Las tremendas desigualdades territoriales, que son una expresión de injusticia social éticamente condenable porque en buena medida son el resultado de estructuras sociales y de reglas que perpetúan esas diferencias. No puede ser que en un país existan ciudadanos de primera y de segunda categoría y que esto sea perpetuado por el Estado y sus políticas públicas.
Ahora que tenemos Presidenta electa y luego de terminadas las fiestas de fin año, se hace indispensable ponerse a trabajar en los pasos que seguirá el nuevo gobierno para implementar su nutrida agenda de cambios y transformaciones que Chile requiere.
Chile es un país con niveles inaceptables de desigualdad, donde las brechas entre los territorios del país, son un componente muy importante del problema general. Preocupados especialmente por esta situación creemos que es fundamental en este nuevo ciclo político que Chile inicia abordar tres proposiciones fundamentales: Primero, que en el escenario político actual están dadas las condiciones para avanzar en superar la dimensión territorial de la desigualdad. Segundo, que la solución al problema no se va a encontrar en la proyección de la misma estrategia de regionalización y descentralización de las últimas décadas. Tercero, que hace falta una nueva agenda regional que ponga en común los recursos, capacidades y prioridades del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los municipios para construir una estrategia de largo plazo de desarrollo con cohesión territorial.
De esta forma, emerge la Nueva Agenda Regional para el Desarrollo que se hace cargo de una serie de debates e investigaciones que se han ido desarrollando en Chile en centros de estudios públicos y privados, nacionales y regionales sobre esta realidad de desigualdad territorial.
¿Por qué creemos que es imperativo avanzar en políticas que disminuyan las brechas sociales y avancen en cohesión territorial? Fundamentalmente por tres motivos muy distintos pero a la vez complementarios para que Chile sea un mejor lugar donde vivir:
Las tremendas desigualdades territoriales, que son una expresión de injusticia social éticamente condenable porque en buena medida son el resultado de estructuras sociales y de reglas que perpetúan esas diferencias. No puede ser que en un país existan ciudadanos de primera y de segunda categoría y que esto sea perpetuado por el Estado y sus políticas públicas. Estas desigualdades constituyen un obstáculo al desarrollo, en primer lugar de las personas, grupos y empresas que viven en los territorios rezagados, pero también al desarrollo general de nuestro país. Chile está perdiendo posibilidades de aumentar su crecimiento y mejorar su desarrollo. Esta situación ha generado en los últimos años movilización social y descontento ciudadano que al no ser considerado va debilitando la confianza en las instituciones y horadando el fortalecimiento de la democracia en el país.
Las aristas para hacerse cargo de este problema son variadas pero como es el momento de priorizar para gobernar hemos destacado cuatro de ellas:
Elección de intendentes o presidentes regionales por sufragio universal.
Transferencia de competencias desde los servicios de fomento productivo (Corfo, Indap, Sence, Sercotec y Sernatur) y del Serviu a los gobiernos regionales. De forma gradual, aunque completa y debe acompañarse por el traspaso de los correspondientes recursos materiales, presupuestarios y humanos.
Avanzar hacia la descentralización fiscal, generando la posibilidad de que existan impuestos de origen y destino regional, y estableciendo presupuestos regionales cuyo detalle vaya en la misma ley de Presupuestos que anualmente se discute en el Congreso.
Crear una ley un Fondo de Convergencia Regional que tenga por propósito la reducción de brechas en dimensiones como educación, salud, trabajo y género, estableciendo niveles mínimos de bienestar, ejercicio de derechos y acceso a oportunidades para todos los territorios.
Estas medidas no modifican de manera inmediata la lógica sectorial y centralista con que se diseñan e implementan la mayor parte de las políticas públicas en nuestro país, pero pensamos que sí son suficientes para dar inicio a un cambio político y cultural de envergadura, necesario para avanzar hacia un desarrollo con cohesión territorial. Tras ese cambio cultural, será mucho más factible pensar que medidas específicas para reducción de brechas sectoriales con presencia territorial. Para de esta forma, avanzar en equidad, en justicia social, en desarrollo y en democracia para Chile.
* Para conocer propuesta completa y análisis visite de Berdegué, Fernández y Mlynarz (2013)
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