¿Subsecretaría de Discapacidad? Gracias, no se molesten

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En resumidas cuentas: más de lo mismo. Las personas en situación de discapacidad no son sujetos de derecho según las leyes chilenas, aunque irónicamente hay un tratado firmado ante la comunidad internacional que indica lo contrario.

Estuve leyendo los programas de gobiernos de las candidaturas respecto del tema de Discapacidad, y junto con percatarme que aún sólo lo abordan desde el punto de vista biomédico (¡Oh, que novedad!), más encima pretenden vender bonito el seguir buscando «subterfugios» para la «inclusión».

La discapacidad no es un tema sólo de caridad y sentido común. Hace rato debió haber sido abordado por lo que realmente es: una problemática político, social y cultural basada en los derechos humanos fundamentales para los residentes de una nación.

Me cuesta imaginar que una candidatura que ofrece como proyecto país más becas educativas multinivel y ayudas técnicas, sin garantizar acceso a una educación inclusiva y a un sistema de rehabilitación digno en el sistema de salud público, deba ser aplaudida con vítores por acordarse de “los más excluidos del país».

¿Sabrán los candidatos cuantos son siquiera? ¿Sabrán cuantos son votantes?

Considerando que el Censo ni cuenta y los dineros de la ENDISC 2012 fueron excelentemente bien invertidos por María Ximena Rivas en capacitaciones, coffees breaks y sellos «Senadis inclusivo» (aplausos por favor), no sabemos cuántas personas en situación de discapacidad viven en el país y el porcentaje de los tipos de discapacidad para la creación de políticas públicas para el bienestar de los nuestros que residen en la nación.

Peor aún, desconocemos incluso títulos y artículos como los que expondré a continuación de porqué él Código Civil debe revisarse y reformarse adecuándose al tratado de Discapacidad y DD.HH. firmado por nuestro país el año 2008 (revisar Título 19 Art. 342, títulos 24, 25 y 26).

Para que vamos a hablar del dominio público de la Ley 20.422, que fue aprobada por el Congreso en forma unánime pero que la sociedad civil y los ciudadanos en situación de discapacidad ni idea tienen de su existencia, y cuya aplicación según el propio Congreso fue evaluada como un completo fiasco.

O la Ley 18.600, aparte de concebir como objeto de lástima a las personas con discapacidad mental, legaliza la discriminación laboral y permite existan sueldos por debajo del sueldo mínimo.

O la 16.744, esa hermosa Ley que pone precio a tu mano o pierna cortada según su utilidad laboral. ¿No me cree? Pregunte a su ex-compañero de trabajo que haya perdido una extremidad cuanto le pagaron de una vez por «El miembro perdido» de una sola vez y como llora cada vez que no puede parar la olla o peor aún, cuanto lucha en su AFP que dice que si puede trabajar pero le cierran la puerta del mundo laboral formal.

O la Ley 19.885, un aplauso a la nación que considera que poniendo de tope de rebaja del 50% de los impuestos pagados a las empresas por entregar dineros a fundaciones de beneficencia están siendo solidarios y ayudando a las personas en situación de discapacidad.

Para muestra un botón de lo hermosamente inclusiva y generosa forma de avalar a las personas en situación de discapacidad como objetos de lastima. La Fundación Pro Ayuda al Niño Lisiado organiza un evento llamado Teletón, cuyo objetivo es rehabilitar actualmente a 25.000 niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad. Sólo el 8% de personas en situación de discapacidad tienen derecho a rehabilitarse, siempre que se institucionalice la campaña de la alcancía a lo largo del tiempo, instalando en el imaginario colectivo de la ciudadanía de que con el 7% de salud descontado a cada trabajador de Chile no alcanza para cubrir un sistema de salud digno que incluya la rehabilitación de una persona en situación de discapacidad y se debe pedir limosna para cubrir las carencias. Pero ojo: cada prestación médica de esta Fundación, Fonasa o la Isapre debe pagarla igual.

Aplausos para un país en donde lo que debiéramos estar discutiendo son proyectos de leyes como los que nombraré a continuación:

– Ley del tercer tutor (Ley de protección a la paternidad o maternidad de PcD)

– Ley de cuota laboral mínima obligatoria nacional (Porcentaje de contrata obligatoria de PcD en una empresa.

Y para que hablar de la revisión o modificación de las leyes mencionadas en este escrito. Y mucho menos hablar de reconocimiento de la diversidad a nivel constitucional.

En resumidas cuentas: más de lo mismo. Las personas en situación de discapacidad no son sujetos de derecho según las leyes chilenas, aunque irónicamente hay un tratado firmado ante la comunidad internacional que indica lo contrario.

Bien lo dijo Len Barton en su momento: “La discapacidad no es el problema de individuos que no son capaces de adaptarse al desarrollo de la sociedad moderna, sino, por el contrario, demuestra el fracaso de una determinada sociedad que no se ajusta a las necesidades y requerimientos de sus ciudadanos”.

Ahí se los dejo, señores candidatos, ahí se los dejo.