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Políticas de transparencia y probidad: ¿ciudadanía al debe?

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El tercer estudio del Consejo para la Transparencia no entrega respuestas muy positivas a las preguntas antes planteadas. Señala que la ciudadanía desconfía de la información entregada por los organismos públicos porque creen que es incompleta (25.2%), ocultan información (28.9%) y son poco claros o confusos (30.6%). Además solo el 15% de los encuestados afirma conocer el derecho de acceso a la información pública. Por último, el fin con el cual la ciudadanía solicita información se concentra en conocer beneficios o subsidios (48,1%), por tramites (17.5%) y para/por trabajo o estudio (13%). Solo el 12.3% solicita información por interés personal.

La agenda legislativa del ejecutivo desde la Secretaria General de la Presidencia a cargo del Ministro Larroulet se ha enmarcado en dos principios: transparencia y probidad, no como elementos separados sino unificados a través de un paquete de reformas que busca modificar la cultura organizacional de la gestión pública y posiciona el control ciudadano como garante del cumplimiento de estos dos conceptos.
Éstas legislaciones son el proyecto de ley que regula el lobby, perfeccionamiento a la ley de transparencia y ley de probidad. La primera lleva más de 10 años en el Congreso y durante el mes de mayo se aprobó en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados para pasar a discusión general. La ley de probidad por otro lado está en segundo trámite constitucional discutiéndose actualmente en la sala del Senado.

Si bien es prioritario avanzar en las materias señaladas,  las legislaciones anteriormente detalladas se establecen bajo el supuesto  de que la ciudadanía ejercerá un control ciudadano, de hecho, el mensaje que establece la discusión sobre probidad señala:  “El sistema jurídico considera que la labor fiscalizadora puede ejercerse con órganos propios de la administración o con instituciones independientes, como los tribunales de justicia; pero en un régimen democrático el mejor fiscalizador es la propia ciudadanía que tiene incentivos para denunciar y perseguir los actos de corrupción, razón que ha movido a este Gobierno, ante diversas opciones, a preferir el denominado “control ciudadano” que implica el derecho a requerir información para perseguir responsabilidades administrativas”.-

¿Qué pasa entonces si la ciudadanía no ejerce ese control?, ¿está la administración preparada para el aumento de requerimiento de información?, ¿cuáles son los incentivos que tiene la ciudadanía para fiscalizar? Estas preguntas son claves para determinar el éxito o fracaso de la implementación de estas leyes. Considerando lo lento que es el trámite legislativo es determinante que las leyes promulgadas no sean reingresadas con modificaciones en el corto plazo como ocurrió con la ley de primarias este año.

El tercer estudio del Consejo para la Transparencia no entrega respuestas muy positivas a las preguntas antes planteadas. Señala que la ciudadanía desconfía de la información entregada por los organismos públicos porque creen que es incompleta (25.2%), ocultan información (28.9%) y son poco claros o confusos (30.6%). Además solo el 15% de los encuestados afirma conocer el derecho de acceso a la información pública. Por último, el fin con el cual la ciudadanía solicita información se concentra en conocer beneficios o subsidios (48,1%), por tramites (17.5%) y para/por trabajo o estudio (13%). Solo el 12.3% solicita información por interés personal.

Frente a las últimas cifras y la importancia que tiene en la agenda presidencial los temas de transparencia y probidad no queda más que prever un bajo nivel de incidencia de estas nuevas legislaciones ya que, actualmente la ciudadanía no ejerce control social al menos por los mecanismos existentes como lo es ley de acceso a la información publica que, como forma de potenciarla el Consorcio para la Transparencia busca proponer como un derecho constitucional. ¿Será esta iniciativa una fórmula para aumentar el control ciudadano? , esperemos que sí.


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01 de junio

Estimada Romina:

Según la RAE, “Probidad” hace relación a una “rectitud de ánimo, integridad en el obrar”. Es por tanto sinónimo de “honradez”.

Seamos realistas: en un modelo de país como el nuestro, donde el ciudadano es igual a consumidor (pues tal ha sido el incesto entre política y mercado que poco se diferencia comprar un producto que votar por un politico), la función de “fiscalización” de la ciudadanía no pasa de ciertos reclamos que difícilmente serán escuchados por los que se encumbran en los directorios, y un castigo electoral de cara a las urnas por aquellos que nos “vendieron una pomada”.

Exigirle a la ciudadanía mayor participación en la fiscalización es, finalmente, quitarle atribuciones a la labor que los representantes elegidos por aquella en el legislativo tienen en virtud de sus cargos. No es que la ciudadanía esté al debe a la hora de fiscalizar los abusos cometidos por los designados en cargos públicos, es que esté al debe a la hora de informarse y no venderse a candidatos de forma tan penca con chocmans, chapitas y promesas de bonos insulsos.

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