A días de cumplirse cinco años de aquel fatídico 10 de febrero, fecha de la puesta en marcha del Transantiago (y en la que el pasaje costaba sólo $380 y el de Metro, $420) el ministro de Transportes ha confirmado una nueva alza, esta vez de 20 pesos. Con ello, llega a los $580 la micro y a $660 el metro.
Se trata, como siempre, del decreto emitido por un sacrosanto “comité de expertos”, cuyos cálculos no incluyen vectores sociales y sólo se basa en variaciones vinculadas al precio del petróleo y de los diversos insumos que permiten el funcionamiento del actual sistema de transportes.
Esta nueva alza resulta ser un golpe más duro que los anteriores, por cuanto no sólo viene a confirmar una curva de precios en permanente alza, sino que, además, redunda en un aumento importante en los gastos de las familias trabajadoras, usuarias obligadas del sistema, tendiendo ello a desmejorar la calidad de vida de millones santiaguinos que no pueden optar por otro servicio que los traslade a sus puestos de trabajo, sus lugares de estudio, a la atención médica, etcétera. Y demás está reconocer el desequilibrio social que ello lleva implícito.
Es digna de destacar la arbitrariedad en la imposición de los costos del servicio, ya que el panel de expertos –equipo que no opera sujeto a la administración pública del país, sino que por sobre ella y de manera autónoma- actúa con determinantes y resoluciones que terminan siendo un mandato para un Ejecutivo, quien delega una responsabilidad social, que le es propia, en un conjunto de tecnócratas prácticamente desconocidos, no asumiendo el Estado su misión de velar por los intereses de las mayorías.
Se ha señalado que el alza responde, entre otras cosas, al aumento del valor internacional del petróleo y también a la “evasión” de los usurarios.
Desde el punto de vista del combustible, cada día son más las voces que reclamamos un cambio de matriz energética que mueva las máquinas del transporte de pasajeros. Todo indica que los valores del crudo seguirán en alza, ya sea por la inestabilidad política y social de medio oriente (con guerras mediante) o bien por la escasez que augura su extinción dentro de los próximos cincuenta años. Insistiremos en la urgente necesidad de convertir los motores de los buses a gas natural, cuestión que ayudará a mitigar la contaminación atmosférica en, al menos, un 15% y reducir significativamente la contaminación acústica, dos de las grandes promesas incumplidas por quienes planificaron e implementaron el actual Sistema de Transportes.
Por otro lado, el falaz argumento de la evasión sólo da cuenta de lo lejos que está la autoridad respecto de la realidad que a diario viven los usuarios. La evasión será irreversible mientras continúen las alzas, es más, éstas la potencian, transformando esta situación en un círculo vicioso del cual será imposible escapar en la medida que los aumentos en los cobros continúen.
El Transantiago se financia con fondos públicos y con el aporte de los trabajadores. Sin embargo, visto está que ello sólo ha ayudado a generar más ganancias en los privados que operan el sistema de transporte y que, peor aún, entregan un mal servicio. De esta forma se infiere que Transantiago sólo satisface las necesidades empresariales, en cuanto a utilidades y ganancias, no así las necesidades de los usuarios del servicio. Aún más, el mal diseño, la peor implementación y el mal servicio no han sido causal para caducar contratos, sino todo lo contrario: es notable el esfuerzo estatal por pagar, incluso con dineros de regiones, las suculentas sumas que han impuesto las trasnacionales del transporte como pagos mínimos para funcionar.
A lo anterior debemos sumar las modificaciones que el gobierno ha realizado a los contratos con las empresas del transporte capitalino. Las medidas no son sino un peligroso retroceso a las llamadas “micros amarillas”, por cuanto se repone el pago a los choferes de acuerdo a los pasajeros trasladados; la fusión de recorridos supone la extensión de los mismos, ergo, mayores distancias recorridas por un mismo conductor; la eliminación de las zonas exclusivas de concesión empuja a la tenaz competencia por cada pasajero; entre otros desaguisados.
A toda vista la problemática del transporte no se queda sólo en esta brutal alza en el pasaje. El colapso del sistema de transportes irá de la mano con el colapso de las calles de la capital a causa del incontenible aumento del parque de automóviles. Sin embargo, el colapso mayor será la ira de los usuarios, quienes, una vez concluidas sus vacaciones, den cuenta que su tarjeta “bip” tiene menos vida y la organización de los perjudicados haga detonar la rabia en las calles.
* Sergio Sepúlveda S., Encargado Nacional de Pobladores, Partido Comunista de Chile
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Foto: Matías Asún
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