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Convenio UPOV 91 y la agricultura chilena: Seis puntos antes de la polémica

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Desde hace un par de semanas en las redes sociales se inició un intercambio de opiniones sobre la aprobación del Convenio UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales) y las consecuencias que esta decisión traería para pequeños y medianos agricultores chilenos. Hasta ahora el debate es primario. Se afirma que ingresarían al país semillas transgénicas, entre otros males. Para avanzar y evitar que se construyan mitos sobre el tema, acá seis puntos para tener presente, como un aporte para un debate informado:    

 
1. El UPOV no es consecuencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos ni del neoliberalismo. Entró en vigencia en 1968. Desde entonces ha tenido varias revisiones, la última en 1991. Chile firmó en 1996. Por lo tanto, aseverar que su aprobación se debe al TLC con EE.UU, no calza. Responsabilizar al neoliberalismo tampoco se ajusta con las fechas de creación del Convenio: en 1961 había poco ‘de eso’ en el mundo.
 
2. Monsanto y la producción de transgénicos. Sólo los países pueden ser firmantes de la UPOV, no las empresas. En la actualidad,  69 países son miembros, incluyendo algunos como China, Vietnam, o Bolivia, que difícilmente harían “lobby” a favor Monsanto. Todos los países europeos son miembros, y como se sabe, en Europa están prohibidos los transgénicos. La UPOV no les facilita la vida a las transnacionales en materia de organismos genéticamente modificados.
 
3. El Convenio establece cuatro condiciones para la protección de las especies. Cualquier agricultor o comunidad que haya generado una variedad puede invocarlas para resguardarse de una empresa nacional o transnacional que quiera obtener un título. Entre otras cosas, para solicitar protección, una empresa tiene que demostrar que la variedad que está buscando proteger es "nueva" y "diferente" a las existen, incluyendo, por ejemplo, a las que pudieran tener los campesinos o las comunidades rurales. Que se pueden burlar las disposiciones del Convenio por quienes tienen más poder, por supuesto, pero bajo ese argumento habría que presentar todas las leyes al Tribunal Constitucional, acción que anunciaron los senadores Quintana y Navarro, y la senadora Rincón sobre el UPOV.
 
4. Hay otros convenios y tratados internacionales que regulan algunos aspectos sensibles, incluyendo los derechos ancestrales de las comunidades campesinas que han seleccionado genes y variedades a lo largo de 10 mil años de agricultura. Por ejemplo, el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, el Convenio sobre Diversidad Biológica, o el Tratado de Recursos Fitogenéticos para la Agricultura. También hay bancos de germoplasma (genes) que almacenan las principales plantas cultivadas del mundo y sus parientes biológicos silvestres; bancos protegidos por organismos públicos nacionales e internacionales, normados internacionales, que aseguran el libre acceso de cualquier persona u organización a todos esos genes. Si una persona natural o Monsanto recibe una muestra de semillas (o genes) queda legalmente obligada a dar continuidad a las reglas y normas del tratado internacional bajo el cual existe esa variedad de planta, incluyendo limitaciones a la comercialización que se pueda hacer con los genes recibidos.
 
5. Se argumenta que Erick von Baer concurrió al Congreso para hablar a favor de la aprobación del Convenio. Es absurdo que los opositores a la firma del Convenio digan que con esto se favorece a las multinacionales, y que al mismo tiempo, manifiesten sus críticas a la única empresa nacional (Semillas Baer) que hace competencia a esas mismas trasnacionales en Chile. Al revés, habría que ver cómo apoyar a esa empresa (y al INIA, que es el segundo competidor) para que tenga más fuerza ante las grandes empresas globalizadas. 
 
6. ¿Y tiene razón Erick von Baer al estar a favor de un Convenio que refuerza la protección legal a sus variedades? Claro que sí. Las empresas transnacionales no despojarán a las comunidades campesinas chilenas de sus variedades de semillas, porque las semillas originarias del país ya están en los bancos públicos de germoplasma. Si Monsanto, o cualquier persona quiere dicho gen, basta escribir una carta al banco y pedirlo. El gen lo tienen que entregar. Lo que las empresas transnacionales sí podrían pretender, es una variedad mejorada pero no legalmente protegida de semilla, que haya sido -por ejemplo- creada por una empresa nacional como Semillas Baer o por el INIA. Si Chile no le da protección legal, entonces es fácil que una transnacional la reproduzca y la proteja, pero en otro país, y Chile no tendría nada que reclamar, porque no es parte del Convenio.
 
