A partir de la aprobación de las leyes que permitirán la elección de los gobernadores regionales (boletín 11200-06) y de la relativa al fortalecimiento de la regionalización del país (7963-06), que transfiere competencias en materias de fomento productivo, desarrollo social y humano e infraestructura y transporte, además de incluir otras disposiciones que contribuyen al fortalecimiento de las capacidades de acción de los gobiernos regionales, se generan nuevas condiciones institucionales que podrían derivar en una virtuosa espiral de procesos y de demandas que desencadenen una mayor descentralización y un mayor empoderamiento de los gobiernos regionales y de las municipalidades.
Para que este largo anhelo, que ha sido expresado por diversos grupos de interés a nivel local y que también ha sido parte de las recomendaciones que, en más de una ocasión, han entregado organismos internacionales para Chile (como lo ha hecho recientemente la OCDE a propósito de productividad y desarrollo económico[1]), se dé de manera exitosa, se requiere complementar las condiciones institucionales señaladas anteriormente y generar otras de carácter social y cultural que permitan viabilizar su sostenibilidad política, económica y social en el tiempo.
Es por ello que, pensando en los componentes de una nueva agenda de descentralización y de desarrollo territorial, se considera que es necesario contemplar materias tales como las siguientes:
-Descentralización fiscal: como dice el dicho “el que pone la plata pone la música”. Esto se ha expresado en bajos niveles de autonomía y de participación en la inversión pública total, lo cual sitúan al país en los últimos lugares dentro de los miembros de la OCDE, en este ámbito.
En el escenario descrito, sin duda este será uno de los temas más relevantes en los que se requiere avanzar. Materias tales como aumentar los recursos de libre disposición, dar mayor flexibilidad presupuestaria, permitir el endeudamiento para proyectos de inversión (no para gasto corriente), generar mecanismos que permitan mejorar el vínculo entre planificación e inversión regional y establecer normas de responsabilidad fiscal subnacional aparecen en el horizonte como de especial interés.A partir de la aprobación de las leyes que permitirán la elección de los gobernadores regionales y de la relativa al fortalecimiento de la regionalización del país, se generan nuevas condiciones institucionales que podrían derivar en una virtuosa espiral de procesos y de demandas que desencadenen una mayor descentralización y un mayor empoderamiento de los gobiernos regionales y de las municipalidades.
-Fortalecimiento de capacidades de los consejeros regionales, en su rol de “parlamentarios regionales”, se requiere apoyar su labor a través de acciones de capacitación y de dotarlos de equipos de soporte que los asesoren técnicamente en el análisis y tratamiento de los diversos temas que pasan por ello, así como también que les entregue mayores herramientas para impulsar temas de interés local o regional.
-Establecimiento de mecanismos prácticos que permitan una adecuada relación entre el Gobernador Regional y el Delegado Presidencial, es decir, entre los niveles descentralizados y desconcentrados que tendrán competencias sobre el mismo territorio. Esto cobra importancia en el entendido que el proceso de traspaso de competencias será paulatino y sobre algunas materias específicas, como ya fue señalado, por lo que necesariamente se requerirá de capacidad de articulación y sinergias entre ambos niveles para promover el desarrollo local y regional.
-En el ámbito operativo, temas tales como generación de modelos de gobernanza e instrumentos de gestión y financiamiento territorial para efectuar intervenciones a nivel meso y macroregional (incluyendo a actores privados y de las comunidades involucradas); junto con el desarrollo de incentivos para atraer, insertar y retener talentos en el aparato público regional y municipal y la generación de instrumentos que permitan incrementar la articulación entre los gobiernos regionales y las municipalidades para complementar esfuerzos en temas de interés común (entre otros), irán cobrando progresiva relevancia como forma de hacerse cargo de las crecientes y diversas complejidades que están ligadas a los procesos de desarrollo territorial.
-En lo económico, un tema relevante puede ser la atracción de empresas a regiones, a través de incentivos que sean capaces de abordar las diversas complejidades que están asociados a esto, tales como infraestructura, equipamiento, personal calificado y servicios, entre otros.
-Junto con ellos, la promoción de medios de comunicación regionales, el fortalecimiento de la sociedad civil regional y la promoción de liderazgos regionales que sean capaces de asumir la conducción del desarrollo de sus territorios, también son asuntos que podrían ser considerados dentro de la política de descentralización. Esto también como una forma de potenciar las culturas regionales y su reconocimiento en la gestión territorial.
Para que estos temas y otros adquieran relevancia en la agenda pública, se requiere que los grupos de interés que han estado promoviendo estos temas (especialmente desde la bancada regional de parlamentarios, fundaciones y de universidades y centros de estudios) continúen su labor de posicionamiento de manera transversal y técnicamente fundamentada, para así también enfrentar a los detractores explícitos e implícitos que históricamente han existido y, probablemente, seguirán existiendo.
[1] Contenidas en el documento disponible en este enlace
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