Un año de la ´Ley del 20%`. El primer paso de un largo camino por recorrer

La ley 19.928 buscaba hacerse cargo de los problemas que se vislumbraban a mediados de la década pasada, respecto a la baja producción de obras musicales nacionales, su escasa difusión en los canales de comunicación masivos y las reducidas posibilidades de exportar las obras musicales chilenas para posicionarlas en el mercado internacional. De esta forma, junto con la promulgación de la ley se creó el Consejo de Fomento de la Música Nacional (CFMN), dentro del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), cuyas funciones principales consisten en administrar fondos concursables y premios a nivel nacional que estimulen la creación, así como asesorar al director del CNCA en cuanto a políticas de fomento de la música, otorgar becas de estudios, organizar festivales y seminarios y otra serie de medidas detalladas en el acta de promulgación de la ley, así como también estableció la creación del Fondo para el Fomento de la Música Nacional, que a través de concursos públicos buscaría contribuir al financiamiento de la creación y difusión de obras musicales nacionales.

---

El camino es largo, pero al menos como país ya empezamos a recorrerlo, es de esperar que sigamos por la senda adecuada discutiendo nuevas modificaciones que apunten a estas necesarias mejoras para un sector de la población – los músicos – tan requeridos por los candidatos en tiempos de elecciones, pero completamente relegados al olvido una vez que éstas pasan.

Sin embargo, algunos trabajos y publicaciones, además de una gran cantidad de músicos, han propuesto que estas medidas no han sido suficientes pues la situación laboral de los músicos chilenos es sumamente precaria. El mismo Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en su “Política Cultural 2011-2016” reconoce la ausencia de contrataciones de músicos por parte de sellos multinacionales y el escaso financiamiento con el que cuentan para desarrollar y difundir su obra, mientras otros autores llegan más lejos en sus conclusiones argumentando que se requieren políticas públicas que no solo se enfoquen en la entrega de recursos a través de concursos, sino que también se hagan cargo de regular el trabajo artístico independiente en términos de jubilación, salud, condiciones laborales y contractuales y que posea una visión estratégica cultural para la difusión (Karmy y Brodsky y otros, 2013). Siguiendo a estos autores, la ley de Fomento a la Música Nacional tampoco ha cumplido con las expectativas de difusión que se propuso, pues no ha influido significativamente en el desarrollo de una industria musical nacional ni ha sido demasiado relevante su impacto en la exportación de artistas y obras musicales para su posicionamiento en el extranjero, lo que redunda en las paupérrimas condiciones laborales actuales de los músicos chilenos que estos investigadores describen en su estudio.

En Abril del 2015, tras una larga discusión en el parlamento, se aprobó una modificación a esta ley que incluye la obligación a las radioemisoras chilenas, so pena de multa, de incluir al menos un quinto (20%) de música nacional en sus programaciones diarias, estableciendo además que este porcentaje no puede concentrarse en horario nocturno, es decir entre 22:00 y 6:00 hrs. Esta modificación a la ley 19.928, que también exige que un 25% de ese quinto corresponda a música emergente, no estuvo exenta de polémica; por un lado, los dueños de las radioemisoras agrupadas en la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) sentían que se vulneraba su libertad editorial, mientras que algunos músicos chilenos, apoyados por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD), consideraron la medida como un paso relevante para la difusión y puesta en valor de la música nacional en un espacio – la radio – entendido por ellos como un agente primordial para la difusión de la música. Esta percepción puede ser respaldada por estudios como el realizado por el CNCA el 2012 (ENCUESTA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN Y CONSUMO CULTURAL), el Consejo de la Radiodifusión y las Telecomunicaciones de Canadá (CRTC) también de 2012 o el encargado a Adimark – GFK por la SCD el 2013, que concluyen que aún en tiempos de pleno auge de internet, la radio sigue constituyéndose como un vehículo fundamental para escuchar y conocer nueva música para las grandes audiencias.

Tras la aprobación de esta modificación se han abierto nuevos debates y han surgido otras demandas desde los músicos hacia el Estado, pero sobre todo después de un año de la modificación que algunos llamaron la “ley del 20%”, surgen las primeras cifras que permiten ir haciéndonos una idea del real alcance que ésta ha tenido y cuánto caso han hecho las emisoras a esta medida, cuya primera carencia es la ausencia de un organismo estatal que la regule, pues si bien la SCD posee la tecnología para monitorear lo que transmiten las radios nacionales, no tiene la autoridad para ejercer presión o aplicar las penas correspondientes a las radios que no cumplan, así que todo queda un poco a la buena fe de los directores y programadores de las radios.

