La orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump que prohíbe la entrada a Estados Unidos a refugiados e inmigrantes de siete países de mayoría musulmana, aunque suspendida temporalmente por un juez federal, ha desencadenado una movilización sin precedentes por parte de la ciudadanía y, también, de las grandes empresas norteamericanas.
Una ciudadanía, que exige mayor transparencia y compromiso, ha tomado el control de la reputación de las compañías, reclamando una actitud ética y de compromiso social; y ya no acepta su indiferencia o neutralidad ante las necesidades o los problemas que afectan a la sociedad.
Las primeras en alzar la voz fueron las grandes compañías tecnológicas (Apple, Google, Microsoft, Facebook), encabezadas por sus CEO. Criticaron de manera abierta la medida y señalaron que se trata de un atentado contra sus políticas de personal basadas en la diversidad y la atracción del talento.
Después de los primeros días de contundentes declaraciones, decidieron dar un paso más y el pasado 5 febrero firmaron una carta conjunta para expresar públicamente su oposición a la orden y unirse a la demanda de su ilegalidad. Es lo que en EE. UU. se conoce como un amicus brief, un informe que permite exponer la opinión y los argumentos de actores no directamente involucrados con un caso concreto.
A los iniciales 97 presidentes de empresas, mayormente tecnológicas, se han ido sumando hasta un total de 127 las compañías, una lista que continúa creciendo y que ya afecta a múltiples sectores. En el documento, las empresas destacan la importancia que los inmigrantes tienen en la economía del país y defienden que un decreto como el aprobado por Trump no ayudará a impulsar la economía ni a la sociedad en su conjunto.
Para los firmantes, la orden representa una desviación anticonstitucional de los principios de equidad y previsibilidad que han gobernado el sistema de inmigración de Estados Unidos durante más de 50 años y perjudica directamente la competitividad de las empresas estadounidenses. El texto señala que «algunas de las empresas más icónicas e innovadoras» del país han sido creadas gracias a los inmigrantes (de hecho, los CEO de Microsoft, Coca-Cola, PepsiCo o McDonald’s no nacieron en Estados Unidos).
Al pulso de los gigantes de Silicon Valley se han unido también las compañías biotecnológicas. Los consejeros delegados de más de 160 empresas, pioneras en el mundo de la biotecnología, han publicado una carta en la revista científica Nature donde expresan su «profunda preocupación y oposición» a la orden ejecutiva. En ella, señalan que la posición de Estados Unidos como «el mayor desarrollador de medicamentos» se basa en su capacidad para atraer a los mejores investigadores, médicos y ejecutivos de todo el mundo sin importar fronteras, género, raza, orientación sexual o creencia política. También en el ámbito académico se oponen a Trump. La Unión de Universidades Estadounidenses (UAU), formada por las principales instituciones de enseñanza superior, ha publicado una carta contra la política inmigratoria del presidente y ha manifestado que la orden solo hará que los mejores profesionales se vayan a países competidores.
Mientras, las empresas actúan. Google ha creado un fondo para acciones legales para rechazar estas medidas y ha donado importantes cantidades a cuatro organizaciones comprometidas con los derechos de los inmigrantes. Starbucks, con una contundente declaración, ha anunciado la contratación de diez mil refugiados durante los próximos cinco años, instando además a construir «puentes y no muros» con México, donde la compañía cuenta con más de 7.000 empleados. Airbnb ha anunciado que proporcionaría vivienda gratuita a los refugiados y a las personas que no están en su ciudad natal, a quienes se les niega la posibilidad de embarcar en los vuelos. Y algunas marcas como Nike han optado por aprovechar los tradicionales anuncios que se emiten durante la celebración de la Super Bowl para realizar críticas más o menos sutiles donde aluden al muro fronterizo con México y reivindican la diversidad.
Lo que en otras ocasiones podría haberse dirimido en reuniones a puerta cerrada y estrategias de lobby o grupos de presión, se ha convertido en activismo público y transparente. Pero ¿qué ha movido realmente a las corporaciones a esta reacción tan contundente?
Las motivaciones son seguramente de carácter diverso y a la convicción y el compromiso a favor de los derechos humanos y la equidad se une la necesidad de mantener el control de sus beneficios e intereses futuros salvaguardando, por ejemplo, su capacidad de atraer talento cualificado global o garantizando sus intereses económicos en un mercado abierto.
Sea por ética, interés o reputación, algunas compañías están asumiendo una mayor implicación pública (y política) en la sociedad, en un momento en que crece el empoderamiento y el activismo ciudadano a la par que se produce un retroceso de la confianza ciudadana en las instituciones y los negocios. Por primera vez en el barómetro de Confianza Edelman de 2017, la falta de confianza hacia las instituciones se extiende también a las élites empresariales.
Una ciudadanía, que exige mayor transparencia y compromiso, ha tomado el control de la reputación de las compañías, reclamando una actitud ética y de compromiso social; y ya no acepta su indiferencia o neutralidad ante las necesidades o los problemas que afectan a la sociedad. Las reglas han cambiado y ya no es posible mantener la posición en el mercado, sin tener una posición en la sociedad. Los ciudadanos reclaman a sus empresas una ciudadanía corporativa que supere la defensa exclusiva de la cuenta de resultados para generar valor a largo plazo y adquirir un compromiso social. Las marcas o son sociales o no serán.
Esta apuesta no está exenta de riesgo para la reputación y el negocio de las empresas decididas y valientes. Hay muchos consumidores estadounidenses que votaron a Trump y podrían reaccionar en contra de las compañías que expresen su disconformidad con sus políticas. De hecho, el propio Starbucks ha tenido que asumir el boicot de los afines al Gobierno por sus posicionamientos a favor de los refugiados. Por otro lado, no siempre van parejos los intereses de los clientes y los de los accionistas.
Pero el cálculo ya no es táctico. Es estratégico. Las empresas norteamericanas están implicadas, abiertamente, en la oposición al presidente empresario. La libertad está amenazada y, con ella, también la libertad de empresa y de comercio. Este es el desafío.
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