En el contexto de la votación del proyecto que modifica la ley 19.327 de violencia en los estadios, cuyo objetivo es erradicar la violencia, resguardar la seguridad de los asistentes e incentivar el fútbol como espectáculo familiar, se debe intentar aclarar cuál es el límite en lo público y lo privado. Y digo intentar ya que es difícil definirlo cuando, por ejemplo, el Estado financia construcciones de estadios que se destinan a la realización de copas internacionales que dejan ganancias privadas, y colateralmente fiscales.
El fútbol es un espectáculo privado altamente lucrativo que se organiza por privados, pero que impacta al espacio público. Es más, los recintos deportivos jurídicamente pertenecen a municipios, y aunque están destinados a uso público son entregados en comodato a clubes privados. Sólo cinco equipos son propietarios del estadio en que hace de local: Colo-Colo, Unión Española, Universidad Católica, Huachipato y O’Higgins.La labor de la policía uniformada se enfoca en el orden público, por lo tanto, no debe tener presencia masiva en los estadios, y de tener, debe ser en el exterior.
No se entiende por qué el Estado subvencione un espectáculo privado a través de funcionarios públicos. Y en esto desarrollo el primero punto: la función de Carabineros. La labor de la policía uniformada se enfoca en el orden público, por lo tanto, no debe tener presencia masiva en los estadios, y de tener, debe ser en el exterior. Son los organizadores privados quienes deben garantizar la seguridad a través de guardias, al igual que cualquier otra productora de eventos masivos, sin perjuicio del actuar de Carabineros en caso de ser sobrepasados.
Pese a que la ley vigente responsabiliza a los clubes por la seguridad dentro de los recintos deportivos, Carabineros sigue velando por la seguridad por sobre los guardias privados. A modo comparativo, en 2014 el partido de Colo-Colo vs Universidad Católica en el Estadio Monumental, contó con 400 guardias privados y con 525 carabineros, en cambio el concierto de Metallica en el mismo recinto desplegó 310 guardias privados y 211 Carabineros. En el mismo año, el duelo de Universidad Católica vs Universidad de Chile en el Estadio San Carlos de Apoquindo, la seguridad interna se resguardó con 135 guardias privados y 381 Carabineros, no así, en Lollapalooza donde la cantidad de guardias fueron 380 y de Carabineros 234. La fuerza policial que resguarda los eventos masivos no futbolísticos es significativamente menor a los de los guardias de seguridad, por lo tanto, en otro tipo de eventos los organizadores y productoras sí se hacen responsables de la seguridad durante el espectáculo.
Por otra parte, el proyecto destaca el rol de la policía para supervigilar el cumplimiento de la ley, entendiendo que Carabineros tendría la facultad de infraccionar y comunicar las faltas a la autoridad competente, constituyendo un avance a favor de la institución.
Aun así, como la seguridad en los estadios pasará a los guardias privados, debería existir un reglamento que regule la seguridad privada, y obviamente, que esté al nivel de combatir la violencia. Los guardias deberían contar con indumentaria de acuerdo a su labor con el objetivo de proteger físicamente (chalecos especiales, cascos) y normativamente sus labores.
Si bien es ideal que la seguridad pase de Carabineros a los guardias privados, dada la idiosincrasia y la cultura, el respeto hacia la policía es superior, por más capacitación que se les hagan a los guardias. Es un problema grave a solucionar. No pasa por quién vigila, sino por la educación de los espectadores.
Otro inconveniente es la carencia de un plan de acción ante situaciones donde peligra la seguridad en los estadios. Mínimo debiese existir un jefe de seguridad en cada club que trabaje en coordinación con el Intendente o el árbitro. Hoy en día esto está saldado ya que el jefe de seguridad es Carabineros.
El segundo punto que expongo es la labor del Intendente para controlar la seguridad pública. El fútbol no es una actividad aislada, a pesar de ser organizada por privados, impacta el espacio público. La actual ley de violencia en los estadios contempla las atribuciones que los Intendentes necesitan para resguardar la seguridad pública: suspender un encuentro, reprogramarlo o darlo por finalizado siempre que ésta peligre. Es un avance en el resguardo ciudadano que al Intendente se le entreguen dichas facultades.
Los organizadores deben preocuparse e invertir en seguridad. No obstante, hay circunstancias que pueden ser tratadas por guardias, mientras que en otras se requiere la intervención de Carabineros. Se debe trabajar en conjunto ya que la violencia en los estadios es un problema tanto del ámbito público como el privado, no es exclusivo sólo del organizador o de la Intendencia. Mientras se trabaje coordinadamente se producirán mejores resultados.
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