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Participación Ciudadana, teoría y práctica

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Sabemos que la ley 20.500 de participación ciudadana deberá mejorarse, así como las leyes de Juntas Vecinales y la de orgánica municipal. Igualmente deberá vigilarse el proceso legislativo del proyecto de ley de asignación del litoral y otras semejantes.

En este fin de período del Presidente Piñera se están produciendo todo tipo de cambios, críticas, autocríticas, trampitas periodísticas, promesas, ilusiones y resultados políticos inesperados; de todo ello no vale la pena comentar nada porque tenemos a la vista todo el show.

En cambio, sí vale la pena constatar cómo avanza la Participación Ciudadana en la  práctica social comparada con la teoría, especialmente porque se trata de un nuevo mundo de relaciones más allá de los partidos políticos propiamente tales.

Quienes hayan participado en sindicatos, organizaciones estudiantiles, clubes deportivos, bomberos  o cualquier forma de organización social no cazada con una ideología determinada, sino con problemas reales de las comunidades, sabe que en su seno hay gente de diversas tendencias, ideologías, religiones o carentes de ellas, pero al mismo tiempo ha aprendido que los acuerdos se adoptan por mayoría (escuchando a las minorías) y se llevan adelante en la forma acordada. Además, sabe que los dirigentes se renuevan periódicamente y no actúan por un sueldo sino voluntariamente.

También hemos aprendido que las actividades de las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro son cíclicas, significando que no siempre estamos en asambleas ni gritando por cualquier cosa, sino que entramos en actividad cuando determinados problemas castigan a nuestros asociados, sin que las autoridades municipales, gubernamentales o legislativas jueguen un rol activo en sus soluciones. Muchas veces también caemos en la desidia y la flojera.

Quienes hayan participado en las marchas por agua, por la educación, por el respeto a los derechos de indígenas, por la  defensa de la pesca artesanal o en defensa del medio ambiente saben que no ha habido partido ni iglesia que encabece estos movimientos, sino que los ciudadanos libremente nos unimos para ello. Esto es participación ciudadana activa, con leyes o sin ellas. Mucho de la historia de nuestro país se ha escrito así, con la actividad consciente del pueblo.

Estuvimos recientemente en el lanzamiento de un libro escrito por un destacado académico experto en la Participación Ciudadana, don Francisco Soto Barrientos,  que ha hecho un buen aporte al analizar legislación comparada, en la búsqueda de las mejores soluciones para llegar a las modificaciones constitucionales que el país requiere; no obstante su visión se basa en experiencias de diversos países y momentos históricos, pero la realidad chilena se analiza sólo en el último capítulo.

En cambio, pensamos que nuestro primer capítulo debería ser el del Chile de hoy, con todo lo que hemos logrado, lo que estamos tratando de mejorar por las vías posibles y lo que soñamos construir (o reconstruir) con el esfuerzo de las mayorías.

Sabemos que la ley 20.500 de participación ciudadana deberá mejorarse, así como las leyes de Juntas Vecinales y la de orgánica municipal. Igualmente deberá vigilarse el proceso legislativo del proyecto de ley de asignación del litoral y otras semejantes. Deberemos mantener un ojo encima de las actividades normativas y fiscalizadoras del poder ejecutivo y otro en los procesos legislativos, ya sea en los más fáciles (mayorías simples) o en los más complejos (quórums  calificados y Tribunal Constitucional).

Mientras tanto, estamos aprendiendo como relacionar mejor los Consejos de la Sociedad Civil de nivel comunal  (COSOC) entre sí; como relacionar los COSOC con los Consejos de la Sociedad Civil (CSC) del nivel gubernamental;  y como relacionar estos CSC entre sí.
En cuanto a los COSOC, el gobierno saliente trató de demorar las cosas lo más posible, especialmente en comunas con alcaldes “clientelares”, de la misma manera algunos alcaldes con la complicidad de concejales tímidos han tratado de obstaculizarlos por temor a la competencia, pero la cosa sigue avanzado y ya hablamos de regionalizar su funcionamiento. Según el sitio web del Registro Civil, vamos en 136 mil en el Registro de Organizaciones sin fines de lucro.

En cuanto a los CSC, pese a Instructivos Presidenciales de por medio, no se han constituido más que una mínima parte, o bien funcionan a la rastra; pero existen algunos donde se actúa en base a reuniones mensuales y contactos directos con las comunidades. Según el propio CSC de la Secretaría General de Gobierno hay implementados 77, en proceso 21 y no tienen en 18.

Específicamente en Telecomunicaciones, hemos aprendido bastante de los aspectos técnicos, hemos apoyado iniciativas favorables a una mayor competencia entre empresas  lo que ha permitido rebajar algunas tarifas; pero también estamos rechazando la falta de apoyo a las PYMES tecnológicas y a las radios y TV comunitarias por inadecuado uso del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

En Transportes, hemos aprendido de la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte y hemos dado nuestras opiniones respecto a cómo debe darse prioridad a peatones y ciclistas, en vez de a los clientes de las autopistas concesionadas.

En Energía (donde ha habido 5 ministros en cuatro años de gobierno), se ha logrado formalizar ideas en los temas más pertinentes. El tema del combustible, por ejemplo, será algo que debemos analizar entre los CSC de Transporte y de Energía.

Como vimos, algunos CSC han logrado funcionar en este gobierno y lo seguirán haciendo en el próximo, mientras otros nuevos serán creados e integrados por sus propios representantes en una red de participantes voluntarios. Hasta ahora su rol ha sido minimizado, manteniéndolos separados de las estructuras burocráticas internas del Estado y de las empresas que son las que manejan realmente el poder vía lobby; por ejemplo, las telefónicas en la SUBTEL; las de transportes en la SUBTRAN, las eléctricas y las del combustible en Energía; los laboratorios y farmacia en Salud; la educación privada en Educación; los Bancos en Hacienda; el retail en Economía.
Sabemos que en la Agenda del nuevo gobierno hay determinadas prioridades y que no todo podrá hacerse instantáneamente, pero también hemos aprendido que la opinión del pueblo ya no podrá acallarse como hace 40 años atrás sino que sus organizaciones podrán nuevamente levantarse y llevar adelante las soluciones necesarias.

Posiblemente la teoría participativa deberá escribirse a partir de estas nuevas prácticas.

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