Notas ciudadanas a propósito de las transnacionales

En nuestro querido y amado Chile, el 50% de la inversión productiva es realizada por las transnacionales, en temas tan relevantes y estratégicos como energía, minería, salmonicultura, pesca industrial, forestales. Lo que se pensó era una estrategia post dictadura para recuperar el tiempo perdido, lleva 35 años como piedra angular de la “estrategia de desarrollo” y lógicamente algo que se estructuró como pasajero ha terminado por coartar la capacidad de superarnos a nosotros mismos y pujado para que sigamos con el actual subdesarrollo y no logremos porcentajes más altos de independencia productiva y que eternamente sigamos controlados por intereses que no nos representan. Tanto ha sido así, que somos el único país del planeta que ha privatizado su industria nacional, el agua, el mar, los minerales, la salud y la educación.

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«Lo que se pensó era una estrategia pos dictadura para recuperar el tiempo perdido, lleva 35 años como piedra angular de la “estrategia de desarrollo” y lógicamente algo que se estructuró como pasajero ha terminado por coartar la capacidad de superarnos a nosotros mismos»

La inversión de las transnacionales en Chile han sido constantes y por mucho que digan lo contrario políticos y gobiernos de turno, no han sido una fuente de beneficio para buena parte de la población y se han beneficiado solamente los intermediarios, respondiendo el porqué nuestra sociedad tiene una de las mayores concentraciones financieras y una desigualdad social extrema. Si analizamos el desarrollo de las transnacionales en Chile, percibimos que son una fuente constante de agresión social, ambiental y cultural en regiones. Sus intereses producen conflictos sociales, culturales y ambientales y son la causa de mucha de destrucción territorial en cientos de comunidades, frente a la cual no pueden defenderse, al no contar con un Estado con la capacidad de defenderlos, por las relaciones asimétricas que tienen con los gobiernos de turno, con parlamentarios y con una constitución que protege los intereses de las transnacionales, a cambio que les otorguen beneficios económicos a los parlamentarios y que bajo la mesa financien gobiernos y partidos políticos.

La naturaleza de las transnacionales es distinto de lo que pretende el país ciudadano y la diferenciación se sustenta principalmente, en que las transnacionales quieren producir sin importar el costo social, cultural y ambiental. Invertir lo menos posible y ganar lo más posible, aunque signifique desarrollar proyectos con tecnologías del pasado y destruir la proyección de las regiones.

Las comunidades no son respetadas constitucionalmente y los políticos que dicen representar las regiones, su función bajo la mesa, es facilitarles la vida a las transnacionales a cambio de financiación. Como ejemplo de esta triste situación esta lo sucedido con HidroAysén; que usó como discurso de justificación, que Chile quedaría sin energía para consumo residencial si no se construía y que las ERNC eran una falacia. Contó con el respaldo de dos gobiernos; el de la Concertación de Michelle Bachelet y el de la Alianza por Chile de Sebastián Piñera y una serie de parlamentarios tanto de izquierda como de derecha. Cinco años después, las ERNC producen el 58 % de lo que pretendía producir HidroAysén y está proyectado que en otros cinco años más, el aporte de las ERNC será el total de lo que pretendía producir HidroAysén y todos estos intereses no les importaba destruir una región como Aysén con tal de favorecerse.

Las transnacionales se justifican a si mismas como sinónimo de progreso, prometiendo desarrollo productivo, transferencia tecnológica y la posibilidad de exportar productos y mejorar las condiciones de los trabajadores en comparación con las empresas locales.

Pero en la práctica nada de eso sucede y terminan manipulando la legislación vigente para sacar ventajas comparativas, propician la desigualdad social y transformándose en instrumento de presión en la fuerza de trabajo para bajar sus costos de producción. Debilitan la organización sindical, sobre explotan los recursos naturales, contaminan las regiones y son una herramienta de dominación económica y política. Se apropian de los recursos naturales para controlar los mercados exteriores, eliminan las empresas locales y hacen todo lo que no pueden hacer en su país de orígen.

En términos financieros, drenan las reservas por la excesiva remisión de las utilidades a sus orígenes, distorsionan la producción con tecnologías inapropiadas como el extractivismo y la hidroelectricidad para salvaguardar sus intereses y coartan la capacidad de darle valor agregado a los recursos naturales. Financian universidades y cursos de magíster y doctorados para imponer su ideología por un pseudo saber científico, determinando patrones de conocimiento que estimulan consumos poco adecuados y se inmiscuye en política interna.

Constitucionalmente las transnacionales en Chile no están reconocidas jurídicamente y poseen la nacionalidad de la casa matriz, utilizando con estos fines empresas de fachada para no pagar impuestos. Como ejemplo tenemos a HidroAysén que es Enel Italia; Energía Austral propiedad de GlenCore que es de origen Suizo y Origen-Energy de capitales Australianos; Alto Maipo del grupo Luksic con Aes Gener y Antofagasta Minerals y socios de Strabag de origen Austriaco.

Las transnacionales crearon el AMI (Acuerdo Multilateral de Inversiones) del cual Chile es miembro por pertenecer a la OCDE; estrategia desarrollada para favorecer la inversión extranjera en países subdesarrollados, garantizándoles a las transnacionales que sus ganancias sean intocables. Este acuerdo vigente desde 1995 en el marco de la OCDE, explican el porqué un país subdesarrollado como Chile fue incorporado a esta organización.

El AMI contempla medidas de eliminación de requisitos para los asociados y que las transnacionales no sean obligadas a contratar trabajadores locales, usar materiales nacionales y mantener las inversiones por un período mínimo de tiempo. Los gobiernos no pueden regular la entrada y salida de los capitales y dictar normas para desfavorecer la especulación financiera y los Estados no pueden expropiarse sus intereses.

Según el protocolo AMI, una ley de reducción de emisión de gases de efecto invernadero, la protección de los derechos laborales, pueden ser considerados como una expropiación de sus derechos y las transnacionales pueden demandar a los Estados por cortes eléctricos, por falta de control interno y por protestas de sus trabajadores por mejores condiciones laborales.

Chile de una manera u otra, se deben crear las condiciones para que obtengamos un relacionamiento armónico y balanceado con las transnacionales, si queremos sustentabilidad y desarrollo, y no solo crecimiento. Para ello debemos crear un marco regulatorio más certero. Si no, pasarán otros 50 años y seguiremos tan subdesarrollados como en la actualidad.