no se han dado señales claras en torno a una estrategia para el reconocimiento jurídico y político de los pueblos indígenas, propuesto en el programa de gobierno de Bachelet. Menos aún se han señalado orientaciones en torno a cómo el gobierno está pensando impulsar el diálogo indispensable para la elaboración de las bases de este reconocimiento.
En efecto, el nombramiento del nuevo director de CONADI tomó casi un mes, inmovilizando a la institución pública encargada por ley de la coordinación de la política indígena. En los dos meses trascurridos no se identifican pasos nítidos para la implementación de una nueva política con un enfoque de derechos, basada en el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos que conciernen a estos pueblos, tal como se señala en el programa de gobierno de la Presidenta. Tampoco hay señas de avances en el cumplimiento de la medida considerada para los primeros cien días de gobierno, cual es la presentación de una propuesta legal para convertir a la CONADI en un Ministerio.
Si bien los anuncios referidos a la no utilización de la legislación antiterrorista para hechos relacionados con la protesta social indígena y a la adecuación de esta legislación a estándares de derechos humanos, son relevantes para abordar los problemas generados con la criminalización indígena hasta ahora existente, ellos no son suficientes para la construcción de una nueva política coherente, la que debe abordar un conjunto de materias fundamentales para estos pueblos. Tales materias incluyen, entre otras, la efectividad de los mecanismos para hacer restitución a los pueblos indígenas de sus tierras de ocupación tradicional, el respeto al derecho a definir sus propias prioridades en materia de desarrollo y el término de la exclusión política de la que son objeto.
En ausencia de una política gubernamental clara, Huenchumilla ha intentado abordar los problemas más críticos en la relación con el pueblo mapuche, al menos en el reducido ámbito geográfico de la Araucanía. Así, ha intentado buscar una solución pronta a los conflictos de tierras más graves y ha dado señalas en torno a los lineamientos que deben orientar a los órganos del Estado en los procesos de consulta con pueblos indígenas frente a medidas administrativas que recaen en proyectos de inversión con impacto ambiental. También ha intervenido en la búsqueda de solución humanitaria a la situación de los presos mapuche que se encuentran en huelga de hambre por ya más de un mes en reclamo por su situación carcelaria y por su procesamiento en contradicción con las garantías del debido proceso. Lamentablemente, en estos esfuerzos no siempre ha encontrado el respaldo que requiere de todos los niveles del Estado.
Es así como en el caso de las legítimas reclamaciones de tierras indígenas se ha enfrentado a una burocracia que no ha permitido dar solución, por ejemplo, a la emblemática reivindicación de tierras de la comunidad de Temucuicui en Ercilla, la que se encuentra priorizada por CONADI. Recordemos que la política de tierras indígenas del Estado, la que ha operado a través de compras de tierras a precios especulativos por el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, ha sido cuestionada no sólo por los pueblos indígenas, sino por instancias internacionales como la propia OIT. Ello, en razón de que no permite la restitución a los pueblos indígenas de tierras de ocupación tradicional, limitándose sólo a las tierras emanadas de títulos otorgados anteriormente por el Estado.
En materia de consulta el Intendente dio una señal relevante la semana pasada en la Comisión de Evaluación de Medio Ambiente de la Araucanía que preside. Ello al rechazar la calificación ambiental del proyecto de central hidroeléctrica Tracura, fundamentando la necesidad de desarrollar la consulta a las comunidades directamente afectadas por esta iniciativa, sobre la base de los estándares de la consulta del Convenio 169 de la OIT. Paradojalmente, dicha calificación ambiental fue aprobada con el voto favorable de varios SEREMI, lo que es demostrativo de una seria descoordinación de la política gubernamental. Cabe señalar también, en relación al derecho de consulta, que un representante del gobierno de Bachelet reconoció en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo pasado, no sin antes defender el cuestionado proceso que llevó adelante la administración de Piñera y que resultó en la aprobación de reglamentos sobre la materia (los Decretos 40 de 2012 y 66 de 2013), la necesidad de revisar dichos reglamentos. Hasta ahora, sin embargo, no hay anuncios sobre cómo y cuándo este proceso será llevado adelante.
