Financiando la nueva manera de Gobernar (o el Sindrome Raul Alcaino)

Actualmente se encuentra en tramite legislativo un proyecto de Ley que tendría por objeto procurar obtener los recursos necesarios para las tareas de la reconstrucción post-terremoto.

De acuerdo a las autoridades para esta tarea se requieren cerca de US$8.400 millones y el paquete de medidas propuesto, junto a ajustes en las asignaciones presupuestarias, permitiría obtener el financiamiento requerido. En estricto rigor, la propuesta enviada al Congreso no sólo apunta a obtener recursos para la reconstrucción, pues plantea asimismo rebajas impositivas por la vía de la supresión del impuesto de timbres y estampillas y la exención del impuesto a la renta para las utilidades reinvertidas por empresas (incluyendo a empresas que sobrepasan en ventas el límite de lo que se considera una PYME).

Estas rebajas, van acompañadas por un alza transitoria del impuesto a las empresas, así como por una propuesta de modificación del “royalty” minero que en lo sustancial permite adelantar recursos por este concepto, a cambio de extender el plazo de invariabilidad tributaria para las mineras (de ahí el interés que podrían tener las compañías en aceptar la proposición del ejecutivo). Aunque existen otras disposiciones  que permitirán recaudar recursos, estas son las principales.

Lo importante de destacar, es que la combinación de alza transitoria y adelanto de Royalty con bajas permanentes de impuestos, implica que al final del período del actual gobierno el presupuesto fiscal tendrá una disminución permanente que según las informaciones oficiales del Ministerio de Hacienda se ha estimado en US$400 millones anuales. Es decir, el gobierno está cambiando pan hoy por hambre mañana. A eso se añade la propuesta de vender la participación que actualmente tiene el Estado en las sanitarias y que genera a CORFO un flujo muy atractivo de recursos vía dividendos, lo cual va exactamente en la misma dirección: cambiar flujos futuros por ingresos presentes.

Ahora bien, en el reciente mensaje del 21 de mayo el Presidente anunció una serie de medidas que necesariamente involucran un importante costo fiscal. Según el Ministro de Hacienda el costo de las medidas se estima en US$9.000 millones.

¿De dónde saldrán estos recursos? Ciertamente el gobierno puede apostar a que un mayor crecimiento económico incrementará la recaudación tributaria. Asimismo, se pueda suponer que se venderán algunos activos adicionales. Sin embargo, aún así las cifras no parecen cuadrar. Una posibilidad, no explicitada aún, es que el gobierno opere durante todo su periodo con déficit estructural fiscal y que llegue al balance estructural sólo en su último año.  Ello podría permitir solventar los nuevos gastos durante este período presidencial, pero obviamente no en el futuro…..el problema quedaría para el nuevo gobierno. ¿Suena conocido? Efectivamente, es la misma estrategia que siguió Joaquin Lavin durante su gestión a cargo del Municipio de Santiago (incluido el episodio de la transacción con Aguas Andinas que le significó obtener recursos frescos a cambio de eliminar la exención de pago de las cuentas del agua del Municipio).

Curiosamente la derecha hoy ya no viste el ropaje de la seriedad en el manejo de los recursos públicos. Ese atributo sí lo puede mostrar la Concertación durante los años que estuvo en el poder y los beneficios de ese manejo prudente fueron claves para generar el progreso logrado durante estos últimos veinte años en el país (mal que le pese aún a algunos críticos al interior de la propia coalición).

Si los aspirantes a gobernar el país quieren tener una imagen de lo que les espera en cuatro años más ya saben qué hacer, basta con ir a preguntarle a Raúl Alcaíno que le ocurrió al asumir la Municipalidad de Santiago.