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Ley de pesca: lo que realmente sucede en altamar

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Primero queremos aclarar que somos tripulantes activos de barco industrial de cerco, es decir, somos pocos y de los que podemos manifestar nuestra opinión sin sentirnos amenazados por la industria. Es por esto que declaramos expresar el sentir de muchos compañeros sin  voz y obligados a callar.

El Sindicato de Tripulantes Pesqueros de Altamar (PAM) de la Pesquera Food Corp S.A, Sintrifood, apoyados por la Federación de Trabajadores Pesqueros y ramas Afines, Fetrapes, manifestamos nuestros reparos sobre la discusión de la Ley de Pesca, impulsada por el gobierno, ya que esta se concentra solo en el fraccionamiento (repartija, en buen chileno). Los responsables del colapso de los recursos pesqueros se dan el lujo, mientras, de desplegar impunemente su influencia en el Parlamento, incluso consiguiendo ingresar varios temas de contrabando en proyectos en trámite rápido aprobados el año pasado, como el proyecto misceláneo en donde, entre otras barbaries,  baja la talla de captura del jurel a 22 centímetros (la recomendación técnica era elevarla).

Además, vemos con asombro que el proyecto de ley de pesca no considera la recuperación de recursos colapsados y la sustentabilidad, en nuestro caso del recurso jurel, que solo será una palabra en la ley.

Consideramos grave la nula preocupación por nosotros, los tripulantes industriales, dejándonos en el más completo abandono ante estos “señores de la pesca” (no pescadores, que quede claro). La precarización del empleo, el trato indigno y sueldos que no se comparan con las inmensas ganancias obtenidas del saqueo de los recursos pesqueros (no hay otra lectura, aunque le duela al señor Subsecretario) son una constante en la industria pesquera. Además del boicot del que hemos sido víctimas durante años por parte de dirigentes que dicen representarnos, como los señores Hugo Roa y Mario Carrillo (empleados de ASIPES), cada vez que tenemos que negociar. Vergüenza  ajena sentimos al ver a estos caballeros en la Comisión Pesca, manoseando nuestros ingresos (que obviamente no son los de ellos) y arrogándose la representatividad de todos los tripulantes de la Octava Región.

Este boicot a nuestras pretensiones de sueldo fue la razón por la que nos decidimos a formar nuestro propio Sindicato de Tripulantes, que a pesar de ser nuevo ha realizado varias actividades destinadas a llamar la atención de las  autoridades de turno y denunciar los abusos de los empresarios pesqueros.

Incluso fuimos recibidos el 06 de enero de 2011 en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, en donde denunciamos la captura de jurel en pleno desove, en esa ocasión ante el señor Jorge Ulloa, quien nos hizo notar que tenía poco tiempo para escuchar a los representantes de los tripulantes y salió en férrea defensa de los industriales, señalando que “logramos terminar con la carrera olímpica” por los peces. Este discurso simplista sirve para confundir a la opinión pública, pero no a nosotros, que somos pescadores y partícipes  en estas barbaridades que se ha desarrollado con distintas artimañas por parte de los industriales. Entre ellas: se nos dice que estamos en una competencia, no se respetan las macro-zonas (a pesar de contar con posicionador satelital) y se sigue practicando el descarte.

Lo peor de todo es que  la ley sigue sin contemplar el desove del jurel, ¿creerán que se reproduce en forma espontánea? Incluso nos quieren hacer creer que el jurel del norte es otra especie más pequeña y lo quieren como fauna acompañante,¡esto ya no tiene nombre! 

Las futuras generaciones no sabrán de  una actividad que lleva miles de años y que en solo 5 décadas ha sido diezmada indiscriminadamente con el consentimiento de los gobiernos de turno. Esa es la realidad que insisten en esconder.           

Creemos que todo proceso debe concluir con una necesaria evaluación del mismo. Entonces, ¿por qué no ocurre esto con el Límite Máximo de Captura por Armador? ¿Se cumplió con el espíritu de la ley, que era la “conservación del recurso y la estabilidad en el empleo”? ¿Cómo lo hicieron los que se arrogaron el derecho de explotar un patrimonio nacional? ¿En qué estado entregan el recurso? ¿Por qué gozan de total impunidad por parte de los gobiernos de turno, incluso se dan el lujo de participar en la discusión de la Organización Regional de Pesca (ORP)? ¿Por qué no se respetaron las recomendaciones de los estudios científicos en la designación de las cuotas anuales? ¿A quién le conviene todo esto? Creemos que estos “señores” deberían estar dando explicaciones al país por el daño ambiental, ecológico (el daño a la cadena trófica es enorme), social y también económico (la pesca extractiva ya no será lo que fue en el pasado). ¿Será que algunos parlamentarios están comprometidos con los que financian sus campañas y les ceden acciones en sus empresas? Hay que establecer las responsabilidades que competen a cada uno de los sectores involucrados.