* Julio Berdegué es Doctor en Ciencias Sociales e investigador de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
** Lee también el contrapunto de la senadora Ximena Rincón sobre este mismo tema en "La privatización de la semilla campesina" 
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26 de mayo

Estimado Dr Berdegué,
felicitaciones por la claridad de su exposición en un asunto con muchos aspectos complejos, incluyendo las implicancias biológicas, sociales, comerciales, y de seguridad alimentaria, además de aclarar y desmitificar la venta de pomada con la cual algunas personas asocian automáticamente los aspectos de producción de semillas y alimentos, con intereses de transnacionales cuestionadas como Monsanto.
Solamente quisiera enfatizar que la ley de organismos genéticamente modificados se encuentra para su discusión en el Parlamento, y que la ley para la ratificación de la UPOV91 claramente NO significa la venta del patrimonio genético chileno a Monsanto u a otras transnacionales.
Existe una red de bancos de Germoplasma en el mundo, y en Chile el responsable de cuidar dicho patrimonio es el INIA, con personal científico dedicado e instalaciones que cumplen los estándares internacionales para la conservación de las semillas, por decenios e incluso centenas de años. Es indiscutible la importancia de este patrimonio, en particular para las generaciones futuras, y para las condiciones de oscilaciones climáticas futuras, que dificultarán la producción de alimentos.
Por otra parte, los cultivos transgénicos aprobados en diversos países incluyen una lista importante de cultivares para alimentación y la producción de alimentos (ver http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/advsearch/default.asp?CropID=Any&TraitID=Any&DeveloperID=Any&CountryID=Any&ApprovalID=4). Adicionalmente, la Comunidad Europea, que ha sido presentada como crítica a estas biotecnologías, cuenta con los siguientes cultivos aprobados: Algodón, Maíz, canola o raps, papa, soya y remolacha (ver http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm). Esto significa que mediante un exhaustivo proceso de pruebas biológicas y analíticas, han determinado que dichos cultivos son igual o más seguros que un cultivo obtenido por mejoramiento tradicional, y no representan un riesgo a la salud. Hay muchos mitos urbanos respecto a los transgénicos, y una gran necesidad de que al igual que los alimentos ricos en sodio o azúcar deban ser rotulados, un alimento procesado que contiene compuestos obtenidos de un cultivo transgénico debería estar indicado en el envase. La discusión es compleja, pero hay que sincerarla respecto del uso de las biotecnologías, sus beneficios, y riesgos, puesto que se difunden muchos argumentos carentes de bases biológicas y científicas, respetables por cierto, pero basados en otro tipo de acercamientos, cosmovisiones, filosofías y creencias.
Lamento además, que se personalicen las críticas en un mejorador como el Sr von Baer, quien ha trabajado durante mas de 30 años en desarrollar variedades locales, actividad de muy largo plazo y bajo apoyo estatal.
Finalmente, el desafío como investigadores es generar una estrategia que posibilite que las comunidades que no tengan acceso a financiamiento puedan realizar mejoramiento, y que puedan registrar sus materiales y así impedir que éstos se pierdan o sean reemplazados. Aquí la tarea es gigante, ya que no existe la noción de que los aportes públicos y/o privados puestos en investigación representan una inversión como país, y constatamos que “the Chilean way” es un modelo que en investigación gasta <0.4% PIB. Si nos queremos equiparar a países que basan su economía en el conocimiento, tendremos que partir por superar las enormes barreras de la desigualdad y la distribución del ingreso, para asegurar derechos básicos y de calidad en salud y educación. Afortunadamente, nuestro país cuenta con grandes riquezas: su gente y la biodiversidad natural, por lo cual creo firmemente en que los desafíos se pueden transformar en oportunidades.

27 de mayo

Estoy complemente de acuerdo con lo planteado Julio, la verdad es que no queda mas que transparentar y desmitificar los tratados firmados para la proteccion de las variedades mejoradas y el trasfondo de las tecnologías como la transgenesis. De mas esta decir que si originalmente las autoridades tuviesen la capacidad de presentar las normativas de forma sencilla y concisa todo este tipo de confusiones se evitarían.
Es importante recalcar que como país se tomen los resguardos del caso y que los investigadores (como el mismo Andres) podamos aclarar y decantar información que es de difícil comprensión para las personas que no están directamente involucradas, en conclusión, catalizar el conocimiento para los científicos debe convertirse en un acto de decencia.