Para partir por lo positivo, podemos decir que existen algunas emisoras que se han “aprovechado” de esta ley para incluso sobrepasar la cuota exigida en sus programaciones, entendiéndolo como una oportunidad inédita de abrir espacios a los artistas menos conocidos de la escena nacional. Radios como USACH, Futuro, Beethoven o UFRO de Temuco, llegan al 30 o 35% de contenido nacional en sus programaciones y han creado nuevos programas en donde además invitan a los artistas a tocar en vivo, permitiendo que grandes audiencias tengan acceso a material que hasta entonces resultaba oculto. Al mismo tiempo, la misma SCD ha reconocido el alza sostenida en la presencia de músicos chilenos en la programación de la mayoría de las radios, que si bien por un lado incentiva a que suenen aún más los que ya sonaban (Los Vásquez, Noche de Brujas, La Ley, Los Prisioneros, por nombrar algunos), también tiene el efecto que sobre todo en las radios cuya línea editorial es más específica, aparezcan nombres que hasta ahora habían estado alejados de los medios masivos de difusión.

Lo no tan positivo para los intereses de los músicos nacionales es que a pesar de la puesta en marcha de la ley, varias radios sobre todo de corte anglo, no han cumplido con las expectativas de inclusión o han echado mano al material más conocido del catálogo chileno en una actitud pasiva y reticente sin mucha posibilidad de fiscalización o aplicación efectiva de las multas establecidas. Además, el mejoramiento en las condiciones de trabajo y de vida que estaba a la base de la lucha que llevaron adelante músicos organizados para que se promulgara esta ley, no ha sucedido pues aún son muchas las instancias de difusión de música que no tienen regulación estatal y que están completamente en desmedro de los artistas nacionales versus los extranjeros pertenecientes a grandes productoras o sellos internacionales.

Los grandes festivales privados, por ejemplo, los programas de TV y producciones audiovisuales y los conciertos de artistas extranjeros aún incluyen muy pocos músicos chilenos en sus realizaciones, a diferencia de otros países latinoamericanos como Argentina, Colombia, Brasil o México que poseen leyes al respecto. La poca inversión estatal en grandes festivales gratuitos y el rol subsidiario que ha caracterizado al CNCA con su política de fondos concursables para la difusión de la cultura, y en especial la música, siguen demostrando que en Chile la cultura aún no se ha entendido como una prioridad de construcción democrática y participativa que crea identidad, sino que, en la lógica neoliberal, la ha transformado también en un bien de consumo, más ligada al espectáculo y que se licita a corporaciones extranjeras que deciden qué escuchar y quiénes pueden acceder a ciertos artistas y géneros a través de una segregación de mercado, tal como se hace para vender detergentes o zapatillas. O, en el mejor de los casos, se licita a artistas nacionales que cumplen con criterios comerciales adecuados según el jurado designado a dirimir en los concursos, dejando lo artístico en segundo plano.

En síntesis, la llamada “ley del 20%” efectivamente contribuyó en este último tiempo a que artistas hasta ahora marginados de la difusión radial hayan debutado en emisoras importantes permitiendo que nuevo público acceda a su trabajo; y es de esperar que siga la tendencia que varias radios han demostrado de incluso ir más allá del cuotaje obligatorio y abrir programas para que los músicos toquen en vivo. Sin embargo, dejando de lado la enorme deuda que existe con los músicos chilenos en cuanto a legislaciones que regulen sus relaciones laborales, pensiones, salud, vivienda, etc, también queda mucho por hacer desde el Estado en lo estrictamente referido a difusión de producción musical nacional, que no sólo se alcanza generando leyes de obligatoreidad, sino también como lo han demostrado otros países, a través del beneficio tributario y los incentivos monetarios para quienes producen y difunden música creada y/o interpretada por chilenos. El camino es largo, pero al menos como país ya empezamos a recorrerlo, es de esperar que sigamos por la senda adecuada discutiendo nuevas modificaciones que apunten a estas necesarias mejoras para un sector de la población – los músicos – tan requeridos por los candidatos en tiempos de elecciones, pero completamente relegados al olvido una vez que éstas pasan.