Descentralización: no más Dueños de Pueblo

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Donde eso de ser a amigo del “dueño del pueblo” no dé privilegios, sino que sea sólo reminiscencia de una realidad que es preciso ir ya dejando atrás.

Partamos de una premisa: La descentralización es un mecanismo institucionalizado para distribuir poder, propendiendo a que la titularidad de las decisiones recaiga en mayor medida en quienes son los afectados por ellas. Es, en el fondo, una demanda por más democracia.

Y es precisamente la democracia –a través de sus instituciones- la que se ve afectada cuando se instituyen escenarios óptimos para la generación de redes de influencia, por la vinculación cotidiana entre los mismos actores: cercanía por parentesco, amistad, relación laboral, social. En grandes comunidades esto puede no ser un grave problema (aunque bastantes estudios que así lo confirman existen en el país), pero en las de menor escala, sí que lo es. Y mientras más tiempo permanece una autoridad en una función, más espacio existe para que las legítimas relaciones humanas se conviertan en un elemento distorsionador.

Es por esto que restringir a un tiempo específico la duración de los cargos que no son de elección popular (en dichos casos se aplican técnicas como el límite a la reelección, el voto programático, la revocatoria de mandato), evita que se generen comportamientos sociales que interfieren con la correcta gestión de lo público en pos del interés general.

En el Estado, esta realidad ya fue asumida en las policías civil y uniformada, o en el propio Ejército, donde es común que sus principales directivos sean trasladados de territorio en territorio, a no ser que se produzcan situaciones muy excepcionales. Similar ocurre, en términos de acotados períodos de permanencia, en el caso de los ministros del Tribunal Constitucional, el Contralor General, el Fiscal Nacional. Igualmente aplica para quienes son designados por el sistema de Alta Dirección Pública, funcionarios que se mantienen en sus cargos por tres años con posibilidad de renovarse por dos períodos. Más aún, hemos visto que por motivos políticos muchos no alcanzan a durar el trienio, pero eso ya es asunto de otro artículo.

En el Poder Judicial esto es particularmente relevante. El más claro ejemplo son los ministros de las cortes de apelaciones, cuya permanencia en una misma jurisdicción puede durar décadas. Es este un período más que suficiente para concentrar poder en torno a un rol de crucial relevancia a nivel local, como hemos visto en diversos casos de alto impacto ocurridos en Aysén. Donde no es irracional pensar que algunos de los intereses en juego permeen las decisiones en uno u otro sentido.

Los casos relativos a HidroAysén y a la desaparición y muerte de 12 jóvenes en Puerto Aysén, son los primeros cuestionamientos que recuerdo. Cuando las redes de confianza y cercanía son públicas y notorias, y por un principio de transparencia y fe pública, se requiere que pares externos a la jurisdicción sean quienes administren justicia. No hacerlo, sólo aporta a deslegitimar un sistema que debiera incorporar internamente tales mecanismos, evitando que obligatoriamente provengan de una petición especial. La limitación de la permanencia en determinado territorio es una de ellas. Por cierto que hay aspectos logísticos involucrados, pero tal no debiera ser impedimento para reflexionar al respecto.

Esta discusión no es nueva. Tampoco apunta a casos particulares sino a principios consustanciales a lo que aspiramos sea la democracia: un sistema donde la titularidad de las decisiones esté distribuida y no concentrada en pequeños grupos. En teoría política tal escenario tiene un nombre concreto: oligarquía, que es el poder en pocas manos.

La idea es construir un país y una región donde se propenda al control colectivo y donde cada ciudadano tenga la posibilidad de ejercer la cuota de soberanía que le corresponde. Donde eso de ser a amigo del “dueño del pueblo” no dé privilegios, sino que sea sólo reminiscencia de una realidad que es preciso ir ya dejando atrás.