Y a propósito de la ORP: estos señores quieren adjudicarse el derecho a explotar el jurel en altamar (no les basta con lo que están haciendo en la Zona Económica Exclusiva) basado en los desembarques históricos, pero se les olvida que esa historia la hicieron gracias a nosotros, los tripulantes de altamar y si la ratifican, adivinen quiénes tendrán que salir a navegar durante 15 o 20 días en aguas internacionales arriesgando la vida, mal alimentados, sin un horario regular de sueño, sometidos a constantes balanceos, ruidos y vibraciones que superan lo permisible, con jornadas de trabajo que superan las 24, 30 o 48 horas seguidas y con 35 y hasta 40 nudos de viento; sin personal paramédico ni un lugar con las debidas condiciones de asepsia para atender una emergencia en altamar. Sí, nosotros, los mismos que no hemos sido tomados en cuenta en la discusión de la ley de pesca y a los que insisten en dejar sin una plataforma social, negándonos el derecho a una reconversión digna. Ni hablar del puente de jubilación para los que son demasiado viejos para embarcarse; un tripulante no debería trabajar más allá de los 50 años, debido al daño que sufren nuestras articulaciones, en especial la columna, patología que, creemos, debería estar considerada hace bastante tiempo como enfermedad profesional.

No puede ser que para explotarnos sí tengan voluntad, pero para entregarnos un trato y sueldo digno, acorde a nuestro trabajo y sacrificio, tengamos que estar mendigando.

Para nosotros es asombroso escuchar a los señores Longueira y Galilea, con su mesianismo chabacano, decir por un lado que la sustentabilidad será la columna vertebral de la nueva ley y por otro entregarle el mar de Chile por 25 años a los mismos que lo están depredando. Dicen que están beneficiando a los artesanales pero no mencionan la colusión en el precio que pagan los industriales por la tonelada de anchoa, recurso que se les va a hacer poco para alimentar a sus salmones, cerdos y aves. Tampoco menciona la precariedad en la que trabajan los tripulantes artesanales sin previsión, contrato ni un seguro de vida para proteger de alguna manera a sus familias.

Ya lo decíamos: el Límite Máximo de Captura por Armador es pan para hoy y hambre para mañana. Ese mañana ya está aquí, los responsables se lavan las manos y el gobierno asume una preocupante actitud de indiferencia y/o complacencia.

Los que navegamos, queremos una plataforma social digna para los desplazados, acorde al gran aporte que hemos hecho durante años a la economía del país. Queremos que realmente se tomen las medidas para recuperar nuestros recursos pesqueros y que de una vez por todas se lleve a cabo una política coherente en materia de sustentabilidad. Ya no hay tiempo para los shows mediáticos que tanto daño han hecho.

* Directiva Sintrifood. En Twitter: @tripulanteactiv       

En Facebook: sintrifood.sindicatodetripulantes@facebook.com  

——–

Foto: El Ciudadano 

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Comentarios

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Julia Castillo Bozo

22 de julio

Este es un problema con muchos años sobre el tapete,pero los políticos corruptos hacen la vista gorda como dicen los tripulantes.
Mi padre fue marino mercante y tenía amigos que trabajaban en los
buques pesqueros. La primera hecatombe sucedió por los años 60,
cuando la anchoveta casi la extinguieron en el norte de Chile.
Durante los años de la Dictadura fue cuando se inició la depredación de las costas y los mares de nuestro país, con la extracción indiscriminada de marisco y peces ,amparados en convenios y concesiones dadas a pesqueras coreanas ,chinas y
japonesas en los mares australes entre Cabo de Hornos y la Antártica.Se contrataba a un piloto nacional para supervisar la pesca en los lugares indicados, pero estos eran coimeados, y la pesca se hacía al antojo de los pesqueros ,por unos US$ 25.000
dólares. Habría que preguntarle a Longueira o Galilea para saber cuantos pesqueros van a operar en la zona para saber cuantos billetes van a recibir. Esa cantidad se pagaba por los años 80.
Calculen con la UTF y verán el billetito en juego.

David gonzalez alveal

30 de diciembre

A la luz de esta verdad sobre la depravacion que se ha cometido con los recursos del mar en donde es cierto que el sector empresarial se vio muy beneficiado por decadas es que no tuvieron misericordia, si mis ojos veian con espanto lo pequeñito del jurel , aun asi se procesaban en las plantas pesqueras y nada podiamos hacer mas que manifestar pena rabia impotencia pero se procesaba igual imaginense barcos de 2000 toneladas de capacidad en sus bodegas y estas muchas veces llenas de pequeños peces ( jurel ) que esperaban como no se iva a acabar el recurso por cierto que si y ahora lo van a hacer con la sardina anchoa y donde quedaremos los trabajadores industriales sin rumbo alguno y el gobierno no se pronuncia en nada sobre nosotros solo les importa alimentar a los mas ricos los dueños del mar y nosotros las migajas una pena por Dios salven el recurso y respalden alos trabajadores del mar. y dejense de robarnos .

David gonzalez
25 años en la industria pesquera

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