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Entre VIH y Sida, una diferencia mortal

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Según la ONUSIDA, del total de casos de VIH o SIDA, el 56% de los casos fueron notificados en etapa VIH y el 44% en etapa SIDA. Cifras bastante alarmantes, ya que un porcentaje importante de la población conoce su diagnóstico viviendo una fase “dificultosa” para el tratamiento y cuidado, debido a una supresión de la actividad inmunológica y en algunos casos, sumado a la inmunosupresión, la expresión de enfermedades conocidas como “oportunistas”, donde las más frecuentes son la Candidiasis, los cánceres asociados al VPH (Virus de Papiloma Humano), la TBC (Tuberculosos), Neumonía, entre otras.


La ley 19.779 resguarda los derechos de las personas, respecto a la prevención, diagnóstico, control y tratamiento del VIH/SIDA, asimismo intenta garantizar el libre e igualitario ejercicio de los derechos de las personas que viven con VIH, impidiendo las discriminaciones para su acceso a educación, trabajo y salud (MINSAL).

Para que estas últimas enfermedades se expresen, el virus ya debe estar varios años en el cuerpo de la persona más otras variables que van con su calidad de vida, alimentación etc. Un periodo de años de desconocimiento del diagnóstico, significa que la persona puede haber trasmitido el virus a otras u otros  con las cuales ha tenido relaciones sexuales sin protección. Acá es donde las categorizaciones médicas hablan de las etapas A, B y C de lo que implica vivir con el virus de VIH. Donde la persona que permanece “asintomática” se categoriza como etapa A.

Cuando la carga viral aumenta y los linfocitos CD4 disminuyen, rompiéndose el equilibrio de la etapa anterior, existe la aparición de diversas infecciones y tumores (Etapas B y C). La etapa C se define, desde el punto de vista clínico, el diagnóstico de SIDA. Esta visión biomédica de lo que implica el vivir con VIH/SIDA jamás integra el dominio psicosocial de las personas, olvidando que las intervenciones en el bienestar parten desde antes que la consejería estipulada por ley. De las repercusiones a nivel biológico, pero sin dejar de lado las repercusiones en salud mental y bienestar.

Los y las  recién notificadas traen una carga afectiva más compleja no solo el diagnóstico VIH(+). Depresiones, trastornos ansiosos y distintos síntomas tanto a nivel personal como relacional que entorpecen y distorsionan las percepciones frente a cómo afrontar lo que conlleva el vivir con el virus, sumado al desconocimiento de que existe la ley 19.779 que regulariza el quehacer tanto de la persona diagnosticada con VIH como a profesionales y organismos que deben encargarse de resguardar la salud.

La ley anteriormente mencionada, resguarda los derechos de las personas, respecto a la prevención, diagnóstico, control y tratamiento del VIH/SIDA, asimismo intenta garantizar el libre e igualitario ejercicio de los derechos de las personas que viven con VIH, impidiendo las discriminaciones para su acceso a educación, trabajo y salud (MINSAL).

Seguido de lo anterior, es importante aclarar que el examen de VIH es posible realizarlo tanto en el sistema público como privado de salud, siendo completamente gratuito en el primero. Por último otra cosa  más preocupante, es que no existen profesionales de la salud que conozcan la realidad de la población LGTBI en torno a esta temática, que a veces culmina en malas intervenciones frente a una demanda psicosocial y no tan solo biomédica. Lo anterior da cuenta de una paupérrima atención a las personas que viven con el VIH o que se encuentran en etapa SIDA.

Por Javier Nuñez Tapia

Psicólogo

 

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