Existe un debate respecto de la pertinencia y conveniencia de las políticas focalizadas en los territorios, como el desarrollo de infraestructura de riego, el fomento a sistemas locales de innovación y, en general, todas aquellas en que la inversión está “amarrada” a un lugar específico. Como alternativa, están las políticas basadas en las personas –como las de educación pública, vacunación infantil o los programas de transferencias monetarias–, que invierten en activos y capacidades que las personas pueden capitalizar independiente de su lugar de residencia.
Las políticas dirigidas a las personas siempre serán necesarias y estarán presentes en cualquier estrategia de desarrollo. En muchos casos han mostrado buenos resultados: en incrementar la asistencia escolar o mejorar la salud infantil, como indican las evaluaciones de los programas de transferencias condicionadas, por ejemplo. Al atacar las causas profundas de la pobreza y la inequidad, se espera tengan un fuerte impacto de largo plazo como herramienta de igualdad de oportunidades y movilidad social.
Pero también existen buenas razones para diseñar e implementar políticas con foco en el territorio. Estas políticas se implementan en muchos lugares del mundo para apoyar regiones o comunidades en desventaja. Ejemplo de ello es la estrategia de cohesión social de la Unión Europea, que hace de las políticas territoriales uno de sus ejes estratégicos. Otros las justifican como herramienta para contener las externalidades negativas que derivarían de desplazamientos masivos de la población, como congestión en las grandes ciudades, fuga de de cerebros desde las áreas rurales, despoblamiento de zonas estratégicas o de alto valor cultural o natural, por mencionar algunos ejemplos. Otros argumentan que las políticas territoriales pueden contribuir al crecimiento nacional por ayudar a las diversas regiones a alcanzar su verdadero potencial.
Sin embargo, en la práctica, las demandas de recursos por parte de las localidades o regiones exceden ampliamente los limitados presupuestos públicos. En general no es posible realizar todas las inversiones públicas que requerirían los territorios para estimular procesos endógenos de crecimiento y desarrollo sostenido. El desafío es entonces determinar cuándo y dónde implementar estas políticas territoriales. El problema es que carecemos de mecanismos que permitan priorizar este tipo de inversiones.
Un estudio reciente del Canada Rural Economy Research Lab (C-RERL), la Universidad de Saskatchewan, Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y el Grupo de Análisis para el Desarrollo de Perú (GRADE), planteó una propuesta para identificar comunidades en las cuales priorizar políticas territoriales. La propuesta postula balancear los criterios de necesidad y oportunidad. Es decir, priorizar las comunidades o regiones con mayores carencias, pero a la vez, donde la inversión en activos territoriales tenga más probabilidades de ser exitosa. Esto implica por un lado, determinar qué comunidades tienen un mal desempeño respecto de sus dinámicas de desarrollo (la necesidad). Por el otro, requiere identificar lugares con condiciones propicias para el éxito de la intervención (la oportunidad), que están más allá de los factores evidentes como la dotación de activos y de recursos naturales, la distancia a los mercados y las condiciones económicas, demográficas y sociales.
Una vez identificados los territorios prioritarios, las posibles soluciones variarán caso a caso según las condiciones del contexto territorial. El desafío es que los actores locales participen activamente en definir cuáles son las mejores opciones específicas de inversión, pues son ellos quienes tienen la mayor capacidad para diagnosticar sus propias condiciones y posibilidades, y relevar sus propios objetivos y preferencias particulares. Esto dotará de mayor soporte local a las iniciativas priorizadas, e incrementará las oportunidades de impacto de este tipo de inversiones. En cualquier caso, el éxito de estas iniciativas exige de autoridades locales con mayores capacidades y atribuciones para la planificación y gestión territorial, sociedades locales mejor informadas y más participativas en la gestión de su propio desarrollo y mejores mecanismos de coordinación entre instancias del sector público y entre éste y el sector privado y la sociedad civil.
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