Como expuse en el último párrafo de mi columna anterior, Seguridad en los estadios: ¿problema público o privado?, “… la violencia en los estadios es un problema tanto del ámbito público como el privado, no es exclusivo sólo del organizador o de la Intendencia. Mientras se trabaje coordinadamente se producirán mejores resultados”. Eso es justamente lo que ha fallado. La prevención de la violencia, el resguardo del espectáculo y garantizar la seguridad de los espectadores son responsabilidad de las autoridades nacionales y regionales junto con el organizador, mediante la coordinación y el diálogo. Es impresentable que desde la finalización de la Copa América hasta el inicio de la Copa Chile se retroceda tanto ante los hechos de violencia. En lo que va de la copa ya se han registrado por lo menos cuatro situaciones, siendo los más críticos los partidos de Santiago Wanderers vs Everton de Viña del Mar y el de la Universidad de Chile vs Rangers de Talca.
Tanto las autoridades públicas como los privados son responsables, no de la violencia, sino del resguardo de la seguridad y la prevención de faltas y delitos dentro de los estadios. La culpa es compartida, aunque más grave es la carencia de diálogo y coordinación.
Estadio Seguro culpa al organizador, el organiador culpa a las autoridades gubernamentales apuntando a la falta de voluntad para resolver el problema. ¿Entonces quién es el responsable? La culpa es de quien autorizó los encuentros sin prever los resguardos suficientes (Intendencia, ANFP). Está claro que el público que frecuenta el torneo nacional no es el mismo de la Copa América, por lo tanto, se debieron tomar medidas distintas. Quedó de manifiesto que los estadios deben contar con rejas y que los guardias privados están siendo sobrepasados. Aún así, la responsabilidad también recae en el organizador. Un ejemplo fue el partido jugado en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, donde la empresa encargada de la seguridad no cumplió con las exigencias de la Gobernación Provincial, dotando el cuerpo de guardias con 55 personas de los 200 exigidos.
De esta manera, tanto las autoridades públicas como los privados son responsables, no de la violencia, sino del resguardo de la seguridad y la prevención de faltas y delitos dentro de los estadios. La culpa es compartida, aunque más grave es la carencia de diálogo y coordinación. Por más discusión pública y legislativa sobre temas como la violencia, el rol de Carabineros, las facultades de los árbitros e intendentes, poco se avanzará si los actores no se alinean tras el objetivo de homologar el público de la Copa América en el Campeonato Nacional.
Por último, la nueva legislación de violencia en los estadios estableció derechos y deberes en el fútbol profesional, pasando desde un enfoque de la violencia y lo prohibido hacia la convivencia y lo permitido. Entonces, ¿es la forma correcta de enfrentar el problema?, ¿hay que ser pacientes y esperar a que funcione?, ¿está fracasando este nuevo enfoque?, ¿cuántas versiones deberá tener la ley para evidenciar algún avance? Se puede especular que se elaboró como señal de resguardo y seguridad teniendo de remitente a la CONMEBOL, siendo prioridad la Copa América. ¿Se pensó realmente cómo funcionaría en el fútbol nacional? Ante los hechos la respuesta pareciera ser negativa.
Comentarios
21 de julio
El problema es que a ambas partes les conviene que sigan los destrozos en estadios y «castigar» a los clubes. Los equipos dejarían de contratar la seguridad exigida por la ley, las autoridades ganan ya que su imagen mejora al «castigar» estos actos de violencia y las supuestas medidas que están tomando y de pasadita ganan los canales privados y los mismos empresarios de siempre ya que uno debe suscribirse a CDF para ver tranquilo un partido.
A mi juicio es ahí el va y viene de la pelota entre privados y gobierno.
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