, pero sobre todo es holístico y por lo tanto también hay que verlo en su dimensión ambiental, ingenieril, económica, cultural, social, legal, etc. No es un problema de un conjunto de medidas parciales que sumadas dan una sola respuesta. Ojalá la fundación se abra a un debate realmente amplio.
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Foto: jlmaral / Licencia CC
Comentarios
06 de junio
Mientras esperamos el debate de los candidatos sobre energía.
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