Tan lamentable como la anarquía de los que no quieren autoridad alguna (ya sea encapuchados de negro o inversionistas ávidos), es la libertad absoluta que permite a los monopolios empresariales aprovecharse de la ineptitud de algunos y de la mala fe de otros. La participación ciudadana es el contrapeso indispensable.
Tuve el privilegio de participar como invitado a tres charlas en la misma semana:
1.- Consejode la Sociedad Civil de Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), al cual no pertenezco pero del que he aprendido muchas cosas. Aquí dio una minuciosa cuenta la Jefa de la sección gestión de desechos radiactivos.
2.- Clausura de cinco sesiones del Seminario “Santiago, desde la ciudad de Benjamín Vicuña Mackenna a los desafíos del siglo XXI”, la que tuvo lugar en el Museo Vicuña Mackenna que depende de la Dirección de Archivos y Museos (DIBAM), con la participación del Presidente de Cultura Mapocho; el Director del Departamento de Urbanismo de la Universidad de Chile; y el Presidente de la “Fundación Defendamos la Ciudad”.
3) Seminario “Debilidades y Desafíos de la institucionalidad científica en Chile”, con la participación de la Comisión Desafíos del Futuro; Fundación Más Ciencia; movimiento ciudadano “Más Ciencia para Chile”; Academia Chilena de Ciencias y el Consejo de Sociedades Científicas de Chile. Hubo parlamentarios, ex ministros, distinguidos investigadores y hasta el rector de la Universidad de Chile.
En la primera quedaron claras algunas cifras: hay 600 instalaciones que operan materiales radioactivos y finalmente se producen sólo 15 metros cúbicos de desechos al año, pero el 95% de la capacidad de almacenamiento está ya copada. Hay debilidades del área del Ministerio de Salud (MINSAL) que, especialmente en provincias, no cuenta con instrumental ni personal necesario para llevar a cabo las mediciones de desechos radiactivos que la ley le encarga, derivando la pega hacia la CCHEN. Esto es lo mismo que el MINSAL hace respecto a las mediciones de radiaciones electromagnéticas no ionizantes, derivando la pega hacia la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) que está saturada de pedidos de mediciones de antenas y que tampoco cuenta ya con personal suficiente.
En la segunda conferencia, referida básicamente al urbanismo, las luces encendidas por todos los asistentes son de alarma, porque no hay una legislación que coordine la planificación en las áreas de vivienda, urbanismo, transporte ni agricultura. Los Planes Reguladores son un chiste y la descoordinación es total. Todo ha sido dejado en manos del “mercado” y no se fiscaliza nada. Aquí tampoco se ha creado un Consejo de la Sociedad Civil en ninguno de estos ministerios, aunque hay un llamado para integrarse al de Transporte.
En la tercera conferencia, referida básicamente al temor que sienten los científicos ante el anuncio de que la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) saldría del Ministerio de Educación para pasar a depender del Ministerio de Economía, también se encendieron todas las alarmas para evitar que sean “los mercados” los que diriman qué se hace o no se hace en cuanto a ciencia y tecnología. Es de notar que resulta mucho más sensato que permanezca en Educación, cerca de las universidades y de los alumnos, en vez de acercarlo a las empresas que mueven los hilos en economía.
Lo que tienen en común estos tres eventos es que la participación ciudadana se abre paso, a veces con la colaboración de algunos políticos y a veces con la oposición de otros.
Lo valioso del Consejo de la CCHEN es que varios de sus integrantes tienen conciencia de que la solución de generación eléctrica mediante plantas nucleares debería serla última prioridad de la “parrilla energética”, debiendo considerarse prioritariamente las alternativas eólicas, solares o mareo motrices.
El proyecto de ley que creará la Superintendencia de Telecomunicaciones está en el Congreso y lo está revisando el consejo de la sociedad civil ligado a la SUBTEL.
Hasta donde yo sé, no se ha creado un consejo de la sociedad civil en el Ministerio de Salud donde las urgencias por falta de hospitales, profesionales y vacunas son problemas reales que afectan a los ciudadanos.
Tampoco los ministerios de Medio Ambiente, Energía, Economía ni Educación han creado sus consejos de la sociedad civil.
La responsabilidad que adquieren las personas que participan en estos Consejos, o en los que están en vías de crearse, es muy grande, porque están llevando a cabo lo que era ni más ni menos que la propuesta de J.J. Rousseau, en el sentido de que la sociedad debía participar activamente en las cosas del Estado, sin dejar todo en manos de los “representantes” que se originaban con el contrato social.
Cuando en Chile dos tercios de los electores han decidido no participar en los procesos de renovación de autoridades “representativas” y multitudes se mueven en las calles, en las universidades, en los puertos, en las áreas urbanas y hasta en las minas (haya o no sindicatos formales), es porque hay clara percepción de que los “mercados” buscan sólo el lucro y los “representantes” no han hecho bien su pega.
El Estado tiene que jugar un papel regulador y fiscalizador; debe controlarse a las instituciones que deberían cumplir este rol; debe lucharse contra la corrupción y, en todo ello, la actitud vigilante de las organizaciones es fundamental.
Tan lamentable como la anarquía de los que no quieren autoridad alguna (ya sea encapuchados de negro o inversionistas ávidos), es la libertad absoluta que permite a los monopolios empresariales aprovecharse de la ineptitud de algunos y de la mala fe de otros. La participación ciudadana es el contrapeso indispensable.
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