Por otro lado, en el plano de las reformas legales, una omisión grave es aquella observable en el proyecto de reforma al sistema electoral binominal presentado al Congreso Nacional por el ejecutivo en abril pasado. Dicho proyecto, aún cuando plantea como objetivos explícitos la representación de las minorías y la conformación de un Congreso que refleje la diversidad del país, y que considera el establecimiento de cuota de candidatos en razón de género, promoviendo con ello una mayor representación de la mujer en el Congreso, cuestión por cierto relevante, no considera mecanismos similares que posibiliten la representación indígena en esta instancia. Más aún, dicha reforma no introduce reformas a la Ley de partidos políticos, la que como sabemos restringe la posibilidad a los sectores minoritarios, como los pueblos indígenas, de conformar partidos políticos y dificulta la presentación de candidatos independientes, limitando con ello las posibilidades de estos pueblos de contar con una representación parlamentaria.
La experiencia de Wallmapuwen, movimiento político mapuche que lleva cinco años tratando de conformarse como partido y contar con representación parlamentaria, sin poder lograrlo hasta ahora dadas las limitaciones de esta Ley, evidencia los problemas de una legislación que el gobierno de Bachelet no ha considerado reformar. No se entiende cómo el gobierno no ha tenido en consideración la variable étnica en esta reforma, toda vez que la exclusión de los pueblos indígenas del Congreso deslegitima para ellos la legislación que se les aplica, por la simple razón de que esta ha sido elaborada sin su participación.
Finalmente, no se han dado señales claras en torno a una estrategia para el reconocimiento jurídico y político de los pueblos indígenas, propuesto en el programa de gobierno de Bachelet. Menos aún se han señalado orientaciones en torno a cómo el gobierno está pensando impulsar el diálogo indispensable para la elaboración de las bases de este reconocimiento. Se trata, a todas luces, de un diálogo urgente que debería desarrollarse desde el primer momento de una administración de gobierno como la actual. Ello no sólo para hacerla viable, en la medida que las disposiciones al diálogo generalmente se van deteriorando con el transcurso del tiempo de un nuevo gobierno, sino a su vez para que pueda resultar en cambios efectivos en un período tan breve como cuatro años. Cabe recordar al respecto que dicho diálogo fue propuesto en marzo pasado por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en la Lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson, como un elemento central para la construcción de una estrategia nacional en materia indígena que permita dar solución a los conflictos de fondo entre el Estado y los pueblos indígenas.
Dicho lo anterior, también debe reconocerse que resulta preocupante la ausencia de cohesión en los pueblos indígenas, al menos en los de peso demográfico más relevante. Ello se manifiesta en la ausencia de coordinación entre sus diferentes organizaciones para definir demandas prioritarias al Estado y en la primacía de las negociaciones y acuerdos sectoriales por sobre aquellas de carácter colectivo en que se aborden temas comunes a un pueblo indígena determinado o a todos ellos en su relación con el Estado chileno. Se manifiesta asimismo en las dificultades para definir sus instituciones representativas en su relación con el Estado. Ello, por cierto, genera un escenario propicio para las políticas clientelistas que hemos conocido en el pasado, que son muy diferentes a aquellas basadas en derechos que postula el programa de Bachelet. Se trata de un desafío no menor que ha sido reconocido también por instancias internacionales, como la Relatoría Especial de la ONU sobre Derechos Indígenas, la que ha subrayado la necesidad de que los pueblos indígenas identifiquen a través de sus propios mecanismos sus instancias representativas para hacer efectivos derechos tan relevantes, como el de consulta frente a medidas administrativas y legislativas que son susceptibles de afectarles directamente.
De no establecerse cambios drásticos y urgentes en las tendencias aquí observadas, podemos predecir un futuro no muy promisorio en las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas bajo esta segunda administración de Bachelet, generándose un escenario propicio para la intensificación del conflicto interétnico verificado en los últimos años.
La pregunta que cabe hacerse entonces es: ¿Qué está esperando el nuevo gobierno para evitar que ello ocurra?
* Por José Aylwin. Co-Director, Observatorio Ciudadana.
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