Era de esperarse, el problema de contaminación atmosférica de Coyhaique sería tema en tiempos de campaña electoral. Sin embargo, las ideas a veces no parecen ser las mejores. En ese sentido, la iniciativa de llevar gas desde Magallanes a Aysén como alternativa resulta, al menos, cuestionable: ésta es improvisada y no es sustentable.
Es improvisada dado que no se enmarca en ningún instrumento de planificación regional actualmente en ejercicio. En más de una oportunidad se han publicado columnas respecto a la falta de planificación para el desarrollo de la región, y en el caso de existir ésta ha sido desarrollada con carencias metodológicas, tales como participación ciudadana, evaluación ambiental estratégica, falta de indicadores objetivos de cumplimiento de metas, entre otros.
«No tengo dudas respecto a las buenas intenciones de quienes impulsan la iniciativa de proveer de gas magallánico a Aysén. Sin embargo, esta idea parece contradecir las aspiraciones regionales asociadas a sustentabilidad e independencia energética.»
Actualmente está pronta a publicarse la Política Regional de Energía. En una columna publicada en la revista “Electricidad” el año 2015, el SEREMI del ramo enunciaba los cuatro ejes prioritarios de dicha política con el objeto de reducir el precio de la energía: política regional, comuna energética, uso eficiente de la energía y recursos energéticos propios. Respecto a este último punto resulta de Perogrullo inferir que transportar gas desde Magallanes es justamente lo contrario a desarrollar recursos energéticos propios. En este sentido, ad portas de publicar el documento que consolida las directrices para la planificación energética regional, la idea parece contradecir un largo proceso para la elaboración de un documento que recopila el ideario regional energético para las próximas décadas.
Por otro lado, la idea de trasladar gas desde Magallanes tiene poco de sustentable. En términos económicos, utilizar gas requerirá no sólo de inversión para emplazar nueva infraestructura, sino también del diseño de programas de subsidio que permitan que el gas tenga precios competitivos con la leña. A modo de ejemplo, para el caso de Valdivia en los grupos socioeconómicos C2, C3 D y E, el consumo anual de leña equivale a 268.000 pesos, mientras que el costo anual de reemplazo por gas es de 1.222.000 pesos (Schueftan, Sommerhof & Gonzalez, 2016).
En términos sociales, en alguna columna anterior ya fue citado el caso de Bariloche, donde los subsidios para el consumo domiciliario de gas han derivado en un incremento en el uso de energía, desincentivando la eficiencia (Gonzalez, 2009). Por otra parte, se desconocen las consecuencias de extraer la leña desde la poco diversificada economía campesina. En una región con prácticamente nula actividad maderera, y con un stock de productos forestales no madereros aún incipiente, el valor de los bosques podría verse mermado, con la consecuente disminución de los precios de mercado de las propiedades rurales, en particular aquellas cubiertas con grandes extensiones de masas boscosas.
En términos ambientales, la iniciativa contradice todos los esfuerzos globales que Chile ha suscrito para desincentivar el uso de hidrocarburos. Resulta difícil de entender que, en una región rica en fuentes renovables, aún el 52% de la potencia instalada esté conformada por centrales diésel. Por lo tanto, resulta aún más difícil de entender una iniciativa orientada a aumentar la dependencia energética en fuentes fósiles. Por otro lado, la gran catástrofe vivida por el uso del fuego sobre el bosque nativo de Aysén hace menos de un siglo fue detonada por el escaso valor económico de sus bosques ya que, bajo economía de subsistencia, lo que no tiene valor es prescindible.
Dado lo anterior, ciertos sectores de la academia indican que en vez de medidas para reducir o eliminar el uso de la leña como combustible, es preferible diseñar políticas orientadas a la adopción de tecnologías de consumo más eficientes, manteniendo la leña como fuente primaria de energía, lo que incluso podría incrementar los beneficios económicos, sociales y ambientales (Reyes et al., 2015).
Ahora bien. El problema no está en el uso de recursos forestales para calefacción, sino en cómo éstos se consumen. Es necesario mencionar que la biomasa proveniente de bosques es carbono neutral, dado que el carbono emitido al momento del consumo fue fijado por los árboles durante su ciclo de vida. Y además se trata de un recurso renovable.
Para el caso Unión Europea, el año 2013 consumió energía proveniente desde recursos forestales equivalente a más de 73.000 toneladas de petróleo (AEBIOM, 2016). Tomando como referencia el caso europeo y desde la perspectiva del uso sustentable de los recursos naturales regionales, en vez de promover el abastecimiento de gas desde Magallanes (o desde donde sea), sería más recomendable incentivar el desarrollo de una alternativa energética basada en biomasa forestal para la producción de energía eléctrica, y para el desarrollo de sistemas de calefacción distrital. Para el caso de una central a biomasa para generación de electricidad, ésta podría ser emplazada fuera del polígono de restricción contemplado en el PDA de Coyhaique, en un lugar que presente condiciones de ventilación favorables. Aunque esta medida también requeriría de subsidios para hacer competitivo el precio de la electricidad para calefacción, esto permitiría disminuir el consumo de leña dentro de la ciudad a partir del uso de calefactores eléctricos, pero al mismo tiempo mantendría la demanda por recursos forestales como parte de la economía campesina, y centralizaría el control del consumo de éstos recursos en un solo centro, permitiendo mejorar la eficacia en la fiscalización asociada a la corta de bosque bajo planes de manejo aprobados por la autoridad pertinente. Además, incrementaría la potencia instalada regional alimentada con fuentes renovables.
No tengo dudas respecto a las buenas intenciones de quienes impulsan la iniciativa de proveer de gas magallánico a Aysén. Sin embargo, esta idea parece contradecir las aspiraciones regionales asociadas a sustentabilidad e independencia energética. En este sentido preferiría apoyar un PEDZE permanente que contemple medidas para descontaminar no sólo Coyhaique, sino también Pto. Aysén y Cochrane, y que además sean coherentes con instrumentos de planificación de largo plazo.
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