27 de mayo

Mientras leo al Sr. Berdegué me surgen ideas que bien pueden caber como cuestión general respecto a su artículo, y son las siguientes: la verdad no está del todo dicha, el camino que esboza puede conducirnos a ella, no comparto las visones tajantes pues me llevan a intuir alguna soberbia intelectual.
Referiré sólo al primero de los seis puntos que Ud. aporta “para mantener un debate informado”. Dice: “1. El UPOV no es consecuencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos ni del neoliberalismo. Entró en vigencia en 1968. Desde entonces ha tenido varias revisiones, la última en 1991. Chile firmó en 1996. Por lo tanto, aseverar que su aprobación se debe al TLC con EE.UU, no calza. Responsabilizar al neoliberalismo tampoco…”, etc., etc. Pues bien, no sé quien ha sostenido aquello, en esos términos, lo si que he leído es que hay una relación entre ciertos acuerdos internacionales y la adscripción de Chile al UPOV-91.
Más claramente, cuando Chile contrajo sus “acuerdos de comercio” con Japón y USA comprometió incorporarse al acuerdo de UPOV-91, eso es así. Dicho de otro modo, en los textos del Acuerdo de Asociación Económica (AAC) con Japón y en el Acuerdo de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, Chile compromete adscribirse a UPOV-91. Y, vale la pena recordar, ambos acuerdos fueron ratificados por el Congreso Nacional, vale decir, el país está obligado a honrar sus compromisos, lo que entiendo no está lejos de la relación que se hace de vincular este acuerdo UPOV y el TLC con Estados Unidos.

10 de junio

1. Es correcto que Chile adhirió el Convenio, pero en el Acta del año 1978 y no en la revisión del 91, lo cual hace una gran diferencia en contenido. Al hablar de revisiones estamos asumiendo que los integrantes del Convenio se “juntan” a discutir sobre la actualidad y dilucidar el cómo el Convenio debe adaptarse a los nuevos tiempos. Es posible decir, entonces, que este Convenio 91 es diferente al del 61, así como son diferentes las relaciones comerciales y políticas entre y dentro de los países. Probablemente el 61 no se hablaba de neoliberalismo, no lo sé, pero treinta años después (1991), ya se tenía claro el concepto, ya teníamos largos años de “Chicago boys”, especialmente en Chile, y firmamos, como dice usted don Julio, en 1996. las fechas me calzan perfectamente.
El TLC con EE.UU.establece de manera explícita, en el capítulo 17, artículo 17.1, número 3, letra a: “las Partes deberán ratificar o adherir” (01/01/2009), al Convenio; es decir, el Tratado sí obliga.
2. El tema no son los transgénicos, aunque eventualmente podrían serlo. El tema son las patentes en organismos vivos y, por ende, su propiedad, la cual nos conduce al monopolio u oligopolio de grandes empresas, porque eso son, transnacionales de un poder no bien dimensionado, que controlan el mercado… mundial(!) de semillas, plaguicidas y maquinarias, el paquete completo para los países llamados del “Tercer Mundo”, porque los campesinos franceses ya se tuvieron que parar por sus semillas, y parece que son más respetables que los indios, argentinos, paraguayos, etc., porque les resultó. Hablamos de Soberanía Alimentaria.
3. ¿Por qué una comunidad que ha guardado sus semillas, que se ha adaptado a las condiciones locales, seleccionando y cruzando, creando variedades de manera natural, durante años, cientos y miles de años, tiene que dar una pelea que no crearon ellos? La protección de la que usted habla, don Julio, es una nube de humo manejada por gente que jamás se ha ensuciado las manos con tierra. Basta un ejemplo, la apropiación de la quinoa (var. Apelawa), por la Colorado State University mediante la obtención de una patente sobre la identificación y uso de esterilidad masculina citoplasmática de la planta, para la producción de híbridos(patente US#5,304,718). Es decir, patentan un proceso biologico existente y, por extensión, son dueños de variedades de quinoa tradicionales. ¿Dónde está el resguardo?
4. Lamentablemente la aplicación de Tratados y Convenios depende de voluntades políticas y poder, el papel da para mucho. Ver número 3.
5. y 6. El señor von Baer es un buen aliado de las transnacionales, al fin y al cabo, él tiene la inscripción para Chile de la semilla de quinoa que menciono en el punto 3.

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