Las provincias de Petorca y Quillota son reconocidos sectores agrícolas con problemas históricos de sequía. Luego de décadas de políticas estatales de privatización del agua, el resultado ha sido una verdadera crisis socioambiental. El Código de Aguas ha permitido el lucro en la explotación y administración del recurso, por lo que el agua también es concebida como todo capitalista que invierte con con ánimo de cobrar su rentabilidad, una mercancía. “La expansión del mercado en estos territorios se basa en formas de acumulación por desposesión que, valiéndose de medios extraeconómicos, liberan recursos -incluyendo la fuerza de trabajo- para incorporarlos a la producción capitalista, privando a las poblaciones locales de la relación que históricamente han establecido con su medio” (Harvey 2003).
Más allá de las políticas impulsadas por el Estado de concesiones exclusiva a grandes empresas, el proceso de privatización del agua ha sido empujado también por formas violentas similares a las de la Acumulación originaria de Marx. “En el 2011 se presentó desde el Senado una carpeta al Consejo de Defensa del Estado con una serie de denuncias y antecedentes relativos a situación de drenes ilegales y usurpación de aguas en la Provincia de Petorca. El 71% de las denuncias de extracción de aguas no autorizadas resultan ciertas”. La acumulación originaria es previa a la acumulación capitalista (‘previous accumulation’, como la llama Adam Smith), una acumulación que no es el resultado del modo de producción capitalista, sino su punto de partida» (Marx 1980: 891).
Las provincias de Petorca y Quillota son reconocidos sectores agrícolas con problemas históricos de sequía. Esta neoliberalización de la naturaleza se relaciona con la privatización del agua y el despojo de los recursos naturales y bienes comunes. El resultado ha sido una verdadera crisis socio ambiental.
Las comunidades y organizaciones ambientalistas han declarado que son varios los personajes públicos y políticos que extraen estas aguas ilegalmente. La DGA señala que el problema de escasez de agua en la zona se debe a la extracción de aguas subterráneas desde cuatro pozos por un caudal mayor al autorizado para bombearlo al embalsamiento privado en piscinas particulares. Así, la desposesión de los medios de vida es impulsada por el Estado a través de la legalidad del Código de Aguas, y también por omisión, que a través de la impunidad que permite rebasar el propio límite de esa legalidad. “Esta es una estrategia de usurpación cuyo papel se torna crítico en escenarios donde las formas asociativas tradicionales limitan la incursión de intereses que no son propios de la zona. La ruptura es doble: del medio y de los semejantes” (Harvey 2003).
El año 2014 el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un informe concluyendo que “las causas de la escasez hídrica, no estarían solo asociadas al fenómeno de sequía que experimenta la provincia, sino que han incidido también las actividades empresariales que tienen lugar en la zona”. El mismo año el MOP declaró nuevamente zona de escasez hídrica a la provincia, que tiene la mayor cantidad de denuncias por usurpación de agua o pozos. En la acumulación, “reinan como métodos la política colonial, el uso de poderes estatales para reasignar los activos a una clase capitalista, la privatización bienes comunales, la usurpación de recursos naturales, […] actos en los que aparecen sin disimulo la violencia: el engaño, la opresión, la rapiña.” (Luxemburgo, R.,1912)
Esta neoliberalización de la naturaleza se relaciona con la privatización del agua y el despojo de los recursos naturales y los bienes comunes; la fragmentación de los ecosistemas y la devastación ambiental; así como con la mercantilización de los recursos naturales y los “servicios ambientales”; y la socialización de los externalidades ambientales. El Estado neoliberal genera las condiciones jurídicas e institucionales para que el capital privado concrete sus inversiones y proyectos en la región, sin mayores obstáculos legales ni político-sociales (Harvey, 2003). Ante estas olas de privatización que empuja el cambio climático, los movimientos medioambientalistas y la ciudadanía organizada exigen una verdadera reforma al Código de Aguas que nacionalice el Agua y fortalezca una institucionalidad pública, que progresivamente devuelva los medios de vida en propiedad y valor a las comunidades. Ante esa violencia de privarlo todo, defender el agua es defender la vida.
Bibliografía
- Harvey, D. 2003. The New Imperialism. Oxford University Press, Oxford, New York.
- Luxemburgo, R. La acumulación del Capital. Edicions Internacionals Sedov, 1912.
- Marx, K.1980 [1867] El Capital: Crítica de la Economía Política.
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