Violencia policial, orden público y seguridad nacional

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Seguro se me acusará de estar «defendiendo a los encapuchados» una vez más. O que – como dijo una diputada – queremos que Carabineros «les tire confetti a los delincuentes». Lejos de eso. Quienes cometan delitos – en cualquier contexto, encapuchados o no – deben ser debidamente juzgados y sancionados. Carabineros realiza su trabajo en circunstancias muy complejas, y hay casos en que el uso de la fuerza por parte de las policías puede ser necesario, y existen estándares internacionales sobre la materia.

Hemos observado con alarma las imágenes del ingreso de Carabineros a la casa central de la Universidad de Chile. Estas imágenes impactaron a muchos, por muchas razones. El Ministro Andrés Chadwick y el Presidente Sebastián Piñera han defendido el actuar de Carabineros basándose en la existencia de un delito flagrante. Otros, incluyendo el rector de la Universidad, han refutado esto y han alegado la autonomía universitaria para cuestionar el ingreso de Carabineros al recinto.

Quiero salirme de esa discusión por un momento.

Lo que se vio en las imágenes que han circulado del actuar de Carabineros entrando a la universidad generan dudas que son absolutamente independientes de la pregunta acerca de si podían ingresar o no. Se ve a Carabineros pegándoles con sus palos a personas que están en el suelo. Se ve humo de gases lacrimógenos por doquier en un recinto cerrado, lo que aumenta la concentración de esas químicos.

Asumiendo por un momento que hubiera sido legítimo el ingreso de Carabineros a la Universidad, asumiendo incluso que es cierto que se lanzó una bomba molotov desde el interior, nada justifica la violencia que se observa en esas imágenes.

Un ejemplo. El uso de la fuerza por parte de Carabineros debe limitarse al mínimo necesario para lograr el objetivo. El objetivo, si la causa del ingreso era el delito flagrante, debiera ser detener únicamente a quien lo cometió, pudiendo quizá reducirlo en caso que se resista. ¿Cuál era el objetivo a conseguir pegándole una y otra vez a alguien que ya está en el suelo? ¿Cómo puede ser eso necesario para reducirlo o detenerlo? ¿Cómo podría eso ajustarse a la legalidad?

Otro ejemplo. Cuando recibí las primeras noticias de las manifestaciones en Turquía, parte de lo que se informaba como un hecho escandaloso era precisamente que se habían usado lacrimógenas y lanza aguas para dispersar a los manifestantes. Lamentablemente eso que parecía tan excepcional allá, es algo a lo que acá estamos acostumbrados, como si fuera lo más natural, después de cada manifestación. Y esto no afecta sólo a «los encapuchados», o a quienes cometen delitos, sino a todas las personas que se están manifestando pacíficamente.

Los gases lacrimógenos tienen  – o debieran tener – por fin dispersar un grupo que esté causando disturbios y que no haya sido posible dispersar de otra manera menos lesiva. Ya Carabineros nos tiene (mal) acostumbrados a un uso rutinario de lacrimógenas, de una manera que parece más represiva que disuasiva. Usarlas en contra de manifestantes pacíficos es desproporcionado. Usarlas en un recinto cerrado, donde no es claro para qué y hacia dónde se espera que se «dispersen» las personas, se sale de toda norma.

Lo más preocupante es que nada de esto son hechos aislados. Desde 2011 que estamos viendo periódicamente denuncias de episodios preocupantes de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Desde esa fecha que el Ministerio del Interior, repartición pública de la que depende Carabineros, no hace nada para evitarlo. Ha señalado consistentemente que no pueden intervenir porque sólo tienen competencia respecto de asuntos administrativos de Carabineros. Lo cual, por cierto, no ha impedido que el Ministro aparezca respaldando el actuar de Carabineros en diversas ocasiones.
Por otra parte, los protocolos sobre los cuales Carabineros basa su actuación en estos casos son desconocidos. Solicitados por transparencia, el Ministerio del Interior dijo no tenerlos y les derivó la solicitud a ellos. La institución luego los negó, señalando que entregarlos pondría en peligro la seguridad nacional. Por lo tanto, ¿cómo se reclama del actuar de Carabineros? ¿De qué hablamos cuando hablamos de seguridad nacional? La repartición de gobierno de quien depende se declara incompetente y no es posible saber bajo qué normas se rigen, como para poder reclamar su incumplimiento.

Si a esto se agrega que los incidentes de violencia policial, con frecuencia no tienen consecuencias para quienes los cometen, y si se judicializan, son vistos por la justicia militar – que no da garantías de independencia e imparcialidad – y usualmente absueltos, se completa un cuadro de impunidad que es un caldo de cultivo para que esto se repita indefinidamente y posiblemente en forma creciente.

Seguro se me acusará de estar «defendiendo a los encapuchados» una vez más. O que – como dijo una diputada – queremos que Carabineros «les tire confetti a los delincuentes».  Lejos de eso. Quienes cometan delitos – en cualquier contexto, encapuchados o no – deben ser debidamente juzgados y sancionados. Carabineros realiza su trabajo en circunstancias muy complejas, y hay casos en que el uso de la fuerza por parte de las policías puede ser necesario, y existen estándares internacionales sobre la materia.

El Estado tiene el deber de resguardar el orden público y la seguridad de la ciudadanía, al igual que tiene el deber de respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos.

Pero no hay seguridad sin derechos humanos. Si se justifica la violencia policial por la necesidad de detener la violencia de los encapuchados, el resultado más probable es más violencia. Y si se enjuicia la violencia cometida por delincuentes comunes – encapuchados o no – pero no hay un enjuciamiento similar contra la violencia cometida por Carabineros – que son agentes del Estado – la señal que se está dando es de una tremenda inseguridad para todas las personas sin excepción y una desprotección de sus derechos humanos.