Si Chile contara con una derecha democrática y republicana, como existe en muchas partes, y con una oposición consiente de los errores que cometió cuando estuvo, al menos una parte de ella, veinte años en el Gobierno, podríamos hacer el inventario de los principales aspectos del grave conflicto político que enfrenta el país y hasta podríamos converger con los actores sociales en la definición de las más relevantes reformas que es necesario impulsar.
Podríamos constatar que es muy grave que el Gobierno cuente con apenas un 26% de aprobación y casi un 60% de rechazo en la población. Que es igualmente grave que el Parlamento tenga solo un 20% de apoyo y se haya ganado la desconfianza de más de dos tercios del país.
Podríamos concordar que la gran mayoría de los chilenos no siente como propia la actual Constitución que nos rige y que, antes bien, la considera ilegítima por su origen y contenido, repudiando el sistema de partidos políticos y la ley electoral binominal que consagra.
Incluso podríamos llegar a comprender, más allá de las legítimas diferencias que en toda democracia existen, que el modelo económico en vigor genera tan brutales desigualdades económicas y sociales, en el ámbito laboral, educacional, de salud, medioambiental, etc., que lo hacen incompatible con los objetivos de la paz social y la estabilidad institucional.
Para terminar entendiendo, por último, que las masivas manifestaciones sociales en curso, de estudiantes, trabajadores y medioambientalistas, no son sino la expresión del divorcio irreductible entre la Constitución y el modelo económico, por un lado, y las aspiraciones de justicia, equidad y participación genuina de la gran mayoría del país, por otro.
Pero no tenemos una derecha con vocación ni tradición republicana y democrática para este diálogo. Tampoco el país ha visto y sentido una sincera autocrítica por parte de quienes fuimos –hablo en primera persona plural- por veinte años gobierno y debimos haber impulsado las reformas que las mayorías reclaman.
Entonces, ¿qué hacer en un país con los estudiantes y trabajadores en las calles bregando por derechos esenciales, apoyados por al menos dos tercios de los ciudadanos según las encuestas, y una dirigencia política que hemos perdido buena parte de nuestra legitimidad?
Devolver la soberanía de las decisiones a su legítimo propietario, es decir, a la ciudadanía a través del PLEBISCITO, puede ser un camino pacífico y democrático que podemos intentar recorrer. Incluso este camino tiene trabas grandes, porque es necesario modificar la actual Constitución para legitimarlo. Pero puede ser esa modificación constitucional, la contribución que esta dirigencia política le haga a Chile, al que tanto le debe.
* Sergio Aguiló es Diputado por el Distrito Nº 37 Talca
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Comentarios
27 de agosto
No es necesario que Chile cuente con lo que listas al comienzo del post como para darse cuenta de todo lo demás…
En relación a todo lo que dices, me gustaría invitarte a que pensaras en las posibilidades que nos podría brindar la existencia de una Cámara Ciudadana Digital…
http://camaraciudadana.cl
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