Cuando se vive en regiones se entiende que el estándar con que se están explotando los recursos naturales está fuera de orden y que necesita ser replanteado totalmente, y que crecimiento no es desarrollo, si no simplemente el enriquecimiento de las empresas. Si algún logro ha obtenido el gobierno de la Nueva Mayoría, ha sido la magnífica política energética, que ha cimentado el camino para incursionar en el desarrollo de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y quien sabe en un tiempo acotado, tengamos la capacidad de transformarnos en un país líder en este rubro del futuro y podamos exportar tecnología solar y dejemos de entregar el desarrollo tecnológico a empresas foráneas y lo hagamos en Chile.
En la actualidad la intervención de las transnacionales en los territorios regionales se ha transformando en fuente de des-desarrollo y en el desmejoramiento de la calidad de vida de las comunidades al alterar su proyección de futuro. Pensando en lo que se viene desechando lo que fue, la importancia de desarrollar las ventajas comparativas del país, se hace más que urgente realizar un ajuste al modelo extractivista que impera en la actualidad. Es entendible que en los años 90 por la Paz Social y el Crecimiento económico, ante la incertidumbre por el miedo a fracasar en la naciente nueva democracia, se decidió la continuación de la herencia del modelo económico que dejó la dictadura y aceptar sin miramientos el lastre dejado por las grandes privatizaciones de las empresas del Estado (Corfo) y se decidió por la continuación más que por la reorganización del modelo y de esa manera apaciguar los ánimos para reactivar la alicaída economía.
En la actualidad la intervención de las transnacionales en los territorios regionales se ha transformando en fuente de des-desarrollo y en el desmejoramiento de la calidad de vida de las comunidades al alterar su proyección de futuro.
La efervescencia que eso suscitó en el mundo de las transnacionales para hacerse parte de la nueva democracia chilena y tener la posibilidad de acceder a los recursos naturales tan codiciados y en formato privado, vedados durante 19 años por el boicot comercial hacia la dictadura del gobierno americano por la ley Kennedy, no dio otra, que al llegar la democracia, en 1989, se transformaron en el gran botín de las grandes transnacionales del primer mundo y Chile en consecuencia, tuvo índices de crecimiento del 7% anual, todo un récord para un país subdesarrollado y nos transformamos por casi dos décadas en la joyita de Latino América.
En la actualidad esa visión de crecimiento que no tiene el desarrollo como objetivo social y productivo, es una forma del pasado en el mundo del futuro y lógicamente como le sucede a todo aquel que no tiene la capacidad de renovarse, entra en un estancamiento de base y como es natural el país ha entrado en una crisis existencial del modelo productivo de gran proyección y en muchos aspectos, que necesita ser replanteado como parte del proceso lógico hacia un Chile del futuro que avanza hacia el siglo 21. Lo que no es natural y está fuera de contexto, que no se entienda desde el mundo empresarial y político chileno, la necesidad de adaptar el formato a las nuevas exigencias de la sociedad y de la economía mundial del mundo globalizado, tomando en cuenta las nuevas circunstancias, que predisponen a tener que construir estrategias de cómo enfrentar el cambio climático desde una proyección productiva y económica que vaya en pos de la sustentabilidad, que obliga a cuidar el medio ambiente y entender que desarrollo no es otra cosa que mejorar la calidad de vida de la población y transformarlo en desarrollo con equidad.
Chile a pesar de ser un país que basa su economía en la extracción de los recursos naturales (extractivismo) la más simple y arcaica forma, que recuerdan más los tiempos de la colonización que el mundo actual, es miembro de la OCDE (Organización de países desarrollados, para la Cooperación y Desarrollo Económico. Organización intergubernamental de los 34 países más desarrollados del planeta que en su conjunto representan el 80% del PIB mundial). La invitación recibida por Chile, no fue más que una estrategia de la OCDE, para que las empresas de los países asociados pudieran desarrollarse en Chile en forma más expedita y sin tantas contradicciones, en un país que les permite obtener sustanciosas ganancia sin dar mucho a cambio.
En Chile para hacer más rentables la operación de las empresas transnacionales, se diseñaron leyes a la medida de los objetivos de las grandes empresas y así nacieron leyes como la de Medio Ambiente, de Pesca, Minera, Energética y Forestal y tantas otras leyes, que permitieron que las transnacionales pudieran bajo el resguardo de una ley de la república, hacer en el territorio nacional todo lo que no pueden hacer en sus países de origen y sin importarles el futuro de Chile.
El Estado no obliga a estas empresas a crear programas internos con sistemas de orientación y de gestión con compromiso social y ambiental, que garanticen las buenas prácticas empresariales y laborales. Gran parte de las empresas recurren a consultorías, auditorías y certificaciones poco transparentes y las reparticiones públicas hacen la vista gorda ante las malas prácticas y muchas veces se hacen parte de ellas, sobre todo en las evaluaciones de los Estudios de Impactos Ambientales (EIA) que permiten aprobar proyectos sin condiciones; como sucedió con HidroAysén, que se transformó en el gran icono de las malas prácticas.
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