El deseo de los habitantes de regiones distintas a la Metropolitana (o de, al menos, de grupos de actores representantes de sectores académicos y privados de ellas) por contar con más autonomía y recursos para enfrentar de manera más pertinente y oportuna los problemas que las aquejan y para promover el desarrollo de sus territorios basado en sus propias condiciones y objetivos, ha sido un tema de creciente interés que, al menos en el último tiempo, ha sido motivo de consideración especial dentro de los programas de Gobierno y, además, de compromiso político para abordarlo.
De los discursos y declaraciones que las autoridades políticas y parlamentarias realizan sobre este tema se puede desprender que, en general, avanzar en él concita consenso entre ellos. No obstante, si bien pareciera que existe este amplio acuerdo y voluntad, sumado a una serie de argumentos técnicos provenientes de estudios efectuados desde disciplinas tales como sociología, ciencia política y economía, formulados por expertos nacionales y extranjeros; aún no se han podido lograr avances en los temas más emblemáticos, tales como la elección directa de los intendentes (o de la máxima autoridad regional), traspaso de mayores funciones y atribuciones a gobiernos regionales y municipalidades y descentralización fiscal, especialmente en lo que se refiere a temas tales como capacidad de endeudamiento y de generación y manejo de ingresos propios. Además, me atrevo a afirmar que existe la percepción ciudadana que se ha hecho poco en relación al objetivo de lograr una “descentralización efectiva” (sea o que sea que eso implique).Entonces, ante un escenario como el descrito parece que ser válido hacerse la pregunta: “¿quién dice que no a avanzar en medidas como las señaladas?” o, en pocas palabras, “¿quién dice que no a la descentralización?”. Plantear esta interrogante me parece fundamental para poder conocer a quienes se oponen a la descentralización y a las razones que tienen para ello
Entonces, ante un escenario como el descrito parece que ser válido hacerse la pregunta: “¿quién dice que no a avanzar en medidas como las señaladas?” o, en pocas palabras, “¿quién dice que no a la descentralización?”. Plantear esta interrogante me parece fundamental para poder conocer a quienes se oponen a la descentralización y a las razones que tienen para ello. Esto no con el propósito de denunciarlos desde un punto de vista confrontacional o conflictivo, sino que para efectuar un debate de ideas que permita llegar a los acuerdos que sean necesarios para viabilizar el avance en los temas pendientes. Esto, además, implica generar una presión que haga que los detractores forzosamente deban presentar argumentos de calidad para sustentar su oposición y no, como podría suponerse, permitir que éstos se basen únicamente en la desconfianza con las capacidades subnacionales y/o en el erróneo temor a perder poder, como si este fuera un juego de suma cero o sus fundamentos estuvieran garantizados per sé y no dependieran en buena medida de la legitimidad que la ciudadanía le reconoce.
Para aprovechar y materializar la voluntad política que hoy en día han manifestado desde la Presidenta de la República hasta parlamentarios para avanzar decididamente en descentralización – especialmente aquellos agrupados en la llamada “bancada regionalista” – se requiere mantener el tema como algo prioritario dentro de la agenda pública, mediante la realización de actividades de discusión y debate y la manifestación de opiniones al respecto en distintos medios de comunicación; sin embargo, esto podría no ser suficiente, en la medida en que existan actores con poder que se opongan de forma soterrada a avanzar en ámbitos como los señalados anteriormente, los que sin duda son sensibles en cuanto a sus alcances, por cuanto implican modificar posiciones de poder o complejizar posiciones que hasta hoy en día han sido exitosas en el cumplimiento de sus objetivos, como ocurre con el caso del cuidado de la estabilidad macroeconómica del país, lo que ha sido destacada permanentemente por otros países y por organismos internacionales.
No obstante, ninguna de esas razones es ni puede ser suficiente para perpetuar las limitaciones y condicionamientos que la falta de descentralización provoca en las regiones y en los niveles subnacionales en general las que, tal como lo señalan permanentemente grupos organizados ligados al tema, al final conspiran en contra de la consecución de un desarrollo armónico y diversificado del conjunto del país.
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