¿Distribución eléctrica a manos públicas?

La demostrada incapacidad de proveer un servicio de calidad por parte de una empresa privada extranjera es una oportunidad para repensar la privatización de servicios públicos monopólicos.
Pienso que es conveniente la asociación público privada, también la concesión a privados de
la gestión de algunos servicios públicos, con las debidas regulaciones. Pero tal política tiene un límite: la seguridad del país y el funcionamiento de sus funciones esenciales. 

---

Debemos preguntarnos si es posible seguir con esta débil capacidad estatal de ejecución y confiar casi dogmáticamente en algunas empresas privadas para atender situaciones críticas en un país sometido a un creciente número de desastres naturales.

Surge la legítima duda de la conveniencia de delegar una actividad crítica a empresas extranjeras cuya lógica no es la calidad del servicio, sino la utilidad del negocio. Esta empresa se ha transado en el mercado internacional y, como resultado, la compañía española propietaria de Chilectra la vendió a una compañía italiana, ENEL, siguiendo sus intereses financieros, ajenos a los intereses de Chile.
¿Qué ha pasado con la distribución eléctrica en Santiago?
Son muchas las causas posibles del deterioro de estos días. Una es la insuficiente capacidad regulatoria y fiscalizadora de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. ¿Dispone la SEC de las atribuciones suficientes para fijar incentivos y sanciones que obliguen a realizar las inversiones necesarias para reaccionar a tiempo, ante eventos inesperados tan frecuentes en el país? Esta es una materia que debe revisarse de inmediato y proponer adecuaciones legislativas para hacer más eficaz la acción del Estado.
Otra razón es el abandono de su responsabilidad por parte de la empresa. Basta leer la sanción aplicada a ENEL por la superintendencia, que la acusa de falsear información de los hogares que se hallaban sin energía eléctrica o anunciar como resuelto un tema cuando no lo estaba. Simplemente mintieron, despreciando a la gente y a nuestras instituciones.
A ello se agrega la ineficiente gestión de sus ejecutivos. Esta empresa, según los antecedentes disponibles, desde que arribó al país ha procedido a reducir costos utilizando el expediente de la subcontratación del mantenimiento de sus redes. Lo ha dejado en manos de empresas que no necesariamente tienen la experiencia o el personal técnico preparado y suficiente para mantener para reaccionar de inmediato. Así lo han confirmado los dirigentes sindicales de las empresas eléctricas subcontratadas. Esto es un error de magnitud, que a mi juicio viola las normas regulatorias.
Yo tuve la dura experiencia, como ministro de obras públicas, de encarar la crisis a minutos de producirse el terremoto de febrero de 2010. Viví en carne propia la exigua capacidad y hasta la irresponsable actitud de las empresas privadas de electricidad, telecomunicaciones, agua e incluso las concesionarias de autopistas. No estaban preparadas, y actuaron días o semanas después que el Estado pudo hacerlo. Debemos preguntarnos si es posible seguir con esta débil capacidad estatal de ejecución y confiar casi dogmáticamente en algunas empresas privadas para atender situaciones críticas en un país sometido a un creciente número de desastres naturales. Los servicios críticos monopólicos se encuentran en manos de empresas públicas en muchos países desarrollados. El Metro de Santiago y Codelco son ejemplo de buena gestión cuando se les otorga las atribuciones correspondientes y se les permite competir. Chile no debe excluir la opción de gestionar a través de empresas públicas eficientes los servicios públicos críticos y monopólicos.