En la actual coyuntura electoral, los candidatos hasta el momento no han propuesto mucho para romper el círculo vicioso de la descentralización. ¿Estarán disponibles para crear un Fondo de Convergencia Regional para apoyar el desarrollo de los territorios más rezagados? ¿O para establecer un impuesto de beneficio municipal y regional a aquellas actividades que por su naturaleza generen externalidades negativas en el territorio donde se ubican? ¿O, al menos, a aumentar el peso relativo del presupuesto de inversiones de los gobiernos regionales respecto de la inversión pública total que hoy llega sólo a 15%?
En Chile es urgente un desarrollo territorial más equitativo. Los indicadores socioeconómicos, aunque muestren resultados relativamente positivos en promedio, esconden la realidad de los territorios rezagados. Un desarrollo territorial más equitativo requiere del empoderamiento de los gobiernos sub-nacionales para que puedan prestar mejores servicios a sus respectivos ciudadanos. Este empoderamiento requiere de transferencia de competencias, pero también de recursos para poder ejercerlas.
La transferencia de recursos desde el gobierno central hacia los gobiernos sub-nacionales muchas veces se obstaculiza por razones políticas, ya sea porque el centro no quiere transferir poder, o porque actores locales poderosos temen la competencia que pueden implicar autoridades locales con mayor capacidad de acción.
Pero la transferencia de recursos hacia los gobiernos sub-nacionales también se ve acotada por argumentaciones técnicas, en especial referidas a que avanzar en descentralización fiscal podría poner en riesgo la salud de las cuentas fiscales agregadas del país. Sin desmedro de que esta razón técnica muchas veces se use como pantalla de las razones políticas, no puede desconocerse que la experiencia internacional, y la latinoamericana en particular, muestra casos de descentralización fiscal como sinónimos de insostenibilidad. No obstante, también existen experiencias exitosas, que muestran que la insostenibilidad fiscal se produce más por débiles arreglos institucionales y baja rendición de cuentas, que por el hecho mismo de descentralizar. Por lo tanto, es posible avanzar en Chile en la senda de la descentralización con responsabilidad fiscal.
Esto plantea el desafío de romper el círculo vicioso de la descentralización, en el que gobiernos sub-nacionales con pocos recursos y bajas capacidades institucionales no pueden legitimarse ante la ciudadanía ni ante el gobierno central, por lo que este último es reacio a otorgarles derechos sobre más recursos, limitando así su capacidad de desarrollo.
El círculo vicioso es difícilmente reversible si es que los gobiernos sub-nacionales no hacen esfuerzos por mejorar su imagen ante los ciudadanos en términos de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas. Esto es también indispensable para que el poder político central esté dispuesto a avanzar en la descentralización.
En la actual coyuntura electoral, los candidatos hasta el momento no han propuesto mucho para romper el círculo vicioso de la descentralización. ¿Estarán disponibles para crear un Fondo de Convergencia Regional para apoyar el desarrollo de los territorios más rezagados? ¿O para establecer un impuesto de beneficio municipal y regional a aquellas actividades que por su naturaleza generen externalidades negativas en el territorio donde se ubican? ¿O, al menos, a aumentar el peso relativo del presupuesto de inversiones de los gobiernos regionales respecto de la inversión pública total que hoy llega sólo a 15%?
Después de todo, 10 millones de chilenos viven en regiones distintas de la metropolitana, y algo querrán escuchar al respecto a la hora de decidir su voto.
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