Dejando esta tarea de definición de una Política Nacional de Defensa para quienes aspiran a dirigir los destinos del país, los dirigentes sociales debemos mantener en la mente que son un sector de nuestra población que no debe ser dejado de lado por el resto de sus conciudadanos, sino acogidos como todos los chilenos en nuestro tejido social.
Afortunadamente, desde las candidaturas presidenciales se vislumbra que nadie piensa privatizar las Fuerzas Armadas (como ha estado pasando en USA) ni municipalizar las policías. Al contrario, los cuatro ejes principales que se prevén para el Estado son: Defensa Nacional; Educación; Salud; Trabajo y sistemas previsionales. Curiosamente el primer eje permanece invisibilizado por todos los sectores políticos. Otros ejes importantes ligados a los anteriores son: Finanzas; Agricultura; Minería; Infraestructura; Telecomunicaciones; Medio Ambiente; Regionalización y Participación Ciudadana.
Para todas las actividades del Estado se ha impulsado el apoyo y la participación ciudadana, ligada a diversas reparticiones y niveles, pero la ley 20.500 está recién poniéndose en marcha, con atrasos y deficiencias que están siendo analizadas por diversas instancias no gubernamentales.
Dos de los ministerios que no han creado Consejos de la Sociedad Civil en el nivel gubernamental son Defensa e Interior y Seguridad, que no dan ninguna razón para ello, desobedeciendo la ley y el propio instructivo presidencial correspondiente emitido por Piñera. En los niveles comunales, dentro de los COSOC tampoco aparecen organizaciones o asociaciones de militares en retiro o reservistas. La misma ley prohíbe generar dichos Consejos en las FFAA activas, pero no dice nada respecto a las organizaciones civiles relacionados con ellas.
Es más, en los cuatro ejes fundamentales indicados al comienzo, han sido las organizaciones populares las que se han manifestado durante décadas en los ámbitos educativos, de salud y laborales. Salvo en contadas excepciones que la historia oficial ha tratado de ocultar, los marinos[1] o militares han dado sus opiniones al margen de la verticalidad de los mandos. Pero normalmente se ha mantenido la intención de mantenerlos en silencio, obedientes y dispuestos a ser utilizados en situaciones límites.
No hay razones para mantener a los ciudadanos de uniforme sin la posibilidad de ejercer sus derechos tal cual como lo hacemos los sin uniforme. Se ha dado el argumento de que, como tienen constitucionalmente el privilegio de las armas, tienen como contrapartida el deber de obedecer al poder político.
Dejando la tarea para los historiadores, sólo debemos recordar que los hombres de uniforme se han manifestado varias veces[2] y otras muchas han sido utilizados como fuerza de coerción por el poder político de turno en contra de sus propios conciudadanos y muy escasamente en actividades bélicas propiamente tales contra fuerzas extranjeras.
Sin embargo su rol fundamental es universalmente reconocido, pero extrañamente dejado de lado por las direcciones políticas hasta el momento en que su intervención se hace indispensable.
Dejando esta tarea de definición de una Política Nacional de Defensa para quienes aspiran a dirigir los destinos del país, los dirigentes sociales debemos mantener en la mente que son un sector de nuestra población que no debe ser dejado de lado por el resto de sus conciudadanos, sino acogidos como todos los chilenos en nuestro tejido social.
Como de todo hay en la viña del señor, tanto entre civiles como militares ha habido y habrá personas decentes y de las otras. En nuestra realidad chilena, la justicia ha cumplido en parte su tarea, aunque tardíamente, pero desde la civilidad no podemos esperar que se cumpla hasta la última pizca de justicia para que reconozcamos entre nuestros hermanos, e hijos en uniforme que son ciudadanos igual que todos nosotros.
Ha habido militares constitucionalistas (Oficiales como Schneider, Prats, Montero, Bachelet, y tropa como los marineros castigados por Merino en agosto de 1973). Algunos hasta pagaron con sus vidas su apego a la Constitución.
En el bando de los golpistas, algunos han sido castigados y otros permanecen impunes, pero en general nuestro pueblo los ha aislado a todos, a los buenos y a los malos, sin saber distinguir adecuadamente a unos de otros.
En el presente, si se estudia el origen de los problemas del agua y su relación con la minería, uno se encuentra con el Tratado Minero Chileno Argentino, que estableció un país virtual entre nuestros países reales, desde el norte grande hasta los campos de hielo, en el cual se han entregado concesiones mineras y de glaciares a empresas capitalistas internacionales[3]. Un par de ejemplos de sus resultados son Pascua Lama y el Pachón. Este Tratado fue firmado por los presidente Carlos Menem y Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Una de las lecciones de este tratado es que en su momento, mientras se discutió en nuestro Congreso Nacional, fue defendido por políticos de izquierda y de derecha, teniendo sólo el rechazo frontal de quienes habían sido senadores designados (generales y almirantes), o sea los militares. Aquí no se trató de izquierdas o derechas, ni de constitucionalistas o golpistas, sino de un pensamiento nacionalista con consideraciones geopolíticas que no encontró eco entre la ciudadanía y que nunca deben ser dejadas de tener presente por toda la nación.
Actualmente, cuando se levantan voces para defender las aguas, renacionalizar el cobre, hacer modificaciones legales o constitucionales o hasta para llamar a una Asamblea Constituyente nadie menciona cual es el rol que deben jugar las FFAA en estos escenarios, debiendo ser consideradas.
He tenido experiencias personales como recluta, reservista, dirigente sindical y vecinal en las cuales tuve contacto con uniformados. Creo que, en honor de aquellos con conciencia de clase (que saben de qué hogares provienen) y de aquellos constitucionalistas respetuosos del poder político, debemos permitir que las anchas alamedas también se abran para ellos; no mantenerlos separados del resto, sino traer hacia nosotros su amor por la Patria, sus valores solidarios y su disciplina.
[1] Rebelión en la Armada de 1931, Gustavo Mujica Cervantes.
[2] Folleto “El Parto de los montes”, Ernesto González, Presidente del Estado Mayor de Tripulaciones.
[3] El País Virtual; Julián Alcayaga Olivares
Comentarios
21 de octubre
Cada vez que han intervenido las FFAA han dejado la «embarrada»…desde los «ruidos de sable…para adelante…»
Esta bien así. NO DELIBERANTES.
Mi padre, contralmirante, siempre mantuvo y sostuvo sus ideas políticas y las conversó en familia, como también siempre sostuvo (por el carácter mismo de la institución armada…monopolio del uso de la fuerza) debían ser NO DELIBERANTES.
Creo es un juicio sano , y apuntaba a no generar presiones indebidas dentro de una institución vertical, y de mandos/no de asambleas….
atentamente,
gonzalo tapia soko
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21 de octubre
Don Gonzalo:
La Participación Ciudadana establecida en la ley 20.500 no dice que las FFAA deban ser deliberantes (políticamente hablando), sino que puede y debe haber Consejos de la Sociedad Civil a nivel gubernamental en los cuales pueden analizarse Políticas y procesos específicos.
Por favor, vea una actitud ejemplar en http://elquintopoder.cl/ciudadania/a-40-anos-de-un-nombramiento/
Gracias por su opinión.