Este lunes fue enviado con “suma urgencia” al Congreso el proyecto de ley que, auspiciado por el presidente Sebastián Piñera y el ministro de educación Joaquín Lavín, busca implementar una serie de reformas al sistema educacional chileno que apunten a fortalecer el núcleo de la crisis que lo afecta: su “calidad”. Este proyecto de ley vino precedido por el inédito anuncio de una reducción de las horas pedagógicas dedicadas a Historia y Ciencias Sociales entre 5° básico y 2° medio, medida publicitada también como un frente más de la lucha por una educación de calidad. Sin embargo, a pesar de las grandilocuentes declaraciones de las autoridades de gobierno, que hablan de una “gran reforma” o de una “verdadera revolución educativa”, es más que cuestionable que los resultados de estos ajustes vayan a solucionar la aplastante desigualdad social que separa al sistema educacional público del sistema educacional privado. Es más, existe abundante evidencia de que estas mismas decisiones siguen las directrices de un modelo educativo que, acorde con el sistema neoliberal predominante en la actualidad, no hace sino consolidar la privatización de la educación chilena y agudizar aun más la brecha educacional que constituye el meollo de la actual crisis.

Como integrantes de La Corriente de Acción Estudiantil de la PUCV, y esperando representar a una gran mayoría de estudiantes y miembros de la comunidad educativa que se han mostrado descontentos por la forma y el contenido de las últimas decisiones gubernamentales, creemos que estas mismas pueden ser criticadas en base a una serie de ejes problemáticos:

En primer lugar, la decisión de aumentar las horas pedagógicas anuales de Lenguaje y Matemáticas de los alumnos entre 5° básico y 2° medio en base a unareducción del tiempo dedicado a Historia y Ciencias Sociales, no contribuye en nada a solucionar los problemas de inequidad que afectan actualmente a la educación en nuestro país. Consideramos que dicha medida confunde la búsqueda de un mejoramiento de la calidad de la educación  con alcanzar un mayor rendimiento en las pruebas estandarizadas nacionales (SIMCE, PSU) e internacionales, contribuyendo por lo demás a restar la influencia de uno de los sectores del aprendizaje que más aportes realiza a la formación de un pensamiento crítico y democrático en la juventud de nuestro país. Además, el hecho mismo de privilegiar determinadas asignaturas por sobre otras (sin ningún sustento teórico claro) no hace sino evidenciar su origen en determinadas perspectivas ideológicas acerca de la educación: en este caso, aquellas que otorgan una menor relevancia al fortalecimiento y preservación de la memoria histórica.

En segundo lugar, las medidas anunciadas el día lunes como una “verdadera revolución educativa” no apuntan a solucionar los problemas de fondo que afectan al actual sistema educativo. La ampliación de becas y beneficios económicos a los estudiantes de pedagogía no garantizan un mejoramiento cualitativo de la profesión docente ni tampoco un aumento de la calidad de la educación: tales medidas implícitamente endosan las responsabilidades de la crisis a la existencia de estudiantes de pedagogía de mala calidad, sin considerar los problemas referentes a la regulación de las universidades privadas, a los programas de formación inicial y a los sistemas de evaluación de los profesionales egresados. Por lo demás, la ampliación de los recursos destinados a la subvención preferencial no hace sino consolidar un sistema en que el Estado ocupa un rol meramente subsidiario, el cual ha contribuido en gran medida a consolidar la actual brecha educacional y a transformar el sistema en un área abierto a las instituciones con fines de lucro. Anteriores medidas como la creación de “liceos de excelencia” o la caracterización de las escuelas con “semáforos” en base a sus resultados en el SIMCE no han hecho sino consolidar una visión del sistema educacional chileno como un “mercado educativo”.

En tercer lugar, las reformas tanto al sistema de dirección de escuelas públicos como al Estatuto Docente (marco legal que regula la situación laboral de los profesores) no se han planteado ni discutido con la claridad que su relevancia amerita. En este sentido, tales medidas están abiertas a convertir a los directores de escuela, elegidos desde ahora por un sistema similar al que corresponde a la Alta Dirección Pública, en verdaderos “gerentes de la educación”, con sistemas de evaluación en base a estándares técnicos de calidad y con amplios poderes para consolidar aun más la precariedad laboral de los profesores del sector público (facultad de despedir anualmente a un 5% de los profesores contratados). La falta de claridad acerca de las reformas al Estatuto Docente indica, por lo demás, que sus cambios apuntarían también hacia un aumento de dicha precariedad. Medidas relacionadas, como el proyecto deCarrera Profesional Docente, la implementación de la Prueba Inicia, la instalación de “agencias” reguladoras de la educación pública, han sufrido de esta misma falta de claridad y de debate público, corriendo el riesgo de transformarse en un añadido más a un sistema educativo tambaleante.

Por último, consideramos que todas estas medidas, tanto la reducción de las horas de Historia como la “gran reforma” anunciada el día lunes, se han decidido a espaldas de la comunidad educativa. En ellas no ha pesado la voz ni de los profesores ni de los apoderados ni de los estudiantes. En general, su origen han sido elaboradas por un “Comité de Expertos” que, conformado por los mismos tecnócratas e intelectuales neoliberales que han llevado la educación a su crítica situación actual, ha interpretado este fenómeno como un problema técnico, al cual algunos ajustes por un lado y algunos incentivos monetarios por el otro bastarían para solucionar. Gran parte de las mismas, por otro lado, tienen su origen en las recomendaciones de instituciones internacionales como la OCDE (ante la cual Chile se encuentra en proceso de integración), las cuales han intentado plasmar en el país una determinada visión de la educación acorde con la construcción de una “economía del conocimiento”. Desde este punto de vista, el problema educacional no se ha interpretado como un “problema-país”, cuyas raíces se encuentran en el tipo de relación que guarda con el Estado y con el modelo económico imperante, y al cual sólo cabe enfrentar mediante una profunda transformación de sus pilares fundamentales en base a un financiamiento estatal y en el cual toda la comunidad educativa tome parte.

Por todo lo anterior, creemos que como estudiantes críticos del actuar del gobierno y críticos del rumbo que han tomado en los últimos años las decisiones tendientes a enfrentar la crisis de la educación chileno, es necesario informarse, organizarse y tomar medidas al respecto. Sóloinformándonos podemos sortear el influjo mediático que acompaña el anuncio de estas medidas. Sólo organizándonos podemos transformarnos en actores relevantes en el escenario actual. Y sólo actuando podemos verdaderamente influir en el futuro de nuestra educación y en el futuro de nuestra sociedad.

 Foto: Todas las Marchas / Todas las Marchas